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En el Perú existen cerca de 68 centros penitenciarios a nivel nacional que albergan a más de 90.000 personas en condición de prisión. ¿En qué condiciones se encuentran las cárceles? ¿Cómo podemos solucionar el problema del hacinamiento, que es probablemente el más álgido? ¿Hay alguna manera de encontrar los desafíos del sistema penitenciario? Hoy analizamos el tema, siempre pensando en el Perú. [Música]
Había un famoso filósofo francés, Miguel Foucault; él empezó a hablar de que era necesario generar control social, seguridad social, a través de un recinto especial que llamó cárcel. Eventualmente escribió “Castigar y Vigilar”, y evidentemente para eso servían las cárceles. Pero actualmente, muchas veces esa función no se está cumpliendo, y en verdad la cárcel se convierte en un lugar en donde se complica más el tema de la seguridad y jamás se logra resocializar a quien entra en prisión. Vamos a hablar de este tema hoy, y para eso hemos convocado a cuatro personas que nos van a dar la visión nacional de este asunto. Así que vamos a empezar. Tenemos con nosotros al señor Javier Llaque Moya, él es presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE; también está con nosotros Yelin Espinoza, politóloga experta en el tema; nos visita también Álex Guerrero, exfiscal provincial penal del Callao; y finalmente Percy Castillo, adjunto para derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. Muy bien, antes de empezar el debate, vamos a empezar a ver una contextualización vía un video, así que adelante con eso. [Música]
Cárcel, prisión, penal, reclusorio, penitenciario, o como muchos internos lo llaman: la gran pena. Espacios que, ante el incremento de la inseguridad ciudadana, hoy volteamos a ver, pues nos preguntamos cómo están y si están cumpliendo su propósito. En el Perú hay 68 penales, de los cuales 29 son mixtos, o sea, tienen pabellones de hombres y otros de mujeres. Además, hay 14 que son solo de mujeres y 25 que son solo de hombres. ¿Por qué hay tantos de hombres? Simple: en nuestra sociedad, los hombres delinquen más que las mujeres. Por eso hay más de 85.000 presos y apenas 5.000 reas. En total, en la actualidad tenemos a 90.000 personas privadas de su libertad. Para hacerse una idea, imagínense el Estadio Nacional repleto; ahí caben más de 40.000 personas. Entonces, la cantidad de presos en el Perú es como ver dos estadios nacionales completamente llenos. ¿Quién administra toda esta sobrepoblación? Nuestro sistema penitenciario está estructurado y administrado por la institución conocida como INPE, que es el Instituto Nacional Penitenciario, administrada en su totalidad por el Estado. Todo esto está dentro del presupuesto y máxima responsabilidad del Ministerio de Justicia.
Ahora, para entender el tipo de población penitenciaria, veamos las principales razones de por qué purgan condena. De los 90.000 presos, más de 22.000 están por robo agravado; más de 10.000 por violación sexual de menores de edad; y cerca de 7.000 están por tráfico ilícito de drogas. Estos son los principales delitos. Además, a estos lugares hay que sumarles los trabajadores del INPE, que entre los administrativos y los de seguridad son más de 11.000; o sea, un efectivo por cada nueve internos, mientras que las recomendaciones internacionales son de uno por cada cuatro o cinco presos. Pero no solo hablemos de infraestructura o hacinamiento. Pues el quehacer del día a día y el trabajar lo emocional y lo mental es lo que debe primar. Y es que nuestra Constitución Política, y el artículo 139 inciso 22, precisa que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad; o sea, en simple, que quien sale de la cárcel sea una mejor persona. ¿Esto último se está cumpliendo? Los talleres y los profesionales a cargo alcanzan… ¿Qué es lo que falta para poder tener penales que sirvan para una reclusión digna y para la reinserción social? Un problema de décadas que no se puede responder con un simple reportaje, pero se sabe que la solución pasa por la capacidad de gestionar de los funcionarios, por el presupuesto asignado y por la mejora en el aspecto psicológico, social y educativo. Solo así la reinserción será tangible, alejándolos de la delincuencia. [Música]
Muy bien. Vamos a empezar. Como decía Foucault, hablaba de vigilar y castigar, pero parece que ahora ni vigilando podemos castigar. ¿Qué opinas, Yelin? ¿Cómo está la situación de las cárceles según lo que hemos visto, según la política nacional penitenciaria al 2030? Actualmente, las cárceles no cuentan con las condiciones para garantizar que la población penal tenga una reinserción social adecuada. Y para entender esto, analicemos tres aspectos: lo primero, lo que nos trae acá, el hacinamiento. Vemos que de las 68 cárceles que tenemos distribuidas a nivel nacional, 49 están asignadas, pero a la vez, cuando vemos la cantidad de población que tiene, es decir, cómo están distribuidas, vemos que los espacios en los que ellos, digamos, actualmente viven, no cumplen con ningún tipo de condiciones. Eso nos lleva al punto número dos: ¿cuáles son los servicios que estas cárceles están brindando según esta misma política? Bueno, que fue pues publicada por el Ministerio de Justicia, encontramos que las cárceles actualmente, en términos de salud, no cumplen con las condiciones para, por ejemplo, brindar una atención especializada a cierto tipo de enfermedades, de salud mental, enfermedades como el VIH, como la tuberculosis. De hecho, analizando la data, encontramos que en las cárceles la probabilidad de morir por tuberculosis o VIH es 36 veces superior a lo que sería, digamos, a nivel nacional. También vemos que los servicios de alimentación son bastante precarios. En una encuesta que el propio INPE hace, determina que el 60% de su población penal cree que la comida que les reparten es muy mala o mala. Y eso sin contar, por ejemplo, que también tenemos un problema de que los recursos no son correctamente distribuidos. Pasamos ya al nivel de cómo están, cómo se le está atendiendo a la población vulnerable. Tenemos en las cárceles a mujeres con niños, personas discapacitadas, ancianos. Entonces, también hay un problema ahí para darle una correcta atención a los migrantes, por ejemplo. Entonces, con eso se van exacerbando las, digamos, las que estas comunidades ya tienen. Y ya cuando hablamos como el último aspecto, que es el término de seguridad, también tenemos ahí… si bien hay que conocer que eso se ha reducido abismalmente, porque recordemos que hace algunos años, en términos de violencia, veíamos constantemente el tema de las reyertas, los motines. Ahora ya no vemos perfecto ese tipo de aspectos. Nos has hecho una, así como se diría, una visión panorámica, como diría Foucault, el panóptico de la cárcel peruana. ¿Qué podemos decir al respecto, señor Llaque?
En primer lugar, sobre el comentario inicial y lo del pequeño video que hemos visto… ¿Será posible reinsertar? Sí, yo tengo un mensaje claro y contundente, y ahora aprovecho esta oportunidad: debemos romper el mito y la leyenda de que en las cárceles es la escuela del delito. Eso era hace 20 o 30 años, y que en las cárceles está llena de personas que ingresan y salen. ¿Por qué lo tenemos con estadísticas, con nombre, apellido y DNI, para que no se dude de nuestras cifras? ¿Qué significa? Que de cada cien internos, el 74%, 74 de ellos son primarios, por primera vez ingresan a un penal. El 26%, el 26% tienen dos o más ingresos. ¿Qué implica ello? Que ese pequeño grupo, o la cuarta parte, son los reincidentes. Entonces, desde hace años en el sistema, nuestro nivel de reincidencia es veintiséis por ciento. ¿Se reinsertan bien? Sí, pero hay un pequeño segmento que vuelve. La política tiene que implementarse para reducir ese pequeño segmento. Y lo otro: ¿escuelas del delito? Falso. De los 90.000 privados de libertad que tenemos, 26.000 trabajan, más 15.000 estudian, y estudian primaria y secundaria. El ciudadano no puede creer esto. Yo debo informar que 700 profesores, 200 de limpieza y 500 del Ministerio de Educación ingresan a los penales todos los días a brindar clases y salen al terminarlas. ¿Por qué? Porque de cada diez privados de libertad, seis no han acabado secundaria. Está demostrado en el último censo penitenciario. Si seis no terminaron secundaria, es un factor de riesgo. El INPE está abocado a atacar ese factor de riesgo que puede llevar a ser privado de libertad, y por eso tenemos educación primaria, secundaria, educación técnica, y acaban de aprobar una ley para incentivar los estudios universitarios en cárceles, y los vamos a implementar. Claro, después, esta visión que parece tan fantástica también tiene que ser un poco autocrítica. No sé quién quiere disentir de lo que nos está contando acá el señor Llaque, porque claro, uno escucha eso y dice: las cárceles son… ¡Wow!, se parecen a las de Noruega, en donde entra el preso y nunca quiere salir. No, porque 25.000 trabajan, 15.000 estudian, pero más de la mitad están ociosos. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad. Las cárceles no fueron construidas para que trabajen o estudien. Si tuviéramos capacidad, más estudiarían, más trabajarían, y ese veintiséis por ciento bajaría. Y solo para agregar: ah, de los que trabajan y estudian, ya estamos monitoreando por primera vez este año cuáles son los resultados. Es el mismo porcentaje de reincidencia: 26%. Todavía no tengo las cifras totales, pero ya nos está reflejando que sería entre el cuatro y cinco por ciento de reincidencia de los que trabajaron o estudiaron. Próximamente, cuando terminemos el estudio, lo vamos a hacer público.
Claro, la Defensoría del Pueblo, desde su creación, tiene como línea prioritaria la atención de los privados de libertad. Supervisamos justamente que el Estado cumpla el rol que le toca con esta población que se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad. La sola privación de libertad lo es. El defensor del pueblo, doctor José Gutiérrez, ha visitado cárceles, porque renueva el compromiso que tiene la defensoría con estar siempre presente en el sistema penitenciario. Compartimos el diagnóstico señalado por el presidente del INPE. Hay que ser muy claros: es muy injusto decir que en las cárceles no se hace nada. Hay personas que trabajan día a día y que estudian y se esfuerzan por justamente rehabilitarse, y esto hay que reconocerlo, hombres y mujeres. Y a nosotros, en particular, como Defensoría, trabajamos lo que son los grupos vulnerables, como bien anotadas las mujeres, que son pocas y, como tal, tienen problemas. Los penales no fueron diseñados para mujeres, se tuvieron que adaptar a ellas, ¿no?, y hay mujeres que tienen a sus hijos en cárceles. Hay más de cien niños que viven con sus mamás en cárceles, que es una preocupación particular del defensor: justamente la atención que el Estado le debe a esos niños. Y así como hay mujeres, y así como hay mujeres con hijos en cárceles, también hay personas con discapacidad. Imaginen una cárcel que es construida en modo estándar, donde no hay rampas, donde hay camarotes, donde justamente el INPE tiene que ubicarlos y hacer lo mejor que se pueda para que este interno discapacitado o adulto mayor no sufra todavía más lo que implica la privación de libertad. Y se requiere, sin lugar a dudas, un trabajo muy importante en lo que es el combate de la corrupción, no de lo que implica la labor penitenciaria, justamente como lo hace el INPE: promover dentro de su personal una ética importante y el compromiso justamente de no coludirse jamás con los que han cometido delito.
No, ahora, Álex, hemos visto más o menos cuáles son los delitos por los cuales alguien termina en prisión. Al respecto, ¿qué podríamos decir? ¿Alguno de estos delitos podrían manejarse de otra manera, de modo tal que no termine yendo al derecho? Se dice que la última ratio, o sea, como de la última solución, es la cárcel. ¿Hay soluciones intermedias? El derecho penal, de acuerdo con la doctrina, y no solamente nacional sino extranjera… Efectivamente, es de última ratio, Maite. Pero esto no significa que tengamos la solución, digamos, en una enorme, en una ley. No, lo que ha dicho el señor presidente del INPE, sumamente interesante en cuanto a sus estadísticas, ¿no?, pero seguimos teniendo problema de hacinamiento. En el reportaje que acabas de pasar, el hacinamiento está… entonces, ¿qué hacer frente a esto? ¿Cuál es la solución que le debemos dar? Permítame hacer un poquito de docencia, y si mis invitados, tus invitados también me lo permiten… Fíjate, el derecho penal se ha convertido en un instrumento, no de ahora, sino hace mucho tiempo atrás, un instrumento con el que se aumenten penas o se creen nuevas figuras delictivas, es la solución para la delincuencia. No lo veo así, mi opinión es totalmente distinta ahí. Y ahí cuando te decía: si me permite hacer un poquito de docencia, tengo que hablar sobre la teoría de la pena. La teoría de la pena habla de un tema de prevención: prevención general, prevención especial, correcto, y más sobre todo una prevención… una pena absoluta, retributiva, especial; una pena que va dirigida justamente al infractor del derecho penal. La Constitución es clara, o sea, dice que a cargo del Estado, en este caso Ministerio de Justicia, INPE, la reinserción, la reeducación del penado a la sociedad. Ese es una labor y una tarea que realiza el INPE. Entonces, desde acá, si esa labor lo está haciendo el INPE de reinsertar a esta persona ya condenada, ya condenada y que no vuelva a delinquir, es un éxito total rotundo. Pero si esta persona vuelve a delinquir, se le llama el habitual o el reincidente, también correcto. Pero retrocedo un poquito al tema de la prevención de la pena, por eso decía hace un momento que la prevención es muy interesante, porque la pena no está hecho solamente para sancionar, castigar, no, sino para que el que está al costado diga: mira lo que le pasa si tú cometes delito, ah, mira lo que pasa si tú cometes delito, entonces no lo hagas, no lo hagas, porque si tú cometes delito va a ser un penal, va a ser una cárcel, tu vida va a cambiar, tu familia se va simplemente a destruir, y tú vas a estar muchos años purgando una pena privativa de libertad en las condiciones carcelarias que hoy todos conocemos, no, que ya se ha mencionado y que ya es de conocimiento no solamente nacional sino internacional, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos está muy preocupada por la situación de las cárceles en el Perú. No es de ahora, sino que le ha dado cinco años al Perú para que cambien la realidad penitenciaria que tenemos. Y eso es de conocimiento de la Defensoría del Pueblo, es de conocimiento del, en este caso, del Ministerio de Justicia, el INPE, ¿no? Y en realidad, ¿cuánto se ha hecho hasta ahora? Y han pasado tres años de esta sentencia, inclusive una sentencia de Tribunal Constitucional. ¿Cuánto se ha hecho a hoy para cambiar esa realidad penitenciaria? Ojo, y con esto… permíteme, Maite, el COVID… muchas personas han muerto en el penal porque se contagiaron de COVID y no tuvieron los mecanismos legales como para que puedan salvar su vida. Con eso nos vamos a quedar. Muy interesante. Álex, has hecho un diagnóstico y además nos has dado un dato importante: hay dos años para mejorar esta situación. Con eso vamos a volver. Esto es Pensando en el Perú. [Música]