HISTORIA COMPLETA DE ESPAÑA: de la Prehistoria a la actualidad | Recopilación EBAU 🇪🇸

Un vídeo de más de 3 horas sobre la historia de España. Pero, pero, ¿estás loco, tío? Bueno, espera que te lo explico. Y es que desde las pinturas de Altamira hasta la pandemia de COVID-19, España ha vivido imperios, guerras, revoluciones y reinvenciones constantes en su propia idea de España. ¿Quieres entender cómo hemos llegado hasta aquí, desde aquellos primeros pobladores que dijeron: "Oye, este sitio mola, pues me lo quedo", hasta el día de hoy? Pues en este largo, largo vídeo, ten un poco de paciencia, eh. Te cuento la historia de España, tanto si estás preparando el examen de historia de la EBAU como si lo que quieres es aprender sobre la historia completa de nuestro país. Y sí, completa, con más de tres horas. Así que coge tus apuntes o tus palomitas y prepárate para este largo viaje. ¡Adelante!

Toda historia comienza por el principio. ¿Por dónde va a comenzar si no? El problema de nuestra historia es que de los comienzos sabemos muy poco y tenemos que andar en plan detectives para averiguarlo. Los detectives de la historia son, por ejemplo, arqueólogos, paleontólogos y prehistoriadores.

Ellos van, miran los huesos, los primeros restos fósiles hallados en la Península Ibérica nos hablan de que el primer poblamiento peninsular se remonta a casi un millón de años atrás. Es el caso de los restos del Homo antecessor, hallados, por ejemplo, en Atapuerca. El antecessor, cuyo nombre significa explorador, era una especie homínida de origen africano, antepasado común del Sapiens y del Neandertal.

Estos primeros pobladores eran depredadores, es decir, no producían alimentos y su supervivencia se basaba en la caza, la pesca y la recolección de frutos. Practicaban el nomadismo y se desplazaban siguiendo los rebaños de animales o cuando las condiciones climáticas les resultaban muy desfavorables. Asimismo, presentaban una organización social colectiva y vivían en pequeños grupos o bandas, pero sin casi una división del trabajo o especialización social. Todo ello ocurrió en el llamado Paleolítico, la etapa más larga de la prehistoria, que dividimos a su vez en Paleolítico inferior, medio y superior, según el uso de herramientas en piedra. Los principales yacimientos paleolíticos en la Península Ibérica son los que tienes aquí detrás en el mapa.

El Homo sapiens llegó a la Península Ibérica hace unos 40.000 años, o eso creemos, proveniente de África y a través de dos grandes puertas de entrada: Gibraltar y el centro europeo. Este Homo sapiens era prácticamente igual a nosotros y entró en contacto con el Neandertal, que por aquel entonces vivía en la Península Ibérica, ya en retirada, es decir, a punto de extinguirse. Los Sapiens eran nómadas, aunque cada vez más permanecían un tiempo más largo en asentamientos y comenzó, además, a dejarnos vestigios artísticos a través de las primeras manifestaciones de arte rupestre, concentradas la mayoría en las cuevas de la zona cantábrica, como Altamira, con un arte figurativo en el que destacamos la representación de animales.

Entre el 8000 y el 5000 a.C. nos encontramos con una etapa de transición, el Mesolítico, caracterizada por los primeros indicios de sedentarización, el uso de microlitos y las primeras muestras de jerarquización social. Surgió en este momento el arte de la llamada escuela levantina, con pinturas al aire libre que representaban escenas de carácter narrativo: cacerías, danzas, rituales, etcétera, destacando la proliferación de las figuras humanas.

En torno al 5000 a.C. surgieron las primeras comunidades neolíticas, sobre todo en la zona levantina, como puedes ver en este mapa, debido al contacto con culturas provenientes de Oriente. Nos encontramos, por tanto, con la llamada Revolución Neolítica, caracterizada por extraordinarios cambios sociales y económicos ocurridos en apenas un milenio. Pasamos de una economía depredadora a una economía productora con la aparición de la agricultura y la ganadería, lo que propició, por tanto, el sedentarismo con las primeras comunidades estables, es decir, poblados en los que se desarrolló, además, la cerámica y los tejidos, la cestería o la producción de piedra pulimentada.

Todo, todo ello propició un extraordinario incremento de la población y la aparición de la especialización del trabajo, cuya consecuencia final fue el surgimiento de una mayor jerarquía social, es decir, individuos más ricos y otros más pobres, los primeros acumulando poder y riqueza.

A partir del 3000 a.C. surgen los indicios del uso del cobre, una nueva tecnología con la que da comienzo el llamado periodo Calcolítico y también la Edad de los Metales. La Península Ibérica era precisamente rica en metal y por todo ello fue un núcleo de atracción del mundo mediterráneo. Los inicios de la metalurgia se relacionan, asimismo, con el megalitismo, es decir, con las grandes construcciones en piedra, de las cuales quedan vestigios, por ejemplo, en Extremadura o Andalucía.

Por aquel entonces, ya no nos encontramos con las primeras culturas autóctonas de la Península con características pre-ibéricas y con un manejo total de la agricultura. Serán, por ejemplo, la cultura de Los Millares en Almería, la del Vaso Campaniforme, con una gran abundancia de cerámica extendida por toda Europa, lo que ya nos habla de contactos comerciales externos, y por último, también nos encontramos con la cultura de El Argar, también en Almería, con poblados amurallados y una sociedad claramente jerarquizada.

A partir del segundo milenio a.C. encontramos vestigios de grandes cambios en la Península Ibérica debido a los primeros contactos con pueblos mediterráneos y centroeuropeos que llegaron a la Península empujados sobre todo por el comercio del metal. Los primeros fueron los pueblos indoeuropeos que llegaron a través de los Pirineos procedentes de Europa. Eran pueblos con un mismo sustrato lingüístico que conocían el hierro y la agricultura y que incineraban a sus muertos en urnas enterradas, lo que da nombre, por tanto, a su cultura, la llamada de Campos de Urnas.

Asimismo, la Península Ibérica fue objeto de una intensa colonización mediterránea de pueblos atraídos por sus riquezas minerales. Primero fueron los fenicios y sus primeras colonias, en las que podemos destacar, por ejemplo, Gadir, es decir, la actual Cádiz. Luego los griegos, que hacia el siglo VIII a.C. establecieron puntos de importancia comercial, sobre todo en la zona levantina. Y por último, los cartagineses, que continuaron con la colonización iniciada por los fenicios para expandir su imperio mediterráneo.

Estos contactos favorecieron el desarrollo de la agricultura con la difusión, por ejemplo, del arado o de nuevos cultivos como la vid y el olivo, o también el desarrollo de la metalurgia del hierro en la Península. Los primeros historiadores griegos hablaban también de que en el sur occidental de la Península Ibérica existía una cultura, la de Tartessos, en la que nos encontramos, tal vez, con la primera organización estatal de la Península Ibérica. La civilización tartésica se desarrolló entre el 1000 y el 500 a.C. con una fuerte influencia fenicia, gracias a la cercanía de sus colonias. Sabemos que los tartesios trabajaban el metal, fabricaban grandes joyas y productos de lujo y conocían la escritura. También sabemos que su sociedad estaba dominada por una aristocracia guerrera, a cuya cabeza se encontraba reyes como, por ejemplo, el rey mitológico Argantonio.

Finalmente, a partir del siglo VI a.C. y sin que sepamos muy bien por qué, de Tartessos aún sabemos muy poco, los tartesios desaparecieron, tal vez por el agotamiento de sus minas o por la dominación cartaginesa.

A partir de la segunda mitad del primer milenio a.C. nos encontramos ya, por tanto, tras la desaparición de Tartessos, con las tres grandes culturas prerromanas definidas en la Península Ibérica: los celtas, los íberos y los celtíberos, originada esta última debido al contacto entre las dos primeras. Los celtas derivaban de la cultura de Campos de Urnas, practicaban la agricultura y la ganadería, así como la explotación minera, y se dividían en tribus comandadas por una aristocracia guerrera. Los íberos, por su parte, habitaban en poblados amurallados, su economía era básicamente agrícola y minera, desarrollaron también un fuerte comercio con los pueblos colonizadores y se dividían a su vez en tribus comandadas por caudillos militares. Sí que sabemos de los pueblos íberos que tenían creencias religiosas complejas, aunque conocemos muy poco de ellas. Tenían, por ejemplo, un amplio panteón de dioses y practicaban complejos rituales en los que seguramente usaban representaciones escultóricas como la Dama de Baza o la Dama de Elche, tan famosas ambas, que serían utilizadas como ofrendas o exvotos.

Estos pueblos, celtas, íberos y celtíberos, fueron aquellos que se enfrentaron a los romanos y, anteriormente, a los cartagineses en la conquista romana de la Península Ibérica.

Los romanos desembarcaron en la Península Ibérica en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, en la que se enfrentaron a Cartago y a su gran general Aníbal, que por aquel entonces dominaban el sur y el sudeste de la Península Ibérica, donde fundaron, por ejemplo, Carthago Nova, es decir, Cartagena. En el 218 a.C., los romanos desembarcaron en Ampurias, comandados por los hermanos Escipión, dando comienzo con ello a la primera etapa de la conquista romana de la Península, culminada en el 206 con la expulsión cartaginesa, lo que llevó a la dominación romana del Levante y del actual Andalucía.

Entre el 197 y el 133 a.C., los romanos conquistaron el interior peninsular con la rebelión de los lusitanos, comandados por Viriato, y el largo asedio de Numancia como episodios relevantes. Esta etapa culminó con la conquista, además, de las Islas Baleares. Por último, entre el 29 y el 19 a.C., el emperador Augusto terminó la conquista romana de la Península Ibérica con las guerras contra cántabros, galaicos y astures.

A la conquista romana le siguió un intenso esfuerzo de Roma por convertir a la Península Ibérica en parte de su imperio. Por ello, organizaron en la Península dos provincias romanas: Hispania Citerior e Hispania Ulterior, que en tiempos de Augusto se dividieron en tres y, en torno al siglo V d.C., en cinco, como veis en el mapa. A estas provincias, que en conjunto podemos llamar Hispania, los romanos llevaron su organización social y política, su lengua, el latín, sus leyes, con el llamado Derecho Romano, y sus creencias religiosas, primero politeístas y luego cristianas. Todo ello en el proceso llamado de romanización. Ello hizo de Hispania una provincia de pleno derecho romano, en la que nacieron emperadores, filósofos y literatos, y en la que se construyeron grandes ciudades a imagen de Roma, desarrolladas a partir de dos calles principales, Cardo y Decumano, y en cuya intersección encontramos el foro.

La sociedad de Hispania, de la misma forma, reproducía las características de la romana, con la existencia de una nobleza que ostentaba los privilegios, de una parte de la sociedad libre, estructurada según la riqueza, ya sabéis: artesanos, campesinos, comerciantes, y, por último, de esclavos y libertos, la capa más baja de la sociedad en Hispania. Los romanos explotaron intensamente las minas, desarrollaron una importante actividad agrícola y ganadera con la explotación del trigo, la vid y el olivo, y llevaron a cabo la actividad pesquera y de salazón en el litoral. Toda esa tierra era propiedad del Estado Romano, que la repartía entre colonos o soldados licenciados, aunque poco a poco la nobleza fue adquiriendo grandes latifundios que administraban desde las villas. De esta misma forma, destaca la actividad artesanal y comercial, para lo cual los romanos desarrollaron una amplia red de calzadas que conectaban las grandes ciudades y que, como bien dice el dicho, todas conducían a Roma.

A partir del siglo III d.C., todo este Imperio Romano entró en crisis debido a diversos factores. Primero, podemos destacar el fin de las conquistas militares, lo que redujo los ingresos del Estado. Ello, junto a la concesión de la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, llevó a un deterioro paulatino de la economía y al enriquecimiento cada vez más acusado de los grandes nobles, lo que empobreció a los pequeños propietarios. Ello llevó a una crisis social que despobló las ciudades y llevó a dificultades al gobierno de Roma, que cada vez era más dictatorial ante las revueltas en las provincias, como, por ejemplo, Hispania.

Paralelo a ello, los romanos intentaron tomar el control del cristianismo, la religión que se estaba expandiendo por todo el Imperio, cuyo liderazgo se situó en Roma y que emperadores como Constantino y Teodosio terminaron de convertir en la religión oficial mediante el Edicto de Tesalónica en el 380 d.C. El cristianismo tuvo amplio apoyo en Hispania y la Iglesia hispana terminó convirtiéndose en una institución sólidamente implantada.

Los visigodos, pueblos venidos de Germania, a partir del siglo V se asentaron en Hispania debido a los acuerdos con Roma para expulsar a diversos pueblos bárbaros como vándalos, suevos o alanos, y para cuando la estructura de poder romano se desmoronó definitivamente, tomaron el control de Hispania, fundando el Reino Visigodo de Tolosa, que a comienzos del siglo VI derivó en el Reino Visigodo de Toledo, tras la batalla de Vouillé, en la que los visigodos fueron expulsados de la Galia por los francos.

La monarquía visigoda construyó su poder unificando la Península Ibérica territorial, política, religiosa y jurídicamente, gracias a la labor de reyes como Leovigildo o Recaredo. Esta monarquía visigoda se basaba en la tradición de elección romana, aunque luego se transformó en una monarquía tradicional hereditaria, como conoceréis seguro, y se apoyaba en una serie de instituciones como el Aula Regia para impartir justicia y los Concilios, como los de Toledo, asambleas con carácter político y religioso. El Reino Visigodo se convirtió al cristianismo católico, practicado mayoritariamente por los hispanorromanos, en el Tercer Concilio de Toledo, abandonando para ello el cristianismo arriano, propio de los germanos. Su economía era fundamentalmente agrícola y ganadera y en ella ya podemos ver los primeros indicios del feudalismo, con campesinos viviendo bajo el amparo de un señor. Todo ello lo verás en temas próximos. Ello se debe al proceso de ruralización que se inició al final del dominio romano. La sociedad, por tanto, presentaba notables desigualdades, con una gran clase nobiliaria dominante que en muchas ocasiones rivalizó y se disputó el trono, lo que favoreció el posterior hundimiento de la monarquía visigoda ante la llegada de los pueblos musulmanes.

Los musulmanes llegaron a la Península a comienzos del siglo VIII, pero antes tenemos que estudiar su religión, el Islam. El Islam se trata de una religión monoteísta que surgió en la Península Arábiga, fundada por Mahoma, el profeta de Alá. Mahoma predicó en La Meca, aunque tuvo que huir a Medina, dando así comienzo al Islam con la Hégira en el año 622. Los primeros califas estuvieron emparentados con Mahoma, aunque más tarde tomaron el control del imperio musulmán la familia Omeya, trasladando su capital a Damasco.

La ocupación del territorio de la Península Ibérica por parte de los musulmanes fue facilitada por los visigodos, tras la muerte de Witiza, donde los pretendientes al trono visigodo ayudaron al caudillo musulmán del norte de África, Musa ibn Nusayr, en su expansión, con la idea de derrotar a Rodrigo, quien se había proclamado rey de los visigodos. Como veis, todo fue un tremendo lío que benefició a los musulmanes.

Recordemos que a comienzos del siglo VIII nos encontramos en la Península con el Reino Visigodo, como hemos visto, un gigante con pies de barro, hundido en conflictos dinásticos entre familias de poder como Rodrigo y Witiza. En el año 711 se produjo la Batalla de Guadalete, en la cual los musulmanes, comandados por Tariq, derrotaron a Don Rodrigo, quien murió en combate. Algunos años después, el Reino Visigodo se desmoronaba ante el avance de las tropas musulmanas de Musa, con quien buena parte de la nobleza visigoda pactó la sumisión y el pago de tributos a cambio del mantenimiento de sus propiedades.

Una vez los musulmanes asentaron su influencia y su poder en la Península Ibérica, fundaron en ella Al-Ándalus, es decir, un reino musulmán. Podemos dividir la historia de Al-Ándalus en cuatro grandes periodos. El primero de ellos fue el Emirato Dependiente, que transcurrió entre los años 711 y 756 y que dependía del Califato Omeya de Damasco, con la capital situada en Córdoba.

En el año 750, los Abasíes derrotaron a los Omeyas en Bagdad, por tanto, cambiaron la dinastía del mundo musulmán. Pero Abd al-Rahman I, de la familia de los Omeyas, logró escapar a Al-Ándalus y dio comienzo con ello al periodo llamado Emirato Independiente, un emirato Omeya dentro de un mundo musulmán que había comenzado a ser dominado por los Abasíes.

En el año 929, Abd al-Rahman III fundó el Califato de Córdoba, dando pie a una nueva etapa andalusí, la considerada como la de mayor prosperidad. No obstante, se produjeron ciertos conflictos internos que debilitaron el poder de los musulmanes hasta la muerte del caudillo Almanzor, el cual, debido a sus campañas militares, mantuvo a raya a los reinos cristianos. La muerte de Almanzor y la inestabilidad en el califato propició su desaparición en el año 1031.

¿Qué ocurrió, por tanto, en Al-Ándalus? En las antiguas provincias musulmanas, los gobernantes adquirieron cierta autonomía, lo que dio lugar a las llamadas Primeras Taifas, reinos independientes unos de otros. Algunos de estos reinos se vieron obligados a transformarse en reinos de taifas de reinos cristianos, pagándoles un tributo a cambio de su territorio y su supervivencia. El año 1085, el rey leonés Alfonso VI, que veremos más adelante, conquistó la Taifa de Toledo, lo que propició la intervención de una tribu musulmana venida de África, los llamados Almorávides. A partir de este momento, dio comienzo el periodo Almorávide de Al-Ándalus, donde se disputaron batallas como, por ejemplo, la Batalla de Sagrajas, que en 1086 derrotaron a Alfonso VI.

La intervención en la Península de otra tribu dio comienzo, además, a otro periodo llamado periodo Almohade, entre el 1195 y el 1225, surgiendo con ello las conocidas como Segundas Taifas, de entre las cuales destacaba sobre todo Sevilla. En 1212, los cristianos lograron derrotar a las taifas almorávides en la Batalla de las Navas de Tolosa, lo que abrió la posibilidad a los cristianos de conquistar un territorio que hasta entonces no habían conocido, como era, por ejemplo, la Andalucía actual occidental. Tras ello, surgieron las Terceras Taifas, entre las que destacamos el Reino Nazarí, que en 1238 se convirtió en reino de taifa de Castilla. La Taifa granadina fue la última de más de ocho siglos de dominación musulmana, cuando en 1492, como verás más adelante, los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando I de Aragón, conquistaron Granada y expulsaron el poder musulmán de la Península.

Esta es la historia de la evolución política de Al-Ándalus. Mientras ello ocurría, el poder musulmán y la cultura árabe arraigaron en la población hispanorromana y la transformaban social, económica y culturalmente.

En lo referente a la economía, Al-Ándalus era una civilización eminentemente urbana, con una muy buena economía agraria que trajo grandes innovaciones a la Península Ibérica, como pueden ser, por ejemplo, el regadío, las norias o las acequias, y desarrollaban una destacada artesanía y un comercio muy importante a través de las rutas entre reinos cristianos y el mundo musulmán.

En cuanto a la edad, Al-Ándalus presentaba una gran variedad de grupos étnicos y religiosos. La población invasora musulmana de origen árabe era minoritaria, pero conformaba el poder y se hizo dueña de los grandes latifundios. Los bereberes musulmanes del norte de África trabajaban la tierra y la ganadería y formaban el núcleo de los ejércitos. En cuanto a la población autóctona hispanorromana, aquella que habitaba la Península desde hacía mucho tiempo, la mayoría se integraron en el mundo religioso, cultural y económico, formando el grupo llamado de los muladíes. Por el contrario, otra parte de la población, una parte minoritaria, mantuvo su fe cristiana, adoptando eso sí buena parte de la cultura y las costumbres islámicas; son los llamados mozárabes. Un tercer contingente de población, los judíos, detentaban gran poder económico, sobre todo en las ciudades, aunque estaban socialmente apartados en ellas.

Paralelamente a todo este proceso, en la Edad Media de la Península Ibérica se conformaron los llamados reinos cristianos. En la parte más occidental, por la zona de la Cordillera Cantábrica, encontramos territorios romanizados con presencia visigoda que se resistieron al avance musulmán. En el año 722 se disputó la Batalla de Covadonga, donde el noble Don Pelayo logró expulsar a los musulmanes, lo que dio comienzo con ello al dominio y al control de la zona. Fueron los comienzos del Reino Astur, del que el rey Alfonso I decretó la capital en Cangas de Onís y que posteriormente Alfonso II, gracias a una fuerte expansión territorial, la trasladó a Oviedo.

Esta expansión permitió además la fundación de numerosos feudos, entre los que tenemos que destacar al Condado de Castilla. Quedaos con este nombre, ¿vale? Reyes sucesivos consiguieron expandir este reino hasta la ribera del Duero y Ordoño I trasladó la capital a León, nombrándolo así como el Reino de León. Posteriormente, Castilla fue adquiriendo cada vez más poder y se incorporaron además territorios navarros a su dominio. En el año 1035, Fernando I fue nombrado rey de Castilla, inaugurando con ello la historia independiente del reino llamado a dominar siglos después gran parte del territorio peninsular. Volveremos a Castilla más adelante.

Por otro lado, en el núcleo pirenaico, destacamos tres grandes posesiones territoriales que ganarán importancia en este momento: serán Navarra, Aragón y los Condados Catalanes. En el siglo IX, Aznar Galíndez unificó tres condados y estableció Jaca como su capital, comenzando a formar lo que podríamos llamar como Reino de Pamplona, hasta que la muerte de Sancho III convirtió a Ramiro I en rey de Aragón. Por otro lado, el Condado de Barcelona, comandado por Wifredo el Velloso, fue capaz de reducir la influencia de los francos hasta que Borrell II declaró su independencia con respecto a estos.

Sí, ya sé que ha sido un poco lío, pero una vez situados los reinos en su tablero de juego, vamos a hablar de cómo se expandieron por la Península Ibérica a lo largo de la Edad Media.

Por un lado, el Reino Castellano-Leonés. En el año 1085, como dijimos anteriormente, destacamos cómo Alfonso VI logró conquistar la Taifa de Toledo, aunque poco después se produciría la división entre Castilla y León. A raíz de esto, Alfonso VII declaró la independencia de Portugal mediante el Tratado de Zamora. Tras la Batalla de las Navas de Tolosa, Fernando III logró unificar todos los territorios en la llamada Corona de Castilla. Más adelante consiguió además conquistar el valle del Guadalquivir, Murcia y Cádiz, hasta que en 1344 logró conquistar Algeciras, lo que propició un control total del Estrecho por parte de Castilla.

Por otro lado, en la ribera pirenaica, Alfonso I de Aragón logró conquistar la Taifa de Zaragoza en 1118, lo que hizo expandir su reino hacia el sur. El matrimonio entre Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV de Barcelona en 1150 propició la unificación de los condados catalanes y del Reino de Aragón, siendo Alfonso II el primer rey de la, a partir de entonces, conocida como Corona de Aragón. Tras la Batalla de las Navas de Tolosa, que como ves fue un punto de inflexión importante en todos los reinos, Jaime I logró conquistar las Islas Baleares, Castellón y Valencia.

La rivalidad entre las dos grandes coronas cristianas, Castilla y Aragón, fue resuelta mediante el Tratado de Alcañiz. Ante el avance del dominio cristiano sobre tan amplios territorios, fue necesario llevar a cabo un proceso conocido como repoblación, es decir, la cesión de tierras a nuevos propietarios para que las poblaran y las explotaran. La repoblación de todos estos territorios conquistados por Castilla y Aragón en la Península Ibérica fue llevada a cabo por distintos métodos. Por ejemplo, en la Marca Hispánica se llevó a cabo el conocido como aprisio; en Aragón, mediante dominios nobiliarios; en Castilla, mediante la presura y la repoblación con concejos por los valles del Tajo y del Guadiana, gracias a las órdenes militares; y en el valle del Guadalquivir se produjo un repartimiento por parte de la nobleza, que en la zona de la Andalucía occidental adquirió un gran dominio.

Hablemos ahora de la sociedad y la economía de los reinos cristianos. En cuanto a la sociedad cristiana, podemos afirmar que estaba fuertemente jerarquizada. Los privilegiados eran principalmente nobles, hidalgos y caballeros, con extensos señoríos, además del clero, donde encontramos a las altas jerarquías eclesiásticas y al bajo clero. Después nos encontramos al pueblo llano, conformado por campesinos, pequeños propietarios y la burguesía. Por último, se situaban las minorías étnicas, entre las que podemos destacar a los judíos y a los mudéjares.

En lo referente a lo económico, se trataba de una sociedad con base agrícola y mucha vida urbana, sobre todo en Aragón. En Castilla destacamos la ganadería ovina y lanar y la fundación del Honrado Concejo de la Mesta, creado por Alfonso X, y en Aragón destacamos por igual a la Casa de Ganaderos de Zaragoza.

Las principales instituciones de gobierno en Castilla eran las Cortes, en las que representantes de cada estamento tomaban las decisiones de gobierno. Esto propició un aumento de la autoridad real y del poder del pueblo. En Aragón se hacía un mayor uso de las Cortes específicas, destacando, por ejemplo, en Cataluña la Generalitat y en Valencia y las Diputaciones del Reino.

A lo largo de la Baja Edad Media, la dinastía Trastámara se hizo con el poder tanto en Castilla, donde Enrique II fue capaz de ascender al trono respaldado por la nobleza, y en Aragón, tras la muerte sin descendencia de Martín I, propiciando el ascenso de Fernando I de Trastámara al trono.

La crisis de la Baja Edad Media, que asoló a partir del siglo XIV a toda Europa, también tuvo su reflejo en estos reinos. Lo primero fue una fuerte crisis demográfica, causada por una crisis de subsistencia promovida por la escasez de alimentos, epidemias como la Peste Negra o continuos enfrentamientos, sobre todo en el campo. Por otro lado, se produjo una crisis económica debido al abandono del campo y una fuerte conflictividad social y por un descenso también de la artesanía y la inseguridad en los caminos. Algunas medidas tomadas a mediados de siglo permitieron una leve recuperación. No obstante, todo ello no frenó la expansión de Castilla y Aragón durante la Baja Edad Media.

En el caso castellano, destacamos la conquista de Canarias, así como en el caso de Aragón, la conquista de Sicilia, Cerdeña y Nápoles en el Mediterráneo. La conflictividad social en Castilla se debió al enfrentamiento de los sectores nobiliarios, así como el rechazo hacia las minorías étnicas. En Cataluña destacamos la Guerra de las Remensas, además del enfrentamiento de Juan II de Aragón contra la Generalitat. El conflicto fue resuelto gracias a las Capitulaciones de Pedro de Aragón en 1472. Además, en Mallorca surgió la Revuelta Foránea en 1450, que fue sofocada por Alfonso V dos años después.

Por aquel entonces, dos jóvenes casaderos, Isabel y Fernando, herederos poco tiempo después de Castilla y Aragón, estaban a punto de sellar su matrimonio y, con ello, los destinos de las grandes y convulsas coronas que iban a heredar. Es decir, Castilla y Aragón serán los llamados Reyes Católicos.

A la boda de los Reyes Católicos se llega debido al siguiente culebrón. La llegada al trono de la Reina Isabel se debió a la Guerra de Sucesión de Castilla. En 1468, Enrique IV declaró a Isabel como su sucesora en perjuicio de Juana la Beltraneja, pero un año más tarde se anunció el matrimonio entre Isabel y Fernando. A Enrique esto no le gustó mucho y se opuso a dicho casamiento, pero fue derrotado por Isabel en la Batalla de Toro en 1476. Tres años después, se firmó el Tratado de Alcáçovas, en el cual se declaró a Isabel como reina de la Corona de Castilla y se produjo, asimismo, el reparto del Atlántico.

Durante el reinado de los Reyes Católicos tenemos que destacar varios sucesos importantes, como, por ejemplo, la conquista de Granada. Como ya vimos en el vídeo anterior, a finales del siglo XV, el Reino Nazarí de Granada, el último dominio musulmán de la Península, era un reino de taifa de Castilla, es decir, le pagaba tributos. En 1480, los Reyes Católicos comenzaron su conquista, entendida como una cruzada. Diez años después, se firmaron las llamadas Capitulaciones de Granada, que supusieron la rendición de Boabdil, el último rey musulmán de Al-Ándalus.

En este mismo año, 1492, se produjeron dos hechos significativos en el terreno religioso: por un lado, la expulsión de los judíos, que tenían un gran peso económico en el reino de Castilla, y por otro, la conversión forzosa y el exilio de los musulmanes por parte del Cardenal Cisneros.

Los Reyes Católicos tuvieron una política expansiva por diversos lugares. Antes del descubrimiento de América, destacamos la conquista de las Islas Canarias en el Atlántico. Por su parte, en la zona mediterránea, por ejemplo, en Italia, Carlos VIII de Francia fue derrotado por una alianza formada por Fernando de Aragón y otros territorios, avivando la expansión mediterránea del Reino de Aragón. Para culminar la expansión peninsular de ambos reinos, Navarra se anexionó a Castilla, quedándonos un mapa, pues, como podéis ver aquí detrás. Y por último, tenemos que destacar la intensa política matrimonial que llevaron a cabo los Reyes Católicos para mejorar su influencia en Europa, casando a sus hijas con herederos o con personajes de gran posición de otro reino.

Como hemos dicho antes, los Reyes Católicos sentaron las bases del Estado moderno. Para ello fundaron instituciones como la Santa Hermandad de carácter policial o el Tribunal de la Inquisición como órgano de unificación religiosa. También tenemos que destacar, por ejemplo, el Consejo de Aragón o las Chancillerías, que fueron el máximo órgano judicial de la época y se situaron en Granada y Valladolid. Por último, tenemos que mencionar la Contaduría Real de Hacienda, la cual contaba con un ejército profesional y órdenes militares, nada menos, sentando con estas instituciones y con algunas otras, como decimos, las bases del Estado moderno.

Como ya sabemos, los Reyes Católicos orquestaron el descubrimiento de América gracias al proyecto propuesto por Cristóbal Colón, que, aunque en un principio fuera rechazado por Juan II de Portugal y por los Reyes Católicos, también fue aceptado finalmente por estos mediante las Capitulaciones de Santa Fe en 1492. ¡Vaya fecha, eh! Las naves, la Santa María, la Niña y la Pinta, llegaron a América el 12 de octubre de ese mismo año.

Este arduo descubrimiento generó cierto recelo en las Cortes europeas, por lo que se firmó el Tratado de Tordesillas, mediante el cual se establecieron los límites de expansión entre las dos principales potencias descubridoras del momento: Portugal y Castilla. En estas nuevas tierras, los europeos descubrieron un vasto continente en el cual nos encontramos con dos grandes imperios autóctonos.

A continuación, hablaremos de la llegada a España de Carlos I. Carlos I sucedió a los Reyes Católicos en una pirueta del destino que lo llevó a recibir la que tal vez habrá sido la mayor herencia de la historia. Ahora verás por qué. En 1504 falleció la Reina Isabel y se produjo el ascenso al trono de su hija Juana, lo que aumentó la influencia de la nobleza además en el poder. La supuesta incapacidad de Juana para gobernar tras la muerte de su marido Felipe el Hermoso en extrañas circunstancias (literalmente cogió frío tras beber un vaso de agua) hizo que Fernando tomase las riendas de la regencia de Castilla, delegando las funciones al Cardenal Cisneros. Fernando el Católico murió en 1516, haciendo con ello que su nieto Carlos de la Casa de Austria, al ser hijo de Felipe el Hermoso, heredara primero Castilla, debido a que su madre Juana estaba incapacitada, así como también Aragón y los territorios europeos y americanos que tenían ambos reinos.

Asimismo, tras la muerte de su abuelo Maximiliano de Habsburgo, Carlos I se convirtió en Carlos V de Alemania, proclamándose emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, teniendo finalmente unas posesiones, pues, como podéis ver en el mapa, bastante impactantes. No obstante, su reinado no estuvo exento de dificultades. Por ejemplo, tuvo que lidiar con bastantes conflictos internos. Pues en Castilla y Aragón, la llegada de un rey extranjero, ya que Carlos se había criado fuera de la Península Ibérica, generó cierto recelo entre las Cortes de ambos reinos. En Castilla, por ejemplo, destacamos la Revuelta de los Comuneros, ocurrida a partir de 1521, una revuelta urbana que pedía la vuelta de Juana al trono y que fue sofocada ese mismo año con dureza. Por otro lado, en Aragón se produjo la Revuelta de las Germanías, una rebelión social que se extendió hasta Mallorca y que fue sofocada un año después.

En lo referente a la política europea, tenemos que remarcar que en el año 1520 Carlos, como ya hemos dicho, fue nombrado emperador, por lo que tuvo que enfrentarse además a conflictos europeos, por ejemplo, con Francia y su rey Francisco I, con el que tuvo una fuerte enemistad. En este contexto, Francia ocupó el Milanesado, el cual le fue arrebatado de vuelta por Carlos en la Batalla de Pavía, tomando al rey francés como prisionero, nada menos, y que fue liberado tras la firma de la Paz de Cambrai. Francisco I se alió posteriormente con el Papa Clemente VII, lo que hizo que a Carlos no le temblara el pulso para saquear Roma en 1527.

Con lo referente al Imperio Turco, se produjo una expansión otomana por los Balcanes, aumentando con ello la presencia mediterránea de la piratería berberisca, lo cual supuso una amenaza para las posesiones de Carlos. En Alemania se produjo, además, una fuerte expansión del protestantismo, impulsado por Martín Lutero mediante las Tesis de Wittenberg, promulgadas en 1517. Debido a esta situación, Carlos I se enfrentó a los príncipes protestantes de su imperio y prácticamente de toda Europa en unas larguísimas guerras que no llevaron a ningún lado y que finalmente le obligaron a firmar la Paz de Augsburgo en 1555, permitiendo la libertad religiosa en Europa.

Tras ello, cansado y hastiado de tantos conflictos, se retiró en el Monasterio de Yuste en España, en el que finalmente moriría poco después. Por tanto, tras todos estos conflictos, Carlos I abandonó todas sus posesiones. Cedió las posesiones del Imperio Germánico a su hermano Fernando y las de las monarquías hispánicas, es decir, Castilla y Aragón, a su hijo Felipe, quien heredó todas ellas bajo el nombre de Felipe II. A pesar de no ser emperador de Alemania, Felipe II gobernó un extensísimo imperio en el cual, como se decía, pues no se ponía el sol.

Aún así, al igual que su padre, Felipe II tuvo que lidiar con problemas internos, entre los que podremos destacar, por ejemplo, la Revuelta de las Alpujarras, que se debió a una intransigencia religiosa contra los moriscos que colaboraban con piratas berberiscos. Finalmente, los sublevados fueron dispersados por Castilla por Juan de Austria. También podemos destacar las Alteraciones del Poder de Aragón, que se debieron a un enfrentamiento entre el rey y la Justicia Mayor aragonesa por el caso de Antonio Pérez.

Con lo referente a la política exterior, Felipe II se ciñó a tres principales líneas de acción: por un lado, la defensa del catolicismo, tomando el testigo de su padre Carlos I; por otro lado, la defensa de la hegemonía europea de sus posesiones; y por último, la conservación del patrimonio dinástico. Por ejemplo, en Francia ganó la Batalla de San Quintín en 1557, firmándose posteriormente la Paz de Cateau-Cambrésis. Además, el rey español se encontraba en la llamada Liga Santa contra el Imperio Otomano, el gran enemigo turco, con victorias decisivas como, por ejemplo, la Batalla de Lepanto en el Mediterráneo, frenando por ello el avance turco por todo este mar, tan importante para el comercio de sus reinos.

En los Países Bajos se produjo una revuelta contra el poder real que dominaba Felipe II y una ardua persecución además al calvinismo, un protestantismo que surgió en este contexto. Inglaterra, además de apoyar a los rebeldes holandeses, incitaba también a la piratería contra los barcos provenientes de América. Para ello, Felipe II creó la llamada Armada Invencible para intentar invadir Inglaterra, pero acabó en una derrota total española. Por último, en Portugal, la muerte del rey Sebastián hizo que en 1578 Felipe II reclamara sus derechos dinásticos provenientes de los Reyes Católicos, por lo que fue proclamado rey en las Cortes de Tomar en 1581, rey, por tanto, de Castilla, de Aragón y de Portugal.

Felipe II murió en 1598 y con él se termina una época que muchos historiadores coinciden en considerar la época de los Austrias Mayores, la de mayor poder de la Monarquía Hispánica.

En 1598, por tanto, lo sucede Felipe III y con él también daría comienzo la llamada época de los Austrias Menores. Felipe III, por ejemplo, no se vio apto para reinar, por lo que nombró como su valido al Duque de Lerma, sustituido después por el Duque de Uceda. Un valido era un hombre que gozaba de la amistad y la confianza del rey y que este le confería un poder prácticamente total en el reino. Con lo referente a la política interior, lograron expulsar a los moriscos de la Península, aunque se produjo un fuerte debilitamiento de la monarquía que empobreció a ambos reinos, a Castilla y Aragón. No obstante, es este un momento de ausencia de grandes conflictos con otros reinos, en una época llamada Pax Hispánica.

El reinado de Felipe IV comenzó en 1621 y también tomó el testigo de su padre, nombrando como valido al Conde-Duque de Olivares. Durante su gobierno se produjo la llamada Guerra de los Treinta Años entre católicos y protestantes, que acabó gracias a la Paz de Westfalia y a la Paz de los Pirineos. Los historiadores coinciden en que la Paz de Westfalia marcará el declive del Imperio Español o de la Monarquía Hispánica en Europa. De la misma forma, durante el reinado de Felipe IV se produjo la Crisis de 1640, que se debió a la creación del Gran Memorial y de la Unión de Armas por el Conde-Duque de Olivares, a través de lo cual intentó uniformizar las instituciones de la monarquía y de la milicia respectivamente.

Esta crisis se produjo sobre todo en Cataluña por la sublevación del Corpus de Sangre a las medidas tomadas por el Conde-Duque de Olivares, en la cual nombraron Conde de Barcelona a Luis XIII y pidieron ayuda a Francia. Tras la intervención de Juan José de Austria, se firmó una rendición negociada. Además, en Portugal se nombró rey al Duque de Braganza y se declaró la independencia de este reino en 1668. Recordemos que Portugal estaba unido a la Monarquía Hispánica desde Felipe II.

El último Austria que gobernó en la Península Ibérica fue Carlos II, hijo de Felipe IV, el cual llegó al poder con 4 años, pero debido a su salud débil, Mariana de Austria asumió la regencia, la cual hizo uso de los validos al igual que sus predecesores para gobernar hasta que en 1675 Carlos II superó la mayoría de edad. La debilidad de la Monarquía Hispánica fue aprovechada por Francia para expandir su territorio hasta que, tras la Guerra de los Nueve Años y el Tratado de Ryswick en 1697, fueron devueltos.

El final de la dinastía de los Habsburgo llega cuando Carlos II muere sin descendencia. Poco antes, había nombrado como su sucesor a Felipe de Anjou, nieto nada más y nada menos que de Luis XIV. Sí, el rey de Francia. Debido a ello, se montó un lío tremendo en la llamada Guerra de Sucesión Española, que veremos próximamente en otro vídeo.

Y para finalizar este vídeo, hablaremos de la situación social, económica y cultural de la Monarquía Hispánica durante los siglos de los que hemos hablado. Durante el siglo XVI se produjo un crecimiento moderado de la población, sobre todo en la zona sur de Castilla, por el comercio con América, el cual se detuvo al llegar una epidemia de peste. Por lo tanto, en el siglo XVII se produjo una contracción demográfica que afectó sobre todo a la población del interior peninsular.

Con lo referente a la sociedad, continuamos con una estructura estamental con una importante desigualdad jurídica, dividiéndose la sociedad en privilegiados y en una gran parte del Estado Llano. Los privilegiados estaban exentos de pagar impuestos y desempeñaban cargos públicos. Se dividían a su vez entre nobleza y clero. Los altos nobles tenían grandes señoríos, mientras que la baja nobleza tenía pocas o ninguna tierra. En el clero diferenciamos asimismo al alto clero con privilegios económicos, compuesto por obispos, cardenales, etc., y por otro lado al bajo clero con unas condiciones más modestas, compuestos por curas, monjes, etc. En el Estado Llano encontramos al gran grueso de la población que debían pagar impuestos y trabajar. Podemos diferenciar por un lado a los propietarios, a los campesinos y, por último, a los marginados sociales.

Durante el siglo XVI, la hegemonía

En Europa le suponía a la monarquía hispánica un mayor gasto económico que se saldaba mediante una subida de impuestos progresivos. La principal fuente de ingresos de la corona eran los metales americanos, como el oro y la plata. El exceso de préstamos por ingresos insuficientes provocó diversas bancarrotas durante el siglo XV.

Esta situación se acrecentó. España pasó, por tanto, por una importante crisis económica debido a las malas cosechas, a las guerras, a la expulsión de los moriscos y a la paralización del comercio con América. A finales de siglo se pudieron apreciar ciertos síntomas de recuperación por la incorporación de nuevos cultivos, la aplicación de ciertas medidas proteccionistas y el descenso de los gastos bélicos.

La guerra de sucesión española se produjo, como ya vimos en el tema anterior, a la muerte sin descendencia de Carlos II de Austria, quedando como posibles sucesores Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, y el archiduque Carlos de Habsburgo. La herencia por parte de Felipe reforzaría la hegemonía francesa de su familia, rompiendo por tanto el equilibrio internacional. Para evitarlo, en 1700 se creó la Gran Alianza entre Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico, las Provincias Unidas, Saboya, Prusia y Portugal, nada menos.

El conflicto dio comienzo en la Península Ibérica, América, Flandes y el norte de Italia. En 1711 muere José I de Austria, haciendo que el archiduque Carlos se convirtiera en el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este suceso provocó que Inglaterra cambiase de bando en la guerra de sucesión española, rompiendo junto a las Provincias Unidas la Gran Alianza. Ambos aseguraron, por tanto, apoyar al candidato francés, a Felipe, siempre que este renunciase a sus aspiraciones al trono francés y se conformase solo con el de España. Y así fue como Felipe de Anjou fue nombrado Felipe V.

La paz llegó de la mano de varios tratados, como el Tratado de Utrecht en 1713, el de Rastatt en el 14 y, por último, el de Baden. Estos tratados provocaron la pérdida de España de sus últimas posesiones europeas, así como también que Gran Bretaña se convirtiera en una gran potencia naval.

En el seno del territorio español se produjo una confrontación civil por el trono, surgiendo así dos bandos. Por un lado, los partidarios del archiduque Carlos, que rechazaban el modelo centralista y absolutista francés y que eran, sobre todo, territorios de la Corona de Aragón. Y por otro, los partidarios de Felipe de Anjou, que admiraban el centralismo borbónico. Para intentar solventar el reinado desastroso de Carlos II, Felipe de Anjou fue apoyado mayoritariamente por Castilla, aunque algunos nobles apoyaron al Austria por miedo al absolutismo.

En el año 1707 tuvo lugar la Batalla de Almansa, en la cual las tropas de Felipe V derrotaron a las tropas de Carlos. En 1714 se produjo la toma de Barcelona y un año después la de Mallorca, dando final con ello a la guerra.

A continuación hablaremos de este sistema centralista borbónico que implantó Felipe V en España, así como también su sucesor Fernando VI. Felipe V implantó en España el modelo de Luis XIV en Francia, en el cual existía un solo poder central mediante los llamados Decretos de Nueva Planta. Dicho documento supuso la abolición de los fueros de Valencia y Aragón en 1707, el de Mallorca en 1715 y, por último, el de Cataluña en 1716.

Además, se estableció un sistema de contribución único, en el que todos pagaban los mismos impuestos en cualquier territorio del reino. Se produjo también una reforma del sistema jurídico, el cual se basó en audiencias, estableciéndose además el castellano como lengua jurídica oficial. En el ámbito político, los Decretos de Nueva Planta establecieron unas cortes únicas en todos los territorios del reino, eliminando así el Consejo de Aragón, haciendo que el de Castilla, además, asuma sus funciones. Con estas reformas surgieron dos figuras nuevas, como los intendentes y los corregidores. Por último, se implantó una reforma territorial que eliminó los virreinatos y creó, por tanto, provincias y capitanías generales.

Ahora vamos a recalcar la importancia histórica de estos Decretos de Nueva Planta, puesto que eliminaron las instituciones y costumbres propias de algunos de los territorios del reino, así como también los derechos forales tradicionales. Tal es la relevancia histórica de este suceso y de este documento que de él subyacen algunas de las reclamaciones nacionalistas e independentistas de algunos territorios españoles actuales.

Continuamos con Fernando VI, hijo de Felipe V, que accedió al trono en 1746, empezando su gobierno con una importante acumulación de deudas provenientes del reinado de su padre. Dentro de su gobierno se encontraba el Marqués de la Ensenada, el cual implantó en España una gran cantidad de reformas ilustradas. En el año 1749, por ejemplo, se creó el Catastro, un registro de propiedades que establecía un impuesto único que aumentó la política recaudadora del reino.

Por aquel entonces también podemos destacar la modernización, por ejemplo, de la marina, con la creación de astilleros en ciudades costeras como Cádiz, Ferrol y Cartagena, haciendo que el país adquiriera además un mayor control territorial. Con lo referente a la Iglesia, tenemos que destacar el Concordato de 1753, el cual establecía el Patronato Universal, mediante el cual la monarquía adquiría poder sobre la Iglesia en los territorios españoles.

Podemos destacar por último, entre estas reformas ilustradas, la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la cual nos encontramos con un ambicioso plan de fomento de las artes.

Ahora vamos a explicar un nuevo término que nace en esta época, conocido como el Despotismo Ilustrado. Esta es la postura que podemos apreciar en España durante el reinado de Carlos III, en el cual se intentaron llevar a cabo reformas ilustradas bajo un sistema absolutista, siendo resumido comúnmente bajo la siguiente frase: "Todo para el pueblo, pero sin el pueblo".

Carlos III era hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio. Este adquirió ideas ilustradas durante su gobierno en Nápoles, entre los años 1734 y 1759. De allí se trajo, de hecho, a políticos italianos como Grimaldi y Esquilache, los cuales contaban con una política bastante reformista. Sus medidas, aún así, fueron rechazadas en España hasta el punto de producirse una pequeña revolución conocida como el Motín de Esquilache, mediante el cual se rechazó directamente a los ministros italianos y a sus reformas, así como una fuerte desconfianza hacia la nobleza y hacia la Iglesia, y un fuerte descontento, a su vez, por la escasez y el alto precio de los alimentos. Esto llegó a tal punto que se destituyó finalmente a Esquilache.

También podemos destacar en el reinado de Carlos III la expulsión de los jesuitas en 1767. Desarrollemos a continuación algunas de las medidas tomadas por los ministros ilustrados como Campomanes o Jovellanos. En el campo de la educación, buscaron garantizar la prosperidad económica, creando, por tanto, nuevas instituciones como los Reales Estudios de San Isidro y las reformas en la Universidad con el Seminario de Nobles. En el campo de la agricultura, se liberó el precio del grano y se redujeron los privilegios de la Mesta. En la industria, se redujeron los privilegios de los gremios y se formaron las Reales Fábricas. Y por último, en el ámbito comercial, tenemos que destacar la supresión de las aduanas interiores, así como la liberalización del comercio colonial y la mejora de las infraestructuras del transporte con la creación del Canal de Castilla y del Canal Imperial de Aragón.

Tras esto, vamos a estudiar la economía y sociedad del siglo XVIII en España. Con lo referente a la demografía, podemos apreciar un crecimiento de la población debido a una reducción de la mortalidad, gracias a una mejor alimentación a causa de una mayor producción agrícola tras la implementación de nuevas técnicas y nuevos cultivos, además de una época también como esta de relativa paz. También se aplicaron políticas poblacionistas que incluyen, por ejemplo, la acogida de inmigrantes, el incentivo de familias numerosas, etc. Aún así, en España no se logró un crecimiento tan grande como en otros países en su población, debido a una crisis de subsistencia, así como a los contrastes en las distintas regiones.

Como hemos dicho, en la agricultura se produjo un aumento de la producción, aunque nos encontramos con problemas tales como la mala calidad de las cosechas, las adversas condiciones climáticas o las tierras en situación de manos muertas. La mala repartición se quiso solventar con la reforma de Olavide en 1768 y con el Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos de 1795, pero en realidad no se llevaron a cabo.

En la industria se llevó a cabo, asimismo, una política reformista para reducir los privilegios de los gremios, lo que produjo un aumento de los talleres manufactureros privados, como por ejemplo en Cataluña. Por último, en cuanto al comercio, se produjo una expansión del comercio tanto interior como exterior peninsular debido a estas medidas. La abolición de las aduanas interiores, gracias a los Decretos de Nueva Planta, produjo una mejora de las infraestructuras del comercio.

Durante esta época también tenemos que destacar la fundación de las compañías comerciales, entre las que podemos destacar la Guipuzcoana de Caracas en el año 1730. Carlos III, además, liberó el comercio con América, lo que supuso el beneficio para algunas de estas ciudades, tanto españolas como americanas.

Y para terminar, hablemos precisamente de la América española. Lo primero que cabe destacar son las reformas administrativas que permitieron la ampliación de los virreinatos, con la creación, por ejemplo, del Virreinato de Nueva Granada en 1717 y el del Río de la Plata en 1778. También se fundó la Capitanía General de Venezuela en el año 1742, con lo cual se refuerza además su orientación militar. Se crearon además nuevas audiencias y se formaron la figura de los intendentes, los cuales eran inferiores a los virreyes y protagonizarán un poquito más adelante las futuras independencias y repúblicas.

La actividad económica era principalmente la minería, por ejemplo, la de la plata, así como también las actividades agropecuarias, que crecieron por la liberalización del comercio. También surgieron explotaciones, como por ejemplo la plantación del azúcar, del tabaco, etc., que se utilizaba para exportar, así como también la explotación de un mercado esclavista mediante el cual se trasladaban africanos a América. Todo esto supuso el crecimiento de la economía de la burguesía criolla, aumentando con ello las desigualdades sociales.

En el seno de la sociedad americana, en su sociedad, por tanto, podemos destacar un crecimiento demográfico debido a la emigración de peninsulares y a la llegada masiva de esclavos. Por lo tanto, nos encontramos con una población en general muy diversa y jerarquizada, lo cual impulsó cierto crecimiento económico, pero llevó también a conflictos, como por ejemplo los de Tupac Amaru.

Este tema presenta gran importancia en nuestra historia, no solo debido a la crisis que vivió la dinastía de los Borbones y a la consiguiente invasión napoleónica, sino también por los distintos ensayos del liberalismo y la creación de la primera Constitución de nuestra historia. El liberalismo planteaba un cambio esencial en varios conceptos de nuestra sociedad y economía, partiendo así de la ruptura con el Antiguo Régimen. Por tanto, el individuo pasaba a ser un ciudadano con derechos políticos. La sociedad ya no iba a estar determinada por el nacimiento, es decir, sería una sociedad en la que la capacidad económica marcaría la pertenencia a una u otra escala social. La soberanía pasaría a recaer en la nación y, por último, los tres poderes del Estado, ya sabéis, legislativo, ejecutivo y judicial, estarían separados y ostentados por personas o instituciones diferentes.

Comenzaremos hablando sobre los antecedentes de la Guerra de la Independencia y también de sus causas, la cual transcurrió entre los años 1808 y 1814. La Revolución Francesa se inició en Francia el 14 de julio de 1789 y provocó el temor de las Cortes de Carlos IV, quien acabó ordenando a sus ministros la aplicación de medidas drásticas para detener el avance de las ideas revolucionarias francesas. La situación se hizo más tensa cuando los revolucionarios franceses pasaron por la guillotina a Luis XVI. España, a través de su Primer Ministro Godoy, declaró la guerra a Francia en 1793, dándose con ello iniciada la guerra llamada de la Convención, que terminó con el Tratado de San Ildefonso en 1796, con una derrota española que provocó después el pacto militar con Francia y la guerra contra Inglaterra.

Esta alianza franco-española acabó con la derrota en la Batalla de Trafalgar del 20 de octubre de 1805. En este contexto tenemos también que citar a Portugal, aliada de Inglaterra y, por tanto, enemiga de España y Francia. Esta situación llevó a la firma del Tratado de Fontainebleau en 1807 entre la España de Godoy y la Francia de Napoleón, que acordaban el reparto de Portugal una vez hubiese sido conquistada por Francia entre franceses y españoles, y donde también había un territorio reservado para el propio Godoy si accedía a la firma del acuerdo. Para proceder a la invasión de Portugal, se acordaba también el acceso de las tropas francesas por territorio español, aunque pronto se vislumbró que la verdadera intención de Napoleón no era otra que hacerse con el control también de España.

Ante esta situación de desconcierto y ante la medida de trasladar a la familia real a Sevilla, que se vio como una rendición ante los franceses, se produjo el Motín de Aranjuez, en el que una turba de población madrileña se presentó ante el palacio del propio Godoy. Parece ser que esta revuelta estuvo instigada por el príncipe heredero Fernando, quien, una vez se detuvo a Godoy, provocó la abdicación de Carlos IV, su padre, en su persona, convirtiéndose así en el próximo rey de España bajo el título de Fernando VII.

A pesar de que este hecho fue conocido y admitido por Napoleón, tanto Carlos IV como Fernando VII fueron convocados a Bayona, donde se produjo una reunión entre los tres y el hermano del emperador francés, José Bonaparte. Allí, Napoleón obligó a Fernando VII a devolverle la corona a su padre y este, también obligado, abdicó en Napoleón, quien se la cedió finalmente a su hermano, desde entonces conocido como José I de España. Este hecho, conocido como las Abdicaciones de Bayona, llevó al levantamiento del 2 de mayo de 1808 de los españoles, que tuvo como epicentro Madrid y con el que tradicionalmente se da comienzo a la Guerra de la Independencia contra Francia.

A continuación hablaremos sobre las fases, precisamente, de esta contienda. Lo primero fue una conquista francesa que tuvo lugar a partir del 2 de mayo de 1808 y, sobre todo, al día siguiente, en el que se realizaron fusilamientos para intentar reprimir posibles sublevaciones. De este hecho podemos destacar el cuadro que tenemos aquí detrás, "Los fusilamientos del 3 de mayo", de Francisco de Goya. Aún así, algunos lugares como Zaragoza fueron epicentro de núcleos de resistencia frente a los franceses. De este periodo, además, podemos destacar la victoria española en Bailén en julio de ese mismo año, lo que implicó un repliegue de tropas francesas.

La segunda etapa de la contienda transcurre hasta el año 1811, donde se produjo una gran ocupación de los franceses y un desgaste de sus ejércitos hasta el punto que el propio Napoleón tuvo que ir a España, dando lugar a algunas victorias francesas como la sucedida en Ocaña en noviembre de 1808. Esto implicó un mayor dominio francés, pero a su vez el surgimiento de la guerrilla española, es decir, de acciones armadas llevadas a cabo por tropas no regulares contra el ejército francés.

Entre los años 1812 y 1814 surgió una contraofensiva aliada gracias a la ayuda de los británicos a España. Wellington fue capaz de derrotar a los franceses en Arapiles el 22 de julio de 1812, lo que supuso un fuerte debilitamiento francés, que dieron lugar a victorias españolas como la de Vitoria el 16 de junio de 1813 o la de San Marcial el 31 de agosto de aquel mismo año. Esto supuso finalmente la retirada francesa y victoria española, en la que, gracias al Tratado de Valençay, se produjo el regreso de Fernando VII a España.

Las consecuencias de la guerra fueron las siguientes: por ejemplo, una elevada mortalidad, la paralización de las actividades productivas, el abandono de las tierras y cultivos, la destrucción de la industria, así como gran parte de las infraestructuras del país, la dependencia política y económica y, por último, la pérdida de gran parte de los territorios americanos pertenecientes a España, cuyos procesos de independencia se produjeron contemporáneos a esta Guerra de la Independencia.

En el terreno político, durante la guerra se consiguieron diferenciar a tres grandes grupos políticos principales. Por un lado, los afrancesados, eran los que seguían las medidas de José I, de tintes revolucionarios y muy novedosos. Mientras que los liberales eran partidarios de la aplicación de algunas medidas liberales que hicieran avanzar el país, aunque estaban en contra de la presencia francesa y del gobierno de José I, por lo que defendían el regreso de Fernando VII como rey legítimo español. Por último, nos encontramos a los absolutistas, que defendían el restablecimiento de la monarquía absoluta de Fernando VII, siendo contrarios, por tanto, a cualquier avance liberal.

Muchos políticos contrarios a los afrancesados entendieron que las Abdicaciones de Bayona habían generado un vacío de autoridad, puesto que no reconocían la legitimidad de la presencia francesa y de la monarquía de José I. Es por ello por lo que los españoles se elevaron como legítimos defensores del poder de la corona y muchos de ellos crearon las Juntas Provinciales, unos poderes locales para gestionar la vida política de las zonas cercanas, que fueron luego asumiendo la soberanía de estos territorios. Estas Juntas Provinciales tienen una serie de características: por ejemplo, tendrán un perfil revolucionario marcado, pero contrario al invasor francés. Se sentían, asimismo, legitimadas por el levantamiento del pueblo español y, por último, nombraban únicamente como rey a Fernando VII en detrimento de José I, al que no reconocían su figura real.

Las Juntas Provinciales tenían un radio de acción limitado a su entorno más cercano, por lo que, por tanto, se decidió crear una Junta Suprema Central en septiembre de 1808, que asumió todos los poderes de las demás juntas y, además, convocó unas Cortes Constituyentes en 1809. Esta Junta Suprema Central, que cambió su nombre meses después por el Consejo de Regencia de España y de las Indias, convocó para el 24 de septiembre de 1810 unas elecciones a Cortes Constituyentes a las que las ciudades debían enviar representantes. Se decidió fijar la sede en Cádiz, por su especial ubicación geográfica, lejos del control francés.

El acto inaugural de estas Cortes tuvo lugar el 24 de septiembre de 1810 en la Isla de León, y los asistentes eran en su mayoría burgueses de los negocios mercantiles y comerciales, aunque también habían asistido absolutistas y personas de la Iglesia. Estas Cortes asumirían la soberanía del reino y en ellas se tramitarían leyes liberales para terminar con las trabas económicas y sociales del Antiguo Régimen, como la libertad de los propietarios para vender o arrendar sus propiedades y sus tierras, o la libertad de industria, la cual implicaría la supresión de los gremios y la liberalización de los trabajadores.

La aprobación de la Constitución se produjo el 19 de marzo de 1812, el día de San José, de ahí su apodo como "La Pepa". Esta Constitución es la primera de la historia de España y presenta influencias tanto de la Ilustración como de la Revolución Francesa. Las principales características de la Constitución de 1812 son: por un lado, la existencia de una soberanía nacional, es decir, de un poder que residía en el pueblo; la división de poderes; el derecho de la representación política; la implantación de un sufragio universal masculino directo, así como de una monarquía constitucional; el fin de los privilegios estamentales que establecía la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; el derecho de los reconocimientos individuales de educación, imprenta, inviolabilidad del domicilio, libertad y propiedad; así como también la existencia de un Estado católico.

Tras la victoria española en la Guerra de la Independencia en 1814, el príncipe Fernando, que se encontraba exiliado durante los años del conflicto, volvió a España con el objetivo de recuperar la corona que le pertenecía y sobre la que muchas personas habían luchado para conseguirlo. Los grupos liberales del país querían que su llegada fuese para encabezar aquel sistema político instaurado en la Constitución de 1812, es decir, la de la monarquía parlamentaria y constitucional, mientras que los sectores absolutistas pretendían el restablecimiento de la monarquía absoluta sin ningún tipo de concesión a aquellas nuevas corrientes liberales. Es por ello por lo que este monarca recibió el apelativo de "El Deseado".

Finalmente, las intenciones absolutistas se adelantaron a las de los liberales, pues el general Elío fue capaz de reunirse con el futuro rey para presentarle el llamado Manifiesto de los Persas, un documento firmado por representantes absolutistas del pueblo español que apoyaban el regreso a los preceptos del Antiguo Régimen. El príncipe Fernando se sintió apoyado y con argumentos para llevar a cabo tal intención, por lo que, desoyendo a los grupos liberales que habían luchado por la monarquía en su nombre, decidió restituir el absolutismo en 1814.

Y fue así como entre 1814 y 1820 se desarrolló el Sexenio Absolutista, que se verá caracterizado por la abolición de la Constitución de Cádiz y la persecución sistemática de los liberales españoles. Este nuevo gobierno no tenía un programa definido y Fernando VII no realizó tareas de gobierno, sino que las delegó en su camarilla o grupo cercano. Si a todo esto le añadimos el hecho de que en estos años se generó una crisis agraria de envergadura y que también se produjo una gran crisis de Hacienda debido a las pérdidas coloniales de América, podemos entender que los grupos liberales buscaron conspirar para derribar este régimen absolutista.

De entre varias de estas conspiraciones, hay una que acaba triunfando finalmente: la del 1 de enero de 1820, encabezada por Rafael de Riego y apoyada por un destacamento de tropas que iba rumbo a Cádiz para sofocar las insurrecciones independentistas de América. El lugar del pronunciamiento es en la provincia de Sevilla, en las Cabezas de San Juan, y su triunfo se escenificó con la aceptación por parte del rey del sistema liberal mediante la sanción de la Constitución de 1812. Hay que reconocer que Fernando VII, un poco chaquetero, sí que era.

Por tanto, entre 1820 y 1823 se desarrolló el llamado Trienio Liberal, que permitió un incremento de las medidas esbozadas en 1812 por la Constitución. El problema de este periodo es que los liberales sufrieron una división entre moderados y progresistas. Mientras los primeros pretendían una soberanía compartida, unas buenas relaciones con la Iglesia y el mantenimiento de un sufragio censitario restringido, los segundos querían una soberanía nacional total, un Estado que tendiese a la laicidad y ampliar el sufragio censitario. Además, Fernando VII estaba recibiendo apoyos por parte de los reyes de las otras potencias europeas absolutistas, en concreto de la Santa Alianza, un grupo de países formado por Prusia, Rusia, Francia y Austria, que finalmente enviaron un contingente militar a España en 1823, conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis, acabando con ello con el liberalismo y llevando nuevamente al absolutismo a España durante nada menos que 10 años, conocidos como la Década Ominosa.

En esta etapa se iniciaron una década de nuevo de persecución de los liberales. No obstante, en esta etapa se iniciaron algunas reformas que pretendían avanzar sin romper con el Antiguo Régimen, como la creación del Código de Comercio, de la Bolsa, del Banco de San Fernando, así como la eliminación de los fueros vascos y navarros. Pero el sector absolutista empezó a mostrar su descontento y abrieron su simpatía a la persona de Don Carlos, el hermano menor de Fernando VII.

El reinado de Fernando VII vio nacer un movimiento liberal en España que, a lo largo de revoluciones como la de 1820, planteaban el establecimiento de un Estado liberal en nuestro país. No obstante, el liberalismo aún tendría que esperar un tiempo largo para poder asentarse en el poder. Y es que la muerte de Fernando VII abrió un problema político que desencadenó nada menos que una auténtica guerra civil por la sucesión al trono español. Serían las llamadas Guerras Carlistas, que se produjeron cuando Fernando, prácticamente en su lecho de muerte, promulgó la llamada Pragmática Sanción, en la cual daba como heredera al trono español a su hija Isabel, menor de edad, y no a su hermano Carlos, que ya estaba saboreando prácticamente el poder.

De entrada, la minoría de edad de Isabel sería solucionada por la regencia de su madre, mientras esta fuese menor de edad, cosa que ocurrió entre los años 1833 y 1840. La regente, que no era ni mucho menos liberal, tuvo aún así que apoyarse en sectores liberales de la política de su tiempo, ya que los absolutistas se agruparon en torno a su cuñado Don Carlos y lo nombraban legítimo rey. Aún así, el gobierno liberal empezó a funcionar con María Cristina. Las primeras medidas fueron aplicadas por el gobierno reformista de corte conservador encabezado por Cea Bermúdez, que permitió, entre otras cosas, la nueva configuración de, por ejemplo, provincias españolas diseñada por el ministro de Fomento Javier de Burgos en el año 1833.

Y al año siguiente se estableció el Estatuto Real de Martínez de la Rosa, que no era más que una carta otorgada, caracterizada, por ejemplo, por establecer dos cámaras: una elegida por voluntad regia y la otra por sufragio censitario muy restringido, y también por el hecho de que la Corona obtendría importantes prerrogativas en el poder ejecutivo. En 1836, debido al problema de la guerra carlista, a los reclutamientos para la defensa del régimen de María Cristina, a los descontentos populares y a las manifestaciones anticlericales, se acabó produciendo el Motín de la Granja, encabezado por progresistas, que exigieron a la Corona y a María Cristina la aceptación de la Constitución de Cádiz de 1812. Sí, sí, aún seguía en el recuerdo de los españoles.

María Cristina hubo de aceptar este gobierno progresista encabezado por Calatrava, que asumiría el gobierno y facilitaría la creación de una nueva Constitución, la de 1837, que reflejaba el ideario de este grupo político, con un Congreso elegido por sufragio censitario abierto, aunque con un Senado al que solo podía votar un pequeño grupo de la sociedad. En esta carta magna se aprobaba el mantenimiento de la Iglesia por parte del Estado, así como la creación de una Milicia Nacional, que se suponía que salvaguardara al régimen progresista, y por último, también establecía la elección de los alcaldes en los municipios mediante votación popular.

Pero el verdadero problema de la Regencia de María Cristina no estaba en el asunto de la dirección política del país o de la Constitución, sino que aparecería en el campo de batalla. Los carlistas, como ya sabes, se sublevaron en el año 1833 tras la muerte de Fernando VII y basaban sus argumentos en que su hermano Don Carlos era el legítimo heredero al trono. En 1833, por tanto, se producen los primeros levantamientos en zonas vascas, encabezadas por Zumalacárregui, navarras y del Maestrazgo, que supusieron unas victorias iniciales de los carlistas contra el ejército liberal.

Esta etapa termina en 1835 con la muerte del propio Zumalacárregui en pleno asedio de Bilbao. Se inicia, por tanto, una segunda etapa en el conflicto hasta 1837, donde se producen expediciones carlistas con avances de caballería por el territorio peninsular con el posible objetivo de levantar a la población para que apoyase sus prerrogativas. Estas expediciones carecieron de cohesión e incluso se realizó una expedición real a Madrid, que tenía como objetivo negociar el matrimonio de la futura reina con el heredero Don Carlos y que se saldó en fracaso.

Para entonces, la figura del General Espartero, que apoyaba al bando liberal, ya había surgido como director de las actividades militares de este bando que defendía a María Cristina. Espartero defendió posiciones y entre 1837 y 1839 la última etapa del conflicto fue sofocando los núcleos hasta que planteó un entendimiento con los rebeldes, que se firmaría finalmente en el Convenio de Vergara del verano de 1839, entre el propio Espartero y el General carlista Maroto, donde buena parte de los sublevados acabarían finalmente deponiendo las armas y reintegrándose en el ejército o jubilándose con una buena paga.

Esta aceptación dividió a los carlistas en dos grandes grupos: primero, los transaccionistas, sabedores de la dificultad de vencer y que aceptaban finalmente el acuerdo de Vergara y sus prerrogativas; y por último, los apostólicos, férreos defensores del absolutismo y de la figura de Don Carlos, que siguieron, como puedes imaginar, defendiendo sus ideas. Finalmente, el conflicto seguirá hasta 1840, hasta que el general carlista Cabrera, que no había acatado el acuerdo de Vergara, fue vencido. El asunto carlista resurgirá en 1847 y 1860 con la Segunda Guerra Carlista y entre 1873 y 1875 con la Tercera, siempre por motivos de sucesión al trono español y de defensa del Antiguo Régimen.

La victoria de Espartero iba a facilitar, por tanto, su acceso a mayores poderes políticos en España. Él, un progresista convencido, se iba a enfrentar con la mismísima regente por la Ley de Ayuntamientos en el año 1840. Este enfrentamiento le posibilitó apoyos que le llevaron finalmente a la regencia entre 1840 y 1843, pero careció del apoyo de los moderados, además de aplicar medidas de dudosa legalidad como la falsificación electoral, el nepotismo y algunas técnicas de caudillismo, lo que acabó costándole finalmente la regencia fue la gestión de las protestas urbanas en Barcelona en 1842, pues las reprimió con violencia y usando para ello al ejército.

Finalmente, en 1843, el General Narváez encabezó una manifestación contra Espartero, que se vio obligado a exiliarse, dando por comenzada la llamada Década Moderada, en la cual se proclamó además la mayoría de edad de Isabel II, por lo cual no necesitó a partir de entonces una regencia para reinar.

El reinado de Isabel II se caracterizará a partir de entonces por una marcada inestabilidad en el gobierno, ya que nos encontraremos con más de 50 ejecutivos diferentes durante los 25 años que durará su reinado. Algo que la nueva reina tenía muy claro y que había aprendido de su madre era la búsqueda permanente de apoyos entre el partido moderado, mientras que la respuesta por parte del partido progresista iba a ser la de los pronunciamientos. Esta etapa se inició con la dirección de Narváez, líder y símbolo del partido moderado. Las medidas que se tomarán a partir de entonces en este periodo serán las siguientes: por un lado, la creación de la Constitución de 1845, que analizaremos más adelante; por otro, la aprobación de leyes orgánicas de importancia como la recuperación de la división provincial de 1833, la centralización de la Administración, la creación de la Guardia Civil en el año 1844 y la creación de un nuevo sistema fiscal mediante la reforma de Hacienda. También se firmó el Concordato con la Santa Sede.

Un hecho característico de este periodo es la exclusión que sufre el partido progresista por parte de los moderados en el gobierno. En 1846, la reina contrae matrimonio con Francisco de Asís. Refiriéndonos a la Constitución de 1845, podemos fijar sus características en las siguientes: por ejemplo, rompe con los logros progresistas de la de 1837; niega, por ejemplo, la soberanía nacional, imponiéndose la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes; se produjo una declaración de derechos limitada; la Corona, por ejemplo, tenía iniciativa legal, podría, por ejemplo, sustituir a ministros; el Estado se consideraba católico confesional y el gobierno se establecía en un sistema bicameral: por un lado, el Senado elegido de forma directa por la reina y, por otro, el Congreso con un sufragio censitario muy restringido. Por tanto, hablamos de la pérdida de independencia tanto del poder ejecutivo como legislativo y judicial.

A principios de la década de 1850, presenciamos un desgaste de los moderados en el poder, que se combina con el alza de los precios del grano producido en 1854, lo que generará un fuerte descontento social. A estos se le añade, además, una marginación hacia los progresistas, pues no se contaba con ellos para el ejercicio del poder ni para la toma de decisiones y medidas del gobierno, y no podemos olvidar tampoco los casos de corrupción política que estallaron entre los moderados. Todo esto provoca un importante descontento político que se hace realidad con la llamada Vicalvarada, es decir, un pronunciamiento llevado a cabo en junio de 1854, encabezado por O'Donnell, y que presentará a la reina unas exigencias recogidas en el Manifiesto de Manzanares, en el que nos encontramos las siguientes peticiones: por ejemplo, un trono que gobierne de forma transparente, la mejora de la ley electoral y de imprenta, rebajar los impuestos, descentralizar la administración y dar mayor estabilidad a los empleos públicos.

Ante esta situación, Isabel II accedió a las peticiones y dio el poder a Espartero y O'Donnell de forma compartida entre ambos. Así es como se inició el Bienio Progresista, en el que se aprobaron importantes leyes de carácter económico, como por ejemplo la Ley de Ferrocarriles, la Bancaria y la de Sociedades, así como también se aprobó la desamortización de Madoz en 1855. Uno de los intentos más significativos de esta etapa fue el de crear una Constitución que llegó a ser redactada, pero nunca vio la luz. Esta fue la Constitución Non Nata de 1856, cuyas características serían, por ejemplo: la soberanía nacional, la ampliación de derechos ciudadanos, la separación de poderes con un Senado autónomo y directo, el restablecimiento de la Milicia Nacional independiente y, por ejemplo, la libertad de prensa.

Sin embargo, el incremento de las diferencias entre Espartero y O'Donnell acabó por convertir en una ruptura a este gobierno, que llevó al propio O'Donnell a fundar un nuevo partido, la Unión Liberal. Esta fractura política se acompañó con huelgas, enfrentamientos entre patronos y obreros e incidentes en el campo, lo que acabó por desgastar al gobierno personalista de Espartero e hizo que la reina lo destituyera.

A continuación vendrá un nuevo gobierno que será liderado por Narváez entre 1856 y 1858, mientras que O'Donnell pretendía reformar la recién restablecida. El periodo será una alternancia en el gobierno entre Narváez y la Unión Liberal de O'Donnell. La etapa más significativa es el gobierno largo entre 1858 y 1863, unos años de llamada prosperidad económica, de importancia de actividad internacional y caracterizado por una política pragmática. Sin embargo, el desprestigio que estaba sufriendo la Corona llegó a su punto culminante y se llevó por delante también el papel del gobierno.

Pero además se produjeron problemas específicos como la Noche de San Daniel en 1865, una protesta estudiantil que desencadenó en una tragedia, y el intento de liberación encabezado por Prim en el cuartel de San Gil en 1866. Por si esto fuera poco, algunos partidos políticos de oposición se reunieron en Ostende para firmar un acuerdo con el que destronar a Isabel II y este sistema bipartidista del que se caracterizaba su gobierno, cosa que ocurrirá en 1868.

Esta etapa terminó finalmente con la Revolución Gloriosa llevada a cabo el 18 de septiembre de 1868, en la que el Almirante Topete y los generales Prim y Serrano realizaron un pronunciamiento en Cádiz, que se acabó extendiendo por la Península, acompañado de manifestaciones populares. Estos sublevados pretendían un cambio de tendencia a la democracia y se enfrentaron al ejército de la reina, quien sufriría finalmente una gran derrota en la Batalla de Alcolea, provocando la caída de su reinado y obligándola a abdicar y a exiliarse del país.

Nos encontramos frente a una etapa bastante agitada, debido a que este periodo, como vimos en el vídeo anterior, comenzó con una revolución, la Gloriosa, que destronó a la Reina Isabel II, obligándola por tanto a abdicar e implantó una nueva monarquía que finalmente acabaría con el establecimiento de una República. Además, fue una etapa en la que nos encontramos con graves problemas económicos y sociales, en parte porque en este momento se producen conflictos de gran envergadura, como puede ser, por ejemplo, la Guerra de Cuba, la Tercera Guerra Carlista o la Sublevación Cantonal. Pero vayamos por partes.

Recordemos que en el vídeo anterior lo terminamos con aquella Revolución Gloriosa, encabezada por el General Prim. La revolución tuvo como precedente el Pacto de Ostende, firmado en 1866 por el Partido Demócrata y los Progresistas, aunque en 1867 se le uniría la Unión Liberal, una vez falleció O'Donnell. El objetivo de los firmantes de este pacto era acabar con la monarquía de los Borbones, debido a una multitud de problemas que se habían ido produciendo durante el siglo XIX en España y de los que culpaban precisamente a los reyes.

La deriva de la tensión política estalló el 18 de septiembre de 1868, momento en el que se produjo un pronunciamiento militar en Cádiz, liderado por el Almirante Topete y por los generales Prim y Serrano. Este levantamiento contagió rápidamente a toda Andalucía y al litoral mediterráneo, donde se fueron formando juntas revolucionarias acompañadas de manifestaciones populares. Los sublevados de Cádiz presentaron un programa con unos objetivos a alcanzar y entre ellos podemos destacar, por ejemplo, la implantación del sufragio universal, la libertad de prensa, el derecho de asociación, la libertad de comercio o la abolición de las quintas de reclutamiento, así como también la desaparición de los impuestos al consumo.

La respuesta del ejército borbónico no se hizo esperar y respondieron a los sublevados, pero fueron vencidos por estos en la Batalla de Alcolea el 28 de septiembre de 1868, provocando por tanto el destronamiento de la reina y generando un vacío de poder que debía ser llenado. Esta ausencia de poder, por tanto, no fue solucionada inmediatamente, ya que aparecieron dos poderes paralelos: por un lado, aquellos que dirigieron la sublevación de Cádiz y que estaban formados por miembros del Partido Progresista y de la Unión Liberal; y por otro, las juntas revolucionarias formadas tras el pronunciamiento de Cádiz y entre las que podemos destacar a los miembros de ideas democráticas e incluso republicanas.

El Gobierno Provisional intentará formarse, estando dirigido en primer lugar por Prim y por Serrano y contando con la participación de civiles, pero deberá llegar a algún acuerdo con las juntas para evitar esa dualidad que se había generado. Por tanto, el Gobierno Provisional llegó a un acuerdo con las juntas revolucionarias para que estas se disolvieran. Se celebraron unas elecciones en junio de 1869 mediante sufragio universal masculino, que dieron como resultado el apoyo a la coalición antiborbónica.

Se formó un Gobierno Provisional, presidido por Serrano, y se nombró a Prim como Presidente del Gobierno y a Topete como Ministro de Marina, mientras que se nombraba a Serrano como Regente a la espera de la elección de un nuevo monarca. Las primeras medidas tomadas por este primer gobierno fueron, por ejemplo, el decreto de expulsión de los jesuitas, la extinción de los conventos y la libertad de culto, así como también medidas económicas y financieras del ministro de Hacienda Laureano Figuerola, quien creó, por ejemplo, la nueva moneda: la peseta. A vosotros tal vez no os suene, pero yo sí tuve pesetas.

Las Cortes Constituyentes crearán la Constitución de 1869, que se caracterizó por ser la primera de carácter democrático en la historia de España. Sus características, por tanto, fueron las siguientes: se implementaría una monarquía constitucional, pero bajo la idea de soberanía nacional (ya sabéis, la idea de que el pueblo era el que tenía el poder y elegía a los reyes), contando además con un sufragio universal masculino a partir de los 25 años. Se implementarían unas Cortes bicamerales, en las que nos encontraríamos al Congreso y al Senado. Tuvo además una amplia declaración de derechos, la más amplia hasta entonces. Se aplicó la separación de poderes, independizando y democratizando, por último, a la justicia. Esta Constitución se regía bajo el lema de que "el rey reina, pero no gobierna".

Pero te preguntarás una cosa: ¿y el rey dónde está? Pues sí, a partir de entonces había que diseñar una nueva monarquía constitucional con un nuevo rey todavía ausente y, por tanto, se iniciaron conversaciones para proponer a determinados individuos hacerse cargo de la corona española, es decir, se hizo como un casting de reyes. La primera propuesta fue a Espartero, pero esa candidatura fue rápidamente desechada debido a su avanzada edad y a los recuerdos de anteriores participaciones en el gobierno que no dejaron precisamente un buen recuerdo. Fernando de Coburgo fue un firme candidato, ya que encarnaba un sueño muy antiguo perseguido por muchos, que era la Unión Ibérica, es decir, la unión entre España y Portugal bajo un mismo poder, pero también fue desechado. Otras personas, por ejemplo, el Duque de Montpensier o Leopoldo de Hohenzollern, también fueron rápidamente rechazados debido, por ejemplo, a la fuerte presión de Francia, que no quería tener a un rey Borbón en España ni tampoco a un rey alemán. Finalmente, el candidato elegido sería Amadeo de Saboya, hijo de Víctor

Manuel Segund de Italia con ideas liberales y que contaba con el firme apoyo de Prim. A pesar de todo esto, el gobierno progresista se encontró con diversos problemas. El primero fue el descontento de los republicanos, así como también un rebrote del carlismo, ya sabéis, aquella ideología que pretendía una vuelta al absolutismo. Junto a diversas crisis debido a las malas cosechas, destacamos también el inicio del movimiento obrero en España y de los motines urbanos debido a la carestía y a la escasez, así como también contra los impuestos de consumo y contra las Quintas de reclutamiento. Ya sabéis, de aquellos soldados que iban a las guerras en la mayoría de las ocasiones, eh, contra su voluntad. Y por último, tenemos que destacar la Guerra Grande de Cuba, que ocurrirá entre los años 1868 y 1878 contra el ejército español y que, para hacer frente a ella, se necesitaron soldados que se extrajeron de aquellas Quintas de reclutamiento.

En octubre de 1870, las Cortes eligieron a Amadeo primero como monarca y su persona, al igual que sus medidas, se sustentaban en la figura de su principal valedor, Prim. Pero ojo, aquí viene uno de los momentos más trascendentales del devenir político de España en la edad contemporánea y más misteriosos. Como ya sabéis, Prim fue asesinado en diciembre de aquel mismo año, sin que sepamos aún muy bien quién lo hizo. Y ello provocó que el nuevo rey Amadeo perdiese el apoyo más importante que tenía.

A partir de aquí, los problemas de la nueva monarquía se multiplicaron. La aristocracia rechazó al rey por advenedizo. La Iglesia deseó su marcha, ya que tenía ideas anticlericales. El pueblo tampoco lo quiso del todo por ser extranjero. El reinicio de la desamortización en España y el intento de terminar con los mecanismos esclavistas en Cuba provocó también el rechazo de la nobleza rentista y de la burguesía comercial, respectivamente. Además, el partido que lideraba Prim hasta su asesinato sufrió una división interna entre los constitucionalistas de Sagasta y los radicales de Ruiz-Orrilla. Y por si esto fuera poco, el carlismo, que siguió actuando, reinició las hostilidades en 1872. Al final, os podéis imaginar cómo se sentía el pobre de Amadeo: bastante solo. Y es que la combinación de todos estos factores acabó provocando su abdicación en febrero de 1873.

Tras la abdicación del rey, el Congreso y el Senado votaron por abrumadora mayoría la proclamación de la Primera República Española, formando un nuevo gobierno que, entre febrero y junio de aquel año, se estructuró en una coalición entre radicales y republicanos, siendo Estanislao Figueras el primer presidente. Este gobierno republicano de tendencia marcadamente federal, es decir, que daba mucha autonomía a sus regiones, tuvo la oposición frontal de los monárquicos y no pocas críticas de los republicanos unitarios. También el campesinado se radicalizó, ya que identificó a la República con el reparto automático de tierras. Estas oposiciones fueron dejando solos a los republicanos federales en el gobierno, por lo que el gobierno convocó unas elecciones a Cortes Constituyentes para mayo de 1873. En ellas, la abstención alcanzó nada menos que el 60% y supuso una victoria de los republicanos federales, nombrando presidente tras ello a Pi y Margall.

A continuación, se inició la redacción de la Constitución de 1873, que no llegará a ver la luz, pero que tendrá unas características importantes. Por ejemplo, en ella se plasmó el ideario del republicanismo federal, instaurando precisamente como método de gobierno el de la República Federal, en la cual España se dividía en 17 estados, incluyendo entre ellos a Cuba y Puerto Rico, pudiendo elaborar cada uno de estos estados una constitución propia, siempre que estuviera dentro de la Constitución principal. Además, se creó la figura del presidente de la República como jefe de Estado y se reguló su poder, así como también se implementó un sistema bicameral con un Senado que representaría a los 17 estados y un Congreso elegido mediante sufragio universal masculino. El Estado sería confesional y prohibiría el sufragio de cualquier religión, y se incluyó también entre sus medidas el matrimonio civil. Esta Constitución no llegó a aprobarse debido, como decimos, a los problemas políticos, sociales y militares, como por ejemplo el problema en las colonias que tiene España.

Pi y Margall dimitió en julio de 1873 y fue sustituido por Nicolás Salmerón, quien le dio un giro conservador al gobierno, reforzando al ejército y a la Guardia Civil para reprimir los problemas de orden público. En septiembre es nombrado Castelar como presidente y ejerció un gobierno autoritario hasta que el 3 de enero de 1874, el general Pavía dio un golpe de Estado con el que quiso poner fin a la República.

A la hora de estudiar esta Primera República Española, es imposible no citar al movimiento cantonal, un movimiento insurgente que ocurrió en muchas de las ciudades españolas cuyo objetivo fue el de hacer realidad la idea de la República Federal, pero desde abajo, es decir, desde la masa social, en lugar de hacerlo desde el poder político. Para llevarlo a cabo, se formaron poderes locales fuertes y autónomos en muchas de las ciudades españolas, poderes denominados cantones, mediante una sublevación y desobediencia al poder central de la República. Estas rebeliones fueron dirigidas por intelectuales políticos locales de aquellas zonas que se revelaban y estudiantes, pero también participaron en ellas artesanos, tenderos, asalariados, llegando a colaborar con ellos el movimiento obrero incipiente que estaba surgiendo en España. En muchos lugares de toda España fue importante el movimiento cantonal, como por ejemplo en las localidades de Alcoy o Sanlúcar, pero sobre todo fue importante en Cartagena, pues allí la sublevación gozó del apoyo de la Armada y tuvo que ser finalmente duramente reprimida por el gobierno republicano de Salmerón, quien no dudó en contar con el apoyo de generales monárquicos como Martínez Campos o Pavía para someter a los acantonados en aquella ciudad costera. Este movimiento cantonal fue sofocado, como os digo, finalmente durante el verano de 1873.

Un verano en el que la Primera República ya estaba herida de muerte. Como decíamos, en 1874, tras el golpe de Estado de Pavía, se desarrolló un gobierno provisional presidencialista y autoritario conocido como la República del 74, mientras que se abrieron debates de qué sistema era el mejor para el país en el futuro. Políticos de importancia e influencia como Cánovas del Castillo defendieron que la mejor solución era la causa alfonsina, es decir, el regreso de los Borbones con el hijo de Isabel II, Alfonso. El propio Cánovas redactó el Manifiesto de Sandhurst a través del cual pretendía llegar a un compromiso con el príncipe Alfonso para implantar un régimen monárquico constitucional y parlamentario estable en el momento en el que fuera elegido rey. Sin embargo, el general Martínez Campos se adelantó a la firma de dicho documento y ejecutó un pronunciamiento militar en favor del rey Alfonso en la ciudad de Sagunto el 30 de diciembre de 1874. Por tanto, finalmente Alfonso fue proclamado rey Alfonso XII y en 1875 se inició un nuevo periodo en la historia de España conocido como la Restauración.

¿Cómo era la población española durante el siglo XIX? A lo largo de todo el siglo, la población de nuestro país pasó de 10 a 20 millones de habitantes, aunque lo hizo a un ritmo más lento que los demás países industrializados de Europa occidental. La sociedad también se transformó y los estamentos propios del Antiguo Régimen, que ya vimos en vídeos anteriores, dieron paso a una moderna sociedad dividida por clases, propia de una sociedad capitalista. Estas clases eran las siguientes: en la cúspide seguimos colocando a la nobleza, que había perdido parte de sus antiguos derechos señoriales, pero que había acrecentado su poder económico gracias a la desamortización, que veremos más adelante, y que se integró en los grupos dirigentes de la sociedad burguesa. El otro gran estamento privilegiado, la Iglesia, también perdió parte de su poder económico y su influencia en la sociedad como consecuencia de esas desamortizaciones, que veremos, reduciendo por tanto su influencia en la sociedad y, sobre todo, en la nueva clase proletaria y entre los sectores intelectuales. Como podrás imaginar, las clases burguesas adquirirán el papel de nuevas clases dirigentes. Con esta estructura de la sociedad que se configuró a lo largo del siglo XIX, si a principios de siglo adoptó posturas políticas que tendían a acabar con los antiguos privilegios de la Iglesia o de la nobleza, desde mediados de siglo se produjo un desplazamiento hacia posiciones cada vez más conservadoras. De entre los burgueses podemos destacar por tanto a una alta burguesía que estaba constituida por la burguesía industrial, financiera, altos cargos militares o de la Administración. Muchos de ellos buscaban el ennoblecimiento y la equiparación social de su clase con la antigua aristocracia, es decir, con la nobleza. Las llamadas clases medias fueron un sector poco numeroso, constituido por comerciantes, dueños de talleres, mandos intermedios del ejército, empleados públicos, abogados, médicos, etc., que ocuparon la cúspide social, sobre todo de las ciudades. Por último, en cuanto a la clase burguesa, nos encontramos con una pequeña burguesía de tenderos y artesanos muy numerosos, empleados también de talleres de escasas dimensiones con una mínima mecanización y que estaba presente en todas las poblaciones.

La mayor parte de la población, las llamadas clases populares, estaba constituida en primer lugar por el campesinado y en zonas industriales por los obreros. Los campesinos, en gran parte jornaleros, continuaron ocupando el estrato más bajo de la escala social. Sus condiciones de vida eran, en la mayoría de las ocasiones, míseras, lo que provocó muchas revueltas en el campo. En cuanto a los obreros, el número de obreros industriales creció enormemente a partir de mediados del siglo XIX, sobre todo en Cataluña. Eran antiguos campesinos o artesanos que migraron a las ciudades en el llamado éxodo rural del siglo XIX en búsqueda de mejores condiciones de vida y salarios más altos. Sin embargo, las condiciones de trabajo en las fábricas y de vida en sus míseras viviendas eran tan terribles que poco a poco fueron tomando conciencia de su injusticia y de la situación que vivían, y ello contribuyó a la aparición de asociaciones para la defensa de sus derechos, por ejemplo, los primeros sindicatos que veremos en vídeos próximos. Por último, dentro también de las clases populares, tenemos que destacar, por ejemplo, el servicio doméstico, donde abundaban sobre todo las mujeres, por no decir las únicas que desempeñaban sus tareas en familias nobiliarias o de la alta burguesía y también en las de las clases medias.

Como podrás comprobar, los cambios económicos ocurridos durante el siglo XIX tuvieron gran influencia en la sociedad y de entre estos cambios tenemos que citar a uno: el producido a partir de las llamadas desamortizaciones. El desarrollo de las desamortizaciones en nuestro país obedece a una necesaria consecuencia del proceso de cambio económico que tuvo lugar en Europa y que se originó en un principio en Gran Bretaña a mediados del siglo XVII. En aquel país se produjo la Revolución Industrial, como ya sabrás, provocando modificaciones de indiscutible importancia que no solo afectarían al desarrollo de este país, sino que también tendrían un gran impacto en otras zonas de Europa y también del mundo. La esencia de este cambio aparece en el modelo económico del liberalismo, en el que se pasó de un sistema de economía agraria a uno de base industrial, lo cual también modificó las formas de producción, los tipos de propiedad y la organización social, como ya habéis visto. Pero un cambio de esta magnitud tardaría en llegar a España, ya que el desarrollo económico en nuestro país fue bastante lento durante el siglo XIX.

Podemos distinguir en esta centuria tres grandes etapas en las que respecta precisamente a este desarrollo económico. Entre 1800 y 1830 se produjo una interrupción del crecimiento económico derivado por la Guerra de la Independencia Española y la consecuente pérdida de los territorios coloniales del centro y del sur de América. Entre 1830 y 1875 aparecerá un crecimiento importante de la burguesía industrial, enriquecida con las inversiones y beneficios empresariales, que se opondrá a la clásica oligarquía terrateniente. Entre 1875 y 1914, un periodo que veremos en el vídeo posterior, se produjo un gran desarrollo del sector industrial, sobre todo, por ejemplo, de la siderurgia vasca y de la industria catalana. No obstante, los mayores retos económicos de España durante el siglo XIX estaban en el sector primario, por ejemplo, la agricultura. Y es que observamos, por ejemplo, hasta cinco crisis de subsistencia en la agricultura nada más que en la segunda mitad del siglo XIX, que se combina con un sistema de propiedad de la tierra que se hereda del Antiguo Régimen que veíamos antes, es decir, en el que los propietarios de la tierra son, por ejemplo, la Iglesia o una nobleza rentista que es muy reacia a invertir y a producir más en sus tierras.

Serán los gobiernos liberales que se producirán en el siglo XIX quienes detectarán el gran problema que ocurre precisamente en las tierras, pues el porcentaje de campesinos sin tierra, llamados jornaleros, era tan alto que no permitía un flujo económico que llevara al crecimiento. Y la propiedad de la tierra, ya sabéis, en la nobleza o en la Iglesia, que estaba en manos muertas, es decir, que era improductiva, generaba asimismo una situación muy improductiva en la economía. Esta realidad llevó a los gobiernos, primero reformistas y luego liberales, a pretender una reforma agraria que provocase el paso de las tierras de dominio señorial a una propiedad privada de tipo capitalista. Este procedimiento se haría a través de la disolución del régimen señorial de propiedad de la tierra y la desvinculación de la tierra de manos improductivas mediante unas medidas que recibirán el nombre de amortizaciones.

Estas desamortizaciones serán fundamentalmente dos: la de 1836 y la de 1855, que se basaron teóricamente en la expropiación forzosa de los terrenos para ser divididos y puestos en subastas públicas. Ya durante las Cortes de Cádiz o el Trienio Liberal, que veíamos antes, se plantearon desamortizaciones de bienes de mayorazgo o de propiedades eclesiásticas, pero no fue hasta 1836 cuando esta medida pudo llevarse a cabo. Precisamente en 1836 se promulgó la desamortización eclesiástica de Mendizábal. Con la llegada del gobierno liberal progresista durante la Regencia de María Cristina, se emprendió este ambicioso proyecto de desamortización. Los objetivos que pretendía se centraban en la financiación de la guerra carlista que se estaba llevando a cabo en aquel instante, así como también disminuir la enorme deuda pública del Estado. Pero también aparecía un objetivo sociopolítico, como ya hemos visto, pues estos progresistas pensaron que promover esta medida facilitaría incrementar una base social implicada e identificada con ese liberalismo que pretendían asentar en el país. El proceso se inspiró en el modelo inglés, país que servía de referencia en muchos aspectos para los políticos liberales de nuestro país. Los bienes afectados fueron los del clero regular y secular, ya sabéis, casas, monasterios, conventos, obras de arte, libros que pertenecían a la Iglesia. En 1837 se aplicó a las órdenes también femeninas. Esto se acompañó con la disolución y la incautación del patrimonio de las órdenes religiosas, excepto las dedicadas a la enseñanza y a la asistencia hospitalaria.

El procedimiento que suele ser el general en estos casos es el siguiente: en primer lugar, se nacionalizó el bien mediante una expropiación forzosa. En segundo lugar, se dividió en diferentes propiedades más pequeñas que se tasaban y se vendían en subasta pública. El pago en la subasta se realizaba o bien en metálico o bien en títulos de deuda. Esta desamortización se irá incrementando hasta 1844 y el volumen de ventas definitivo se movió entre los 3.500 y los 4.000 millones de reales. La Iglesia, como podrás imaginar, se opuso a estas medidas y no fue hasta el año 1851 cuando acabó reconociendo esta desamortización con el Concordato con la Santa Sede.

En 1855 se llevó a cabo la Desamortización General de Madoz. Esta nueva desamortización, llevada a cabo durante el Bienio Progresista que ya habíamos visto antes, tenía como objetivos el saneamiento de la Hacienda, la inversión en el necesario ferrocarril que podía posibilitar un avance económico en España y la amortización de la deuda pública que seguía existiendo. Los bienes afectados serán por un lado los de propiedad municipal, es decir, las tierras de los bienes comunales de los municipios. También se incluirá el resto de bienes eclesiásticos que no se desamortizaron, las cofradías o las instituciones benéficas. El pago de las desamortizaciones en el momento de la expropiación se hizo en metálico, aunque hubo algunas excepciones en las que se emitió deuda pública pagadera en años posteriores, como también ocurrió con la anterior desamortización. Esta desamortización estuvo vigente nada menos que hasta 1926 y el volumen de bienes desamortizados fue mayor que la anterior desamortización de Mendizábal.

¿Cuáles fueron las consecuencias de las desamortizaciones en España? Con respecto a la economía, se logró transformar la propiedad amortizada, que ya sabes venía del Antiguo Régimen, en propiedad privada, lo que produjo un cierto desarrollo de la agricultura al aumentar la superficie cultivada y la productividad de la tierra. No obstante, la tierra siguió concentrándose en pocas manos y las desamortizaciones no consiguieron redistribuir del todo las propiedades. Tampoco solucionó, asimismo, el grave problema de la deuda pública de España, que era uno de los objetivos de estas medidas. En lo referente a la política, aumentó el número de partidarios a la causa liberal, especialmente entre los compradores de tierras, que eran básicamente burgueses y también nobles. En el ámbito social, los principales beneficiados de este proceso fueron los que acumularon la mayor parte de la tierra subastada, es decir, la nobleza y también la burguesía. La nobleza no perdió propiedades, sino que además pudo mantenerlas e incrementarlos en los terrenos, como era la intención del gobierno, creciendo por tanto el número de terratenientes, así como la extensión de los latifundios y los subarriendos a jornaleros. También se vio beneficiada la burguesía, que pudo ampliar sus propiedades, aunque en menor cuantía que la nobleza.

¿Cuáles fueron los grupos que se vieron más perjudicados con estas medidas? En primer lugar, la Iglesia, que perdió su patrimonio, pero que fue compensada por el Estado con subvenciones del culto y del clero y con una mayor importancia que adquirió en el ámbito educativo. Y también nos encontramos con el campesinado, que notó un empeoramiento de las condiciones económicas, pues desaparecieron los bienes comunales y se multiplicó la masa de jornaleros. En lo referente a la cultura, las desamortizaciones propiciaron la pérdida, el expolio y la dispersión del patrimonio.

Campos dio un pronunciamiento en nombre del rey Alfonso XII. Algún tiempo antes, el político conservador Antonio Cánovas del Castillo llegó a un compromiso con el propio Alfonso, hijo de Isabel II, para instaurar un régimen monárquico constitucional y parlamentario estable, además, en el momento en que fuera elegido rey. Cosa que ocurrió en enero de 1875, cuando, después de aquel pronunciamiento, las Cortes españolas proclamaron a Alfonso XII como rey de España. Dio comienzo con ello el periodo conocido como la Restauración Borbónica. El nuevo régimen político fue diseñado por el propio Cánovas del Castillo con el objetivo de superar los problemas de la monarquía de Isabel II, la madre del rey, que como ya sabéis tuvo que exiliarse y se montó un gran lío, ya sabéis, esa inestabilidad política o el intervencionismo del ejército. Por ello, las primeras medidas tomadas por Antonio Cánovas, eh, fueron las siguientes: por ejemplo, acabar con las Guerras Carlistas, intentando unificar además a todos los monárquicos bajo la figura de Alfonso XII, consiguiéndolo en 1876. Además, llegó a un acuerdo con los independentistas cubanos mediante la Paz de Zanjón de 1878, como ya sabéis, en la colonia cubana se luchaba en la llamada Guerra de los Diez Años tras una insurrección cubana que España no pudo atajar definitivamente hasta este momento. Por otra parte, se llevaron a cabo también una serie de medidas políticas, como por ejemplo, un mayor apoyo a la Iglesia, la prohibición de periódicos que se opusieran al sistema o al Estado español, la creación de tribunales especiales, conseguir el apoyo del ejército para ello, unificándola, y ayuntamientos despidiendo a aquellos que participaron en la Primera República Española.

A pesar de estas primeras medidas, Cánovas buscaba plasmar las características del nuevo régimen en una nueva Constitución que favoreciera la estabilidad política soñada. Esta fue la Constitución de 1876 y cuyas características principales fueron las siguientes: en primer lugar, la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. La elección a través de sufragio universal masculino a partir de 1890, el sufragio primero algo más restringido y a partir de 1890 universal masculino. Era un sistema además bicameral, donde el Congreso era elegido en sufragio y el Senado tenía dos tercios de sus componentes elegidos por designación real o por derecho propio. Además, establecía a España como un Estado confesional católico, en la que se permitían otros cultos privados. Por otro lado, también designaba cuál era la figura del rey: inviolable jurídicamente, mando supremo de las fuerzas armadas y con poder de intervención en los poderes políticos, como ya sabéis, designando ministros o nombrando funcionarios. Recogía además ciertas libertades básicas como el derecho a imprenta, a expresión, a asociación o a reunión.

Por tanto, el sistema político canovista era un sistema fundamentalmente bipartidista, inspirado en el Reino Unido. Para ello, se crearon dos partidos políticos que van a colaborar con el régimen y que, junto a la alta burguesía, acabarían pues formando una oligarquía. Los dos partidos principales eran los siguientes: por un lado, el Partido Conservador, cuyo líder era precisamente Antonio Cánovas del Castillo, el hombre fuerte del régimen, y que estaba formado por la alta burguesía, la burguesía terrateniente, el alto funcionariado o la nobleza. Por otro lado, nos encontramos con el Partido Liberal o Partido Progresista, cuyo líder era Sagasta Mateo Sagasta, y que estaba compuesto por la burguesía media industrial urbana, fundamentalmente. Se correspondía también con aquellos progresistas de época de Isabel II.

Esta oligarquía y este sistema, además, favoreció una corrupción sistemática del sistema, una corrupción electoral a través de la cual se cocinaban las elecciones, ya que se sabía o se buscaba al ganador antes de celebrarlas. De la misma forma, una práctica muy habitual de este régimen era conocida como el caciquismo, es decir, los terratenientes y burgueses dueños de tierras obligaban a su campesinado y a los trabajadores de sus zonas urbanas o rurales a votar al partido decretado por las elecciones de aquel momento. Otra práctica de fraude electoral era la conocida como el pucherazo, donde se eliminaban, por ejemplo, votos de una urna o se añadían votos, por ejemplo, de fallecidos. Como ya habéis conocido anteriormente, este sistemático fraude electoral nos imposibilita para hablar del sistema de la Restauración como un sistema democrático, ya que no se cumplían las condiciones para hablar de democracia.

Como ya sabéis, Alfonso XII era el rey de España por aquel entonces, con este sistema de Restauración, hasta que en el año 1885 murió de forma sorpresiva. Su hijo, Alfonso XIII, el futuro rey, será un bebé, por lo que su madre, María Cristina, asumió la Regencia. A pesar de ello, nos encontramos con una gran oposición de algunos colectivos y partes de la sociedad española a este régimen de Restauración, que eran los siguientes: por un lado, el carlismo. Sí, sí, los carlistas de verdad, otra vez, ¡qué pesados! Aquellos que se opusieron al régimen, ubicándose a la derecha del Partido Conservador de Cánovas. A pesar de que fueron derrotados militarmente, muchos de sus líderes se fueron a Francia y desde allí conspiraron mediante la propaganda e introduciendo armas de manera clandestina en España con el objetivo de instaurar un régimen tradicionalista y antiliberal. A pesar de ello, ya no tuvieron muchos apoyos en España. Por tanto, al carlismo no le quedó más remedio además que trasladarse a la política, fundando, por ejemplo, el Partido Tradicionalista por Ramón Nocedal, con ideología antiliberal, católica y de defensa de la tradición.

Otra de las grandes oposiciones que encontrará el sistema restaurador de Cánovas será el republicanismo. Los republicanos se dividían fundamentalmente en tres: por un lado, el republicanismo histórico o posibilista, dirigido por Castelar, y que estaban a favor de una democracia, digamos, conservadora. Por otro lado, estaban los federalistas, que presentaban una mejor organización y se acercaban mucho a los obreros, pues buscaban una armonía entre los intereses del capital y del mundo obrero, pero en un partido burgués, por lo que muchos trabajadores abandonarán este movimiento para apoyar, por ejemplo, a partidos obreros como el Partido Socialista, fundado también en este periodo. Y por otro lado, nos encontramos con los republicanos radicales o progresistas demócratas, dirigidos por Zorrilla, que pretendían el cambio a un régimen mediante acciones subversivas.

Otra de las grandes oposiciones al régimen canovista será, por ejemplo, la del movimiento obrero, que se dividirá en dos grandes ramas. Por un lado, nos encontramos con el socialismo, cuyas primeras acciones serán en el año 1874 a través de asociaciones de trabajadores, como por ejemplo, la Asociación de Arte de Imprimir, en la que un tipógrafo llamado Pablo Iglesias, no el Pablo Iglesias actual, lógicamente, es nombrado presidente de la asociación y ve la necesidad de crear un partido político bajo las ideas marxistas, fundando por ello el PSOE en 1879. Sí, el actual PSOE se creó por tanto netamente marxista y defendiendo también la participación política de la clase trabajadora. Para ello tenía tres grandes bases: por un lado, la defensa de la teoría marxista de clases, a través de la cual se buscará transformar la propiedad privada en propiedad colectiva, eliminando además por tanto todas las clases y convirtiéndola en una sola. La defensa también de las medidas inmediatas, como por ejemplo, la lucha por el derecho de asociación o de reunión, la libertad de prensa y también el sufragio universal masculino y femenino. El socialismo encontrará en España un gran apoyo, por ejemplo, en Madrid, en Extremadura o en la actual Castilla-La Mancha. En el año 1868, además, el PSOE creó su sindicato, un sindicato en defensa de los trabajadores, que será el de la UGT, Unión General de Trabajadores, todavía vigente.

El otro gran movimiento obrero que tendrá arraigo en España, no tanto como el socialismo, será el anarquismo, que se basaba en su odio contra el Estado, independientemente de quien lo gobernara. Desarrolló sus acciones sobre todo en el Levante peninsular y en ciudades como Barcelona, Zaragoza o en algunas zonas de Andalucía. En el año 1881, los anarquistas crearon la Federación de Trabajadores de la Región Española, que optó por la vía pacífica y la resistencia solidaria, pero el sector andaluz, por el contrario, fue partidario de la violencia. Por tanto, en tres ciudades españolas, en Jerez, Cádiz y Sevilla, se documentaron en 1883 una serie de asesinatos contra autoridades y miembros de la burguesía por parte de una asociación anarquista conocida como La Mano Negra, o al menos esta es la versión oficial.

Otra de las grandes oposiciones que encontró el régimen de la Restauración fue los nacionalismos y regionalismos. La Restauración fue, como ya sabéis, un sistema que creó una élite militar y política cuyo objetivo, o uno de los principales, fue la búsqueda de la unidad de España, olvidando por tanto las características de la periferia peninsular o de algunas ideas como el federalismo que nos encontramos en la Primera República Española. Por tanto, todas las decisiones que se tomaron en España se hicieron desde Madrid sin tener en cuenta, o eso decían los regionalistas, los intereses del resto del país. Esto afectó sobre todo a los burgueses y propietarios que buscaban obtener un mayor poder en aquellas regiones, como por ejemplo Cataluña o País Vasco.

Por parte, por ejemplo, de un movimiento cultural llamado la Renaixença, nace en Cataluña un movimiento regionalista al que se irán incluyendo personas de diferentes campos intelectuales, articulándose en torno al idioma, el catalán. De aquí surgió el catalanismo político y en él confluyen dos grandes tendencias: por un lado, el federalismo, que entiende a Cataluña como una república dentro de España, y por otro lado, los foralistas, que son defensores de la recuperación de los fueros históricos. Triunfó finalmente las tesis federalistas con Valentí Almirall, siendo el líder del catalanismo moderno con un planteamiento regenerador y autonomista que buscaba eliminar el centralismo de España. Para ello fundó el Centre Català en 1882, que buscaba ser un organismo que estuviese por encima de los partidos políticos catalanes. Sin embargo, la burguesía conservadora catalana fundó la Lliga de Catalunya en 1887. Más tarde surgió la figura de Prat de la Riba, que intentó unificar a los dos grandes grupos fundando la Unió Catalanista. Finalmente, las Bases de Manresa estructurarán todo el nacionalismo catalán posterior.

El otro gran nacionalismo que surgirá en esta España de la Restauración será el nacionalismo Vasco, cuyo mayor representante será Sabino Arana, considerado precisamente el padre del nacionalismo Vasco. Su perspectiva es sobre todo la de la defensa de los fueros y su objetivo es recuperarlos para llegar a la soberanía y con esta alcanzar la independencia del País Vasco. Su lema fue "Dios y ley vieja". Sabino Arana fundó para ello el Partido Nacionalista Vasco, el PNV actual, en 1895, con el que pretendía restaurar el orden jurídico tradicional.

Y tras todo esto, volvamos a uno de los grandes retos a los que se tiene que enfrentar este sistema de la Restauración, que estará de nuevo en Cuba. Tras la Paz de Zanjón en 1878, aquella con la que se firmó la paz en Cuba, los gobiernos españoles tuvieron muchos años para introducir en la colonia cubana algunas reformas defendidas precisamente por los autonomistas de la isla. A pesar de ello, el Estado español siguió legislando para mejorar la situación en Cuba. Por ejemplo, se acabó aprobando la abolición definitiva de la esclavitud y que los cubanos tuvieran representación propia en las Cortes españolas. No obstante, el hecho de que los cubanos tuvieran más autonomía e incluso el establecimiento de un estatuto colonial fue rechazado por las Cortes, sobre todo por el sector conservador. Ello hizo que las tensiones entre la colonia cubana y España aumentaran a raíz de la oposición cubana a los fuertes aranceles que el proteccionismo español imponía para dificultar, por ejemplo, el comercio con Estados Unidos, el principal comprador de productos cubanos.

A finales del siglo XIX, en el año 1892, José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, protagonista de la revuelta independentista iniciada en febrero de 1895. El gobierno presidido por Cánovas respondió enviando al ejército a Cuba, al frente del cual se hallaba el general Martínez Campos, el militar considerado más adecuado para poder combinar la represión militar con la flexibilidad necesaria para llegar a acuerdos que pusiesen fin a este levantamiento. La falta de éxitos militares decidió un relevo de Martínez Campos por el general Valeriano Weyler, que llegó a la isla con la voluntad de emplear métodos más contundentes y dramáticos que acabasen con la insurrección. Tras el asesinato de Cánovas, ocurrido en agosto de 1897, el nuevo gobierno de España, presidido por Sagasta, decidió probar a la desesperada la estrategia de la conciliación, relevando para ello a Weyler y concediendo a Cuba y Puerto Rico gobiernos autonómicos.

Coincidiendo con la insurrección cubana, también se produjo una insurrección en Filipinas. Y toda esta situación, ¿quién la aprovechó? Pues el país más listo por aquel entonces: Estados Unidos. En 1898 se decidió a declarar la guerra a España en favor de sus colonias. El pretexto fue el hundimiento, tras una explosión, de uno de sus buques de guerra, el Maine, anclado en el puerto de La Habana, es decir, de Cuba. Finalmente, los Estados Unidos intervienen en Cuba y en Filipinas, desarrollando una guerra rápida que terminó con la derrota de España en ambas colonias. En diciembre de 1898 se firmó la Paz de París, que significó el abandono por parte de España no solo de Cuba y Filipinas, sino también de Puerto Rico, las últimas colonias que quedaban bajo el control de España y que a partir de entonces quedarían bajo influencia norteamericana.

La derrota de 1898 sumió a la sociedad y a la clase política española en un estado de desencanto y frustración. Para quienes la vivieron, significó la destrucción del mito del Imperio Español en un momento en el que las potencias europeas estaban construyendo sus propios mitos nacionales y sus propios imperios coloniales en Asia y África, por ejemplo, relegando a España a un papel no secundario, sino terciario en el contexto internacional. A pesar de la envergadura del desastre del 98, su significado fue más bien simbólico, pues sus repercusiones no fueron económicas y fueron menores de lo que se esperaba. Aún así, tras el 98 surgieron una serie de movimientos regeneracionistas que defendían la modernización de la vida política española y que contaron con cierto respaldo de las clases medias, con un ideal que quedó ejemplificado en el pensamiento de Joaquín Costa, que propugnaba la necesidad de dejar atrás aquellos mitos de un pasado glorioso para modernizar la economía y la sociedad del país. Este regeneracionismo influyó en el nuevo gobierno conservador de Francisco Silvela, de marzo de 1899, que vino a sustituir al gobierno de Sagasta, al que le había tocado vivir directamente aquel desastre del 98. El gobierno de Silvela introdujo algunas reformas que eran necesarias ante los problemas económicos generados por la guerra de Cuba, como por ejemplo, el incremento de la deuda pública. Aunque algunas medidas que tomaron relacionadas con ello, como por ejemplo la reforma fiscal, se encontró con una fuerte resistencia, por ejemplo, de la burguesía catalana. Ante las críticas a esta reforma, la Regente María Cristina decidió dar el poder a los progresistas, otra vez de Sagasta, mientras que algunos meses después, el 17 de mayo de 1902, al fin Alfonso XIII cumpliría 16 años y con ello se le dio la mayoría de edad, dando comienzo con ello a su reinado.

Comenzaremos con la evolución política de España ocurrida entre los años 1902 y 1909, donde sucedieron continuas crisis de gobierno, ya que durante este periodo se dieron algunos problemas de gran importancia. Por ejemplo, la conflictividad social, ya que se produjeron oleadas huelguistas en Barcelona, en la minería de Bilbao o en el campesinado andaluz. Esto se vio acompañado por el incremento de la afiliación, por ejemplo, a la UGT y al creciente apoyo que iba consiguiendo el PSOE en forma de votos en las elecciones. Por otro lado, tenemos la reaparición de la cuestión religiosa, ya que sectores progresistas interpretaron que la Iglesia tenía demasiado poder en la educación y reclamaban que se redujese esta influencia, que luego se trasladaría a la sociedad por completo. A esto sumamos el problema militar derivado de la pérdida de las colonias, que como ya sabéis ocurrió en 1898, y también combinado con la degradación que sufrió el ejército, que se caracterizaba por tener demasiados oficiales y estar carente de recursos materiales para hacer frente a la situación de seguridad nacional. Y por último, destacaríamos el auge del movimiento nacionalista, debido a que los nacionalismos periféricos incrementarían su fuerza. Por ejemplo, Sabino Arana suavizó su discurso hacia el nacionalismo, dejando de un lado el independentismo, y en Cataluña, la pérdida colonial supuso un gran perjuicio económico para la burguesía, provocando un incremento del sentimiento nacional.

Los problemas se agudizaron hasta el punto de que una caricatura en una revista humorística que fue considerada ofensiva para los militares fue respondida por el asalto de 300 oficiales del ejército a las imprentas de Barcelona. El gobierno aprobó la Ley de Suspensión de Garantías Constitucionales y en 1906 la Ley de Jurisdicciones, considerará el delito contra el ejército como delito contra la patria y por tanto juzgada por un tribunal militar. El pico máximo de los problemas ocurrirán en la llamada Semana Trágica de Barcelona de 1909 y permanecerán constantes hasta la llegada de Miguel Primo de Rivera, que será considerado por la gran mayoría de los grupos políticos como la única posibilidad real de solucionar todos estos problemas que arrastraba el país.

Profundicemos en la Semana Trágica ocurrida, como sabemos, en 1909, y que fue originada debido a diversos eventos principales. Por ejemplo, el éxito del nacionalismo junto al crecimiento de la movilización obrera fueron el caldo de cultivo inicial para estos problemas posteriores. Además, en Cataluña predominó la ideología anarquista dentro del movimiento obrero, por lo que el radicalismo fue aún mayor. Se desarrolló además un crecimiento del sentimiento anticlerical y antimilitarista. Este último se observará sobre todo en la crisis marroquí. El autoritarismo de Maura generará posicionamientos contrarios al gobierno e incluso al sistema de la Restauración. La gota que colmara el vaso de todo esto sería precisamente la crisis de Marruecos, ocurrida, ya que desde finales del siglo XIX se había incrementado la presencia española en la colonia marroquí. Esto requirió un aumento de tropas establecidas en el lugar, generando por tanto un mayor rechazo por parte de la población local, lo que terminaría por estallar en junio de 1909 con un ataque a los trabajadores de la Compañía de Ferrocarril Española en Marruecos. La respuesta del gobierno de Maura a este ataque fue la movilización de soldados reservistas residentes en Madrid y Barcelona, lo que generó protestas en ambas ciudades, pero en Barcelona fue donde se iba a producir con una mayor virulencia, con altercados más graves. Allí, las protestas acabaron en una huelga el 26 de julio que se descontroló cuando parte de los huelguistas atacaron conventos. El día 29 de julio, la situación fue remitida mediante una represión ejemplar. Se llevaron a cabo multitud de registros, se produjeron alrededor de 1.500 detenciones, se firmaron 17 condenas a muerte y cinco personas acabaron siendo ejecutadas por los altercados. Esta problemática acabó por derribar finalmente el gobierno de Maura hacia octubre de 1913.

Tras Maura, Canalejas y el Conde de Romanones, llegó el turno de Eduardo Dato, quien desde el gobierno de España convivió con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Ante este evento bélico se tomó la postura de la neutralidad, ya que la clase política española estaba convencida de la propia debilidad diplomática, económica y militar del país. Sin embargo, había dos posturas entre los políticos españoles: la aliadófila, que apoyaba a los aliados y se identificaba con el sistema liberal y parlamentario, y la germanófila, partidaria de las potencias centrales, que pretendía instaurar el modelo prusiano de orden, disciplina, eficacia y conservadurismo. A pesar de no participar en el conflicto, España disfrutó desde 1915 de una expansión industrial y de exportaciones, aunque esto generó consecuencias sociales negativas, puesto que el regreso de los españoles durante la guerra provocó un incremento del paro que se combinó con una inflación de los precios que no se acompañó con el incremento de los salarios. Estos problemas provocarán el auge de las organizaciones obreras, una vez más, una oleada de protestas en muchos ámbitos y huelgas casi constantes que acabaron generando una gran crisis en 1917.

Continuemos hablando sobre un conflicto conocido precisamente como la Crisis de 1917 y sus consecuencias. Las huelgas fueron en su mayoría iniciadas por el sindicato de la UGT, pero el 27 de marzo de aquel año se produjo una huelga general a la que se sumó además el otro gran sindicato, el de la CNT. Ante una huelga tan masiva, el gobierno suspendió las garantías constitucionales, pero junto al desarrollo de la huelga aparecieron otros problemas. La huelga general fue el principal factor de la crisis, pues la suspensión de las garantías constitucionales que aplicó el gobierno desembocó en una dura represión y en la declaración del estado de sitio con el ejército tomando las calles.

Existió también cierto malestar en el ejército debido a los problemas técnicos que tenía el propio ejército ante la escasez, por ejemplo, de presupuestos que el gobierno le concedía, la falta de expectativas de ascenso dentro del cuerpo militar y los escasos salarios que percibían. Ante tales asuntos, los oficiales empezaron a unirse para defender sus reivindicaciones mediante las llamadas Juntas de Defensa. El 1 de junio de 1917 se publicó un manifiesto que no fue otra cosa que un ultimátum al gobierno para que aceptara sus reivindicaciones profesionales y económicas. El gobierno no accedió finalmente y se detectó una incapacidad de este para mantener la disciplina dentro del ejército, por lo que Alfonso XIII encargó a Eduardo Dato la formación de un nuevo gobierno. El propio Dato reconoció a las Juntas de Defensa como órganos representativos del ejército y accedió a determinadas peticiones de estas. No obstante, estas peticiones fueron a más. Por ejemplo, el 25 de junio, las Juntas enviaron al gobierno un segundo manifiesto en el que le exigían directamente una regeneración de la vida política.

Otro de los problemas se encontraba directamente en el Parlamento. Este asunto surgió de una convocatoria de asamblea solicitada por catalanistas, reformistas, socialistas y republicanos.

Para llegar a una reforma de la vida política, la reunión se llevó a cabo en Barcelona y acudieron 70 senadores y diputados. Donde se acordó exigir un cambio de gobierno y la convocatoria de unas elecciones a cortes constituyentes. El gobierno ordenó la detención de todos los diputados que participaron en esta asamblea.

Aunque más tarde fueron liberados, a los problemas anteriores se unió la constante inestabilidad de los gobiernos, junto a la división de los ministerios ante las reformas que había que llevar a cabo en el país. Pero la puntilla para todo esto fue el desastre de Annual.

Ya lo verás. En 1921, el líder guerrillero del Riff, Abd el Krim, atacó la población de Annual, donde había militares y civiles españoles. En la huida de los españoles, estos fueron masacrados con alrededor de 4.000 muertos. Parece ser que se debió a una traición de la policía rifeña. Además, las tropas de Abd el Krim intentaron tomar Melilla, aunque la movilización de la Legión de Ceuta impidió su objetivo.

El ataque de los rifeños fue un duro revés para el ejército. Pero además, supuso el rechazo al propio conflicto por parte de los partidos como el PSOE o los republicanos, quienes se presentaban a las elecciones defendiendo el abandono de Marruecos.

La crisis de 1917, el desarrollo de la Revolución Rusa y el miedo que esta generó entre los sectores conservadores, y el auge, asimismo, de los fascismos en Europa, junto a la moda de los gobiernos de concentración, fueron los principales factores que crearon un caldo de cultivo para contener la situación de una forma antidemocrática, dando pie finalmente a un golpe de estado.

El golpe de estado de Miguel Primo de Rivera en el año 1923. Profundizando aún más en las causas de aquel golpe de estado, podemos destacar las siguientes. Por ejemplo, en primer lugar, lógicamente, el de Annual. Por otro lado, el auge del nacionalismo Vasco y Catalán también tuvo repercusión, ya que ambos eran contrarios a la concepción militar de un estado español unitario.

Asimismo, el ascenso de los republicanos y los socialistas, puesto que los primeros ponían en jaque a la persona del Rey, máxima autoridad del ejército, también fue determinante. Los segundos, además, podían traer la Revolución Rusa a España, cosa que, como podrás imaginar, generó mucho miedo en muchos sectores conservadores.

Destacamos también la acción, precisamente, del Partido Comunista de España, puesto que el ejército lo consideraba como una extensión de la Rusia comunista. Y por último, la corrupción política, el alza de los precios y el contexto internacional de entreguerras pueden ser considerados como causas que llevaron al golpe de estado de Miguel Primo de Rivera en 1923.

Este golpe de estado se produjo el 13 de septiembre, encabezado, pues, precisamente por Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña. El propio Rey Alfonso XIII apoyó la sublevación, curiosamente, y pretendió que este cambio de rumbo llevase a un nuevo proyecto de regeneración del país como una solución ante los graves problemas que atravesaba.

El programa político de Miguel Primo de Rivera era bastante simple. Se aplicaría una política represiva para poner orden en la vida pública. Se trataría de eliminar el terrorismo y acabar con la guerra de Marruecos. Se suspendería la Constitución de 1876 y se perseguiría al Partido Comunista de España y al sindicato de la CNT.

A partir del golpe de estado, se desarrolló la etapa conocida como Directorio Militar hasta el año 1925, en el que Primo de Rivera fue nombrado ministro único, siendo asistido por un órgano consultivo compuesto por jefes del ejército denominado, como ya sabéis, Directorio Militar. Se declaró en ese momento el estado de guerra, se disolvieron las Cortes y se censuró a la prensa.

Los militares fueron apoyados por las mismas oligarquías terratenientes e industriales que colaboraron anteriormente, como ya vimos en vídeos anteriores, con el sistema de la Restauración. Pero aquí se dio el hecho curioso de que el PSOE y la UGT no pusieron en principio objeciones para que se llevase a cabo este gobierno militar para ordenar al país, al menos lo apoyaron tácitamente.

Las principales medidas del Directorio Militar fueron, por ejemplo, prohibir la bandera y el himno catalán, así como la utilización de la lengua catalana solo en ámbito privado, así como también la persecución del regionalismo al ser considerado por la dictadura como idéntico al separatismo. De la misma forma, se llevó a cabo la formación de un nuevo partido político, la Unión Patriótica, un partido único bajo dirección militar que se inspiró en el Partido Nacional Fascista de la Italia de Mussolini.

Por aquel entonces, el gran éxito del Directorio Militar fue el desembarco de Alhucemas en 1925, que acabó con la resistencia del Rif y, precisamente, con el grueso de la guerra de Marruecos. Este éxito llevó a que en 1925 se sustituyese el Directorio Militar por el Directorio Civil, con el objetivo de institucionalizar y hacer civil la dictadura.

En el año 1927 se creó la Asamblea Nacional Consultiva, que estaba formada mayoritariamente por miembros de la Unión Patriótica, ya sabéis, este nuevo partido, y siguió el modelo del Consejo Fascista italiano. Esta asamblea pretendió ser otra especie de órgano legislativo e incluso que pretendió redactar una ley a modo de institución.

En este periodo se estableció la organización corporativa del trabajo, que sería un sindicato del Estado, un sindicato único que podría existir y funcionaría como árbitro entre la patronal y los sindicatos. El movimiento obrero, en cualquiera de sus vertientes, fue considerado delincuencia y prohibido, por tanto. Además, se creó un cuerpo auxiliar contrarrevolucionario para mantener el orden público en las calles.

Uno de los grandes objetivos del Directorio Civil fue la inversión en obras públicas, como riegos, alcantarillas, dotaciones sanitarias y escolares. Además, se invirtió en el terreno de la política económica, desarrollando medidas intervencionistas, por ejemplo, obras públicas e infraestructuras, favoreciéndole, etc. Estas medidas coincidieron con años de bonanza económica, contagiados por los felices años 20, que provocaron, por tanto, un periodo de...

Te preguntarás, ¿tuvo oposición la dictadura de Miguel Primo de Rivera? Pues, por supuesto. Se encontró con una oposición que se fue configurando paulatinamente y que podemos destacar en los siguientes colectivos. Por un lado, liberales y conservadores, que se iban posicionando en contra de la concentración de poder y la tendencia intervencionista del Estado.

Por otro lado, los republicanos, contrarios a la monarquía, pero todavía con más rechazo a esta institución debido a la colaboración con la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Por otro lado, socialistas y anarquistas, intelectuales de diferentes ámbitos, así como también el movimiento estudiantil.

No obstante, la oposición que más daño le hizo a la dictadura fue dentro del propio ejército, debido a la arbitrariedad de Miguel Primo de Rivera. Pero el problema económico sería finalmente el definitivo, ya que el crack de la Bolsa de Nueva York en 1929, el crack del 29, que ya sabes, contagió a la economía española, que se vio obligada a devaluar la peseta.

La crisis se cebó con los trabajadores, lo que provocó un descontento social muy grave que generó, nuevamente, huelgas. Ante esta situación, Miguel Primo de Rivera presentó su dimisión al Rey Alfonso XIII el 27 de enero de 1930.

Sin embargo, la caída del dictador no significó un inmediato fin de la dictadura, sino que todavía se intentó alargar para poder superar todos estos problemas y la oposición que anteriormente ya hemos visto iba apareciendo. El Rey nombró, por tanto, al general Berenguer como dictador, momento en el que se inició algo conocido como la "dictablanda", es decir, un intento de regresar a la situación de 1923, pero con el restablecimiento de ciertas libertades constitucionales.

Mientras tanto, la oposición iba intentando ganar apoyos. En agosto de 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián, que fue firmado y suscrito por republicanos, socialistas y otros grupos opositores, con el compromiso de derrocar, no ya a la dictadura, sino a la monarquía e instaurar, por tanto, un régimen democrático.

De este pacto derivó la creación de un comité revolucionario que coordinaría el proceso, que estaría dirigido por Niceto Alcalá-Zamora. La situación política era demasiado lenta como para contentar a algunos de los miembros del ejército, por lo que un grueso del ejército llegó a realizar un pronunciamiento militar contra la monarquía en Jaca en diciembre de 1930. No obstante, este golpe fracasó y los capitanes que encabezaron el golpe fueron fusilados.

La respuesta tan dura del gobierno contra los sublevados intensificó la situación de tensión hasta el punto de que Berenguer dimitió el 15 de febrero de 1931. Le sustituyó el almirante Aznar, quien convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Estas elecciones fueron interpretadas como un plebiscito para que la ciudadanía eligiese entre monarquía y república, y ante un resultado victorioso para las opciones republicanas y socialistas en grandes ciudades, acabó llevándose por delante a la monarquía.

Pues, debido a estos resultados, el Rey se exilió de España, aunque sin declarar una abdicación formal, y el 14 de abril de 1931 quedó proclamada la Segunda República Española.

La dimisión de Berenguer el 14 de febrero de 1930 dio comienzo al gobierno del almirante Aznar dentro del reinado de Alfonso XIII, como ya sabes, el cual convocó elecciones municipales el 12 de abril de 1931. En principio, esas elecciones no revestían de la importancia que tendrán luego, pero algunas formaciones políticas las plantearon como un plebiscito sobre la supervivencia o no de la monarquía.

Es por ello por lo que, tras la victoria de partidos republicanos en las principales ciudades del país, Alfonso XIII decidió abdicar momentáneamente del trono español y huir de España, sintiendo, en palabras del propio monarca, que había perdido el favor de su pueblo, nada menos. Así fue como, ante el vacío de poder creado, se proclamó, mediante aquellos líderes que firmaron el Pacto de San Sebastián, la Segunda República Española el 14 de abril de 1931.

Ese mismo día se formó un gobierno provisional presidido por Alcalá-Zamora y formado por los republicanos de izquierdas, republicanos de derecha, socialistas y nacionalistas. Su primer objetivo fue convocar unas elecciones a Cortes Constituyentes. Sin embargo, se planteó la necesidad de realizar reformas, aunque el ambiente social se tensó rápidamente, ya que la CNT promovió huelgas y se produjo un enfrentamiento entre el gobierno provisional y la Iglesia, haciendo que esta se alejara del régimen republicano de primeras.

Además, el sector conservador puso trabas al gobierno y, en mayo de 1931, la tensión social llevó, por ejemplo, a la quema de iglesias y conventos por toda España de manos de sectores anticlericales.

En las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931, el ambiente fue, digamos, algo más tranquilo. El PSOE venció en estas elecciones y la derecha quedó muy reducida y extremadamente dividida. Por el momento, estas Cortes Constituyentes tenían el objetivo de elaborar una Constitución.

La Constitución de 1931, la cual se caracterizó por presentar una soberanía popular, la declaración del Estado español como una República democrática de trabajadores de toda clase, el sufragio universal, primero masculino y luego también femenino, como veremos después, una extensa declaración de derechos y libertades que incluyeron, por ejemplo, el derecho al divorcio o a la educación laica, el establecimiento de unas Cortes unicamerales, existiendo únicamente la del Congreso, el derecho de las regiones a elaborar estatutos de autonomía y, por último, la proclamación de España como un Estado laico, que produjo una separación de la Iglesia y del Estado, desapareciendo el presupuesto para el culto y el clero, prohibiéndose la educación religiosa e implantándose una libertad de conciencia y de culto.

Tras las primeras elecciones, dio comienzo el llamado Bienio Reformista, desde 1931 hasta 1933, que fue una coalición de republicanos y socialistas. Tras las elecciones, el gobierno quedó presidido por Manuel Azaña de Izquierda Republicana y con Alcalá-Zamora como Jefe de Estado en la figura del Presidente de la República.

Las principales medidas que se tomaron en este periodo fueron varias y muy importantes. Comenzamos, por ejemplo, hablando de la reforma del ejército. Manuel Azaña, que también, aparte de la presidencia del gobierno, se reservó para sí el Ministerio de Guerra, lo que hoy sería el de Defensa, pretendió adecuar la cantidad de efectivos militares a las necesidades reales del país, además de implantar la Ley del Retiro de la Oficialidad, haciendo que aquellos militares que quisieran pudiesen retirarse manteniendo el salario íntegro que recibían, mientras que aquellos que pertenecían al ejército debían mostrar su adhesión y fidelidad al régimen republicano.

También se suprimió el Consejo de Justicia Militar con el objetivo de que el ejército quedase bajo el poder del gobierno. Asimismo, la enseñanza militar fue vinculada a la universidad y se cerró la Academia Militar de Zaragoza. Por último, la duración del servicio militar obligatorio se modificó en función de las necesidades de formación de los reclutas.

La reforma agraria fue una de las más importantes y ambiciosas llevadas a cabo por este primer gobierno de la República, puesto que se presentaron varios proyectos y el elegido fue aprobado en septiembre de 1932. En dicho documento se establecieron hasta 13 categorías de expropiación con indemnización para aquellos que tuviesen tierras expropiadas, mientras que las tierras pertenecientes a la nobleza serían expropiadas sin indemnización ninguna.

La complejidad de esta reforma hizo que fuese muy difícil llevarla a la práctica, lo que produjo una gran frustración en gran parte del campesinado, empujándolo, por tanto, a muchos de estos sectores a la radicalización o a la rebelión, como veremos más adelante.

Con respecto a la cuestión religiosa, el gobierno de Azaña pretendía reducir la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad española. Para ello, como ya vimos anteriormente, prohibieron la enseñanza por parte de órdenes religiosas en las escuelas. Los cementerios pasaron a depender de los ayuntamientos y, en un periodo de 2 años, desapareció el presupuesto que se concedía a la Iglesia.

En el año 1933 se obligó a todas las instituciones religiosas a figurar en un registro en el que se les limitaba la posesión de bienes y se contemplaba una posible... de aquellas que pudiesen suponer un peligro para el Estado.

En el campo educativo, se prohibió la intervención de la Iglesia, como mencionamos previamente. La asignatura de religión dejó de ser obligatoria y se creó un programa de construcción de escuelas y contratación de maestros, además de promover una enseñanza mixta, tanto para niños como para niñas. La mejora de la educación fue precisamente uno de los grandes objetivos del nuevo régimen republicano.

En el terreno laboral, Largo Caballero movió diversas reformas laborales, favoreciendo la posición de los trabajadores y los sindicatos en una República que, como ya sabes, se nombraba a sí mismo como una República de trabajadores en su texto constitucional.

Y por último, con respecto a la cuestión autonómica, tenemos que destacar que la represión llevada a cabo por la dictadura de Primo de Rivera supuso un agravamiento de los asuntos nacionalistas que la República también intentó atajar. En Cataluña, dicho movimiento tuvo un mayor peso debido a que agrupó a tendencias tanto de derechas como de izquierdas.

En el año 1931, Esquerra Republicana de Cataluña era la principal fuerza política y elaboró un Estatuto de Autonomía que fue aprobado por el Congreso español en 1932, en el que se traspasaban ciertas competencias a Cataluña, se implantaba el catalán como lengua cooficial y se creaba el Parlament de Cataluña.

En el País Vasco, la tendencia dominante nacionalista era la del PNV, que funcionó durante la Segunda República hacia una democracia cristiana conservadora, aunque por aquellos momentos no se le aprobó ningún estatuto. La cuestión autonómica será una de las principales fuentes de conflicto en el régimen republicano, como verás más adelante.

Este Bienio Reformista, como podrás imaginar, tuvo una fuerte oposición. Una oposición por parte de diversos grupos que mencionaremos a continuación. La derecha tradicional destacaba por la presencia de asociaciones y patronales y por el Partido Radical Republicano de Lerroux.

También podemos destacar a la izquierda revolucionaria, debido a que la CNT llegó a superar el millón de afiliados y continuaba en la línea de la violencia y enfrentamiento con las reformas llevadas a cabo por el gobierno de Azaña, que consideraba insuficientes. Y citamos también al Partido Comunista de España, que, aunque fuese por aquel entonces minoritario, siguió la línea de los partidos comunistas a las órdenes de Stalin, luchando por la instauración de la dictadura del proletariado.

Tampoco tenemos que olvidar la fuerte oposición que llevaron a cabo en este periodo, por ejemplo, los sectores afines a la Iglesia, los sectores monárquicos o simplemente conservadores, asustados por estas reformas llevadas a cabo por el gobierno de Manuel Azaña. El miedo de estos sectores desencadenó, precisamente, una oposición por parte del ejército.

De la República, en agosto de 1932, en Sevilla, el general Sanjurjo intentó realizar un golpe de estado, pero debido a la mala organización y a la falta de apoyo eficientes, no llegó a tener un seguimiento significativo y acabó en un tremendo fracaso y con la encarcelación de sus principales líderes.

No obstante, no fueron los militares los que hicieron caer al gobierno de Manuel Azaña, sino unos sucesos provocados a comienzos de 1933 por la CNT y por la FAI, sindicatos, como deberías saber, anarquistas. Por aquel entonces, estos sindicatos promovieron una serie de actos encaminados a lograr el comunismo libertario en el campo, entendiendo que las reformas agrarias de Manuel Azaña habían sido insuficientes.

En Andalucía hubo levantamientos en varios pueblos, pero en Casas Viejas, en Cádiz, los sucesos ocurridos el 11 y 12 de enero de 1933 fueron muy graves. La sangrienta represión por miembros de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto contra los supuestos cabecillas de la insurrección anarquista, tras los cuales fueron asesinados otras 12 personas y entre los guardias también hubo que lamentar tres fallecidos.

La masacre de Casas Viejas desacreditó al gobierno de Manuel Azaña y contribuyó a su caída, ya que la oposición radical y de la derecha responsabilizó al propio Azaña de los hechos. Estos sucesos desencadenaron el conocido como Bienio Radical-Cedista o Bienio Conservador, que transcurrió entre los años 1933 y 1935.

Para estas elecciones, la derecha se organizó en los dos siguientes partidos. Por un lado, la CEDA, o la Confederación Española de Derechas Autónomas, liderada por Gil Robles y apoyada por la Iglesia. Y por otro lado, la Renovación Española de José Calvo Sotelo, así como también tenemos que citar a la Falange de José Antonio Primo de Rivera y, por último, al Partido Agrario Español.

En las elecciones realizadas en noviembre de 1933, votaron por primera vez las mujeres, cuyo voto se aprobó en las Cortes en 1931, gracias a la labor, entre otros parlamentarios, de la republicana Clara Campoamor. Curiosamente, sectores de la izquierda votaron en contra del sufragio femenino, entendiendo que la mujer aún no estaba preparada para votar en libertad ante la influencia que sobre ellas ejercía aún la Iglesia Católica. No obstante, el voto femenino se aprobó e influyó en las elecciones de 1933, que dieron el triunfo a las derechas.

A pesar de que la CEDA había vencido las elecciones, el Presidente de la República, Alcalá-Zamora, encargó la formación de gobierno al líder del Partido Radical Republicano, Alejandro Lerroux, un partido republicano moderado que podríamos encuadrar en el centro-derecha. Así se formó el pacto por el gobierno entre republicanos moderados y cedistas, es decir, de la CEDA.

Y durante su gobierno, tomaron diferentes medidas, entre las que podemos destacar, por ejemplo, la paralización de la reforma agraria, la paralización de la reforma militar y designación en puestos clave a militares declaradamente antirrepublicanos, como por ejemplo Franco, Goded o Mola. La amnistía a quienes participaron en el golpe de estado de 1932, protagonizado por Sanjurjo. El intento de reconciliación con la Iglesia, deteniendo la reforma religiosa y el enfrentamiento con los nacionalismos, paralizando los estatutos de autonomía y enfrentándose a la Generalidad de Cataluña.

La paralización de la gran parte de las reformas llevadas a cabo por el Bienio Reformista, como ya sabes, dentro de este Bienio Conservador, y la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno, formado mayoritariamente por los republicanos radicales, fue considerado por determinados sectores como un triunfo de la extrema derecha, lo que llevó a la radicalización de buena parte de la izquierda.

Ello unió, por ejemplo, al PSOE, a la UGT, a la CNT y al Partido Comunista de España en la llamada Huelga General Revolucionaria contra el gobierno, que se llevó a cabo en octubre de 1934. La huelga fue un fracaso, por ejemplo, en Madrid, pero tuvo relativo éxito en Barcelona y fue muy importante en Asturias, siendo allí donde triunfó más y degeneró en una revolución encabezada por la UGT y la CNT, y entendida por el gobierno conservador prácticamente como un golpe de estado.

Es por ello por lo que fue respondida con el envío de la Legión, dirigida por el general Francisco Franco, con el objetivo de sofocar esta rebelión. El resultado de la misma fue de 13 muertos aproximadamente y más de 30.000 detenidos, entre los que podemos destacar al presidente de la Generalitat, Lluís Companys, así como también, por ejemplo, a Manuel Azaña y Largo Caballero, uno de los líderes, como ya sabes, del Partido Socialista.

Como consecuencia, el gobierno radical-cedista endureció su política y, por ejemplo, suspendió el Estatuto de Cataluña, aprobando además una nueva Ley de Reforma Agraria, que en realidad era una contrarreforma a aquella reforma que se había llevado a cabo en el periodo anterior. Tras ello, la CEDA continuó presionando al presidente del gobierno, Lerroux, para que incluyera a más ministros de su partido dentro del gobierno, pero pronto dos casos de corrupción estallaron dentro del Partido Radical Republicano, afectando a varios de sus miembros y también al presidente Lerroux.

Esto provocó que la izquierda presionara para que el presidente dimitiera y se convocaron unas nuevas elecciones generales para febrero de 1936. En estas elecciones surgió un nuevo partido conocido como el Frente Popular, producto de un pacto electoral firmado en enero de 1936, que unió a Izquierda Republicana, dirigida por Manuel Azaña, junto al PSOE, el Partido Comunista de España, el POUM y Esquerra Republicana de Cataluña, y apoyada públicamente por la CNT.

Además, en estas elecciones, la CEDA y Renovación Española acudieron con un programa político basado en la revolución social, y la Falange y el PNV se presentaron, asimismo, por separado. Finalmente, de todos estos partidos, la victoria en las elecciones de febrero del 36 se la llevó el Frente Popular, pero debido a la gran fragmentación política que sufría el país, este nuevo gobierno, como podrás imaginar, nació muy debilitado.

Las medidas que comenzó a poner en marcha este nuevo gobierno fueron, por ejemplo, la amnistía para los encarcelados en la Revolución de Octubre de 1934, el restablecimiento del Estatuto de Cataluña, el alejamiento de Madrid de los generales más sospechosos de golpismo, como por ejemplo Francisco Franco, que fue llevado a Canarias, Goded a Baleares o Mola a Navarra, la reanudación de la reforma agraria y la tramitación de nuevos estatutos de autonomía, como por ejemplo el de Galicia o el del País Vasco.

Nos encontramos, además, frente a un ambiente social en las calles de enorme tensión, debido a que la izquierda adoptó una postura revolucionaria y buena parte de las derechas, sobre todo jaleada en las calles por los falangistas, también buscó el enfrentamiento. Es por ello por lo que se produjeron enfrentamientos constantes en las calles entre grupos de falangistas, milicias socialistas, comunistas y anarquistas, a lo que el gobierno apenas tuvo medios para sofocar.

¿Cómo llegó a su final la Segunda República Española? Para acabar el vídeo, hablaremos sobre la conspiración militar que llevó a la caída del régimen republicano y a la Guerra Civil Española. Este golpe de estado, ocurrido el 18 de julio de 1936, fue una trama política y militar encabezada, por un lado, por militares de la derecha española como Gil Robles, Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera, y por otro lado, por generales militares como, por ejemplo, Franco, Mola y Goded, contando todos ellos, además, con el apoyo internacional de potencias fascistas como la Italia de Mussolini o la Alemania de Hitler.

Esta conspiración fue desencadenada tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, cuando amplios sectores de la derecha española entendieron que la única salida para la situación del país era un golpe de estado por la fuerza y por la violencia. El 12 de julio de 1936, los extremistas de derecha asesinaron al teniente Castillo, cuya respuesta fue la muerte de Calvo Sotelo por parte de fuerzas de seguridad del Estado. Tras dichos sucesos, el gobierno no adoptó ninguna medida, lo que agravó la escalada de tensión en las calles.

El 16 y 17 de julio, el ejército de Marruecos iniciará el golpe de estado contra el gobierno de la República, que el 18 de julio derivará en el comienzo de la Guerra Civil Española. Ante el fracaso de esta intentona, al clima de radicalización y violencia callejera que ocurrió después de las elecciones de 1936, se le unieron dos asesinatos significativos.

El día 12 de julio fue asesinado el teniente de la Guardia de Asalto, el socialista José del Castillo, y en respuesta, el 13 de julio fue asesinado José Calvo Sotelo, uno de los líderes monárquicos y también conservadores. Este segundo asesinato fue un regalo político para los militares que, desde las propias elecciones de febrero, estaban tramando una conspiración militar para acabar con la República.

El acontecimiento, por tanto, adelantó los planes y el 17 de julio del 36 se sublevó la guarnición de Melilla. El golpe militar, sin embargo, fue un fracaso. Parte del ejército y de las fuerzas del orden, por ejemplo, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, permanecieron fieles a la República. El golpe de estado, no obstante, triunfó en Marruecos, donde el general Francisco Franco asumió el mando del Ejército de África, es decir, de los Regulares y de la Legión, y también triunfó en Galicia, Castilla y León, parte de Extremadura, Álava y Navarra, Canarias y Baleares, así como también en algunas ciudades de Andalucía como Sevilla, Córdoba y Granada, y en parte de Aragón.

Por otro lado, el golpe de estado fracasó en Madrid, Cataluña, Levante, Vizcaya, Guipúzcoa, Asturias, el centro-sur y el sureste de España, parte de Andalucía y de Aragón. Mientras que en la zona sublevada dominaba la actividad agraria, en la republicana lo hacía la industrial, manteniendo bajo su control las grandes zonas económicas e industriales del país.

En cuanto al balance de fuerzas, ambos bandos tuvieron de primeras un equilibrio más o menos de fuerzas. Fieles a la República quedarían unos 130.000 soldados. Los sublevados, también llamados nacionales, contaban con unos 145.000, de entre los cuales tenemos que destacar a los 47.000 que pertenecían al disciplinar y profesional ejército de Marruecos.

Asimismo, el 80% de los oficiales se sumó a la sublevación. Ello hizo que, en el lado republicano, ante la ausencia de oficiales, hubo que improvisar y nombrar nuevos cargos oficiales, por lo que tuvo que improvisar un nuevo ejército en el que, además, hubo de incluir a las milicias populares, es decir, a los voluntarios procedentes de sindicatos y partidos políticos de ideologías de izquierdas como comunistas y anarquistas. Al bando sublevado se le sumaron, asimismo, las milicias falangistas y carlistas.

Una vez se formaron los bandos, surgieron en aquel julio de 1936 dos interpretaciones distintas sobre el conflicto. En la zona sublevada, la guerra era una cruzada contra el comunismo, necesaria para salvar a España de los enemigos del país, es decir, anarquistas, comunistas, socialistas, separatistas y masones. Para la otra España, la que permaneció fiel al gobierno legal de la República, había que luchar para defender los logros de una República democrática y para terminar con el fascismo que se estaba extendiendo por toda Europa rápidamente.

El conflicto, precisamente, se internacionalizó. Por un lado, el bando republicano recibió un duro revés tras la declaración de no intervención y el Comité de Londres en agosto de 1936, donde Gran Bretaña y Francia acordaron la neutralidad ante el conflicto español y la prohibición de enviar material de guerra a España. El gobierno de la República esperaba precisamente la ayuda de ambos países, por lo que solo le quedó la ayuda de la Unión Soviética, con aviones, carros de combate y armamento, principalmente, y en menor medida también la ayuda de México.

Por este apoyo soviético, la España republicana quedaría vinculada al comunismo, según la opinión pública internacional y según también la propaganda franquista. Tenemos que destacar también la ayuda que llegó al bando republicano en forma de Brigadas Internacionales, unos 40.000 voluntarios de 30 países de Europa y del mundo entero, la mayoría de ellos de ideología comunista, que vinieron a España a luchar contra la propagación del fascismo en el continente europeo.

Por el otro lado, el bando sublevado recibió la ayuda de Italia y de Alemania en forma masiva y pagadera en materias primas, especialmente minerales, que eran muy necesarios para la industria de guerra alemana. Alemania envió fuerzas de aviación profesionales en la llamada Legión Cóndor, e Italia envió a España a unos 40.000 soldados. Una ayuda que fue decisiva, sobre todo en los primeros compases de la guerra, sobre todo para transportar al ejército de Marruecos a la península con la ayuda, precisamente, de la aviación alemana e italiana.

Desarrollemos ahora cuáles fueron las principales etapas de un conflicto que se esperaba que fuese breve, pero que desembocó en una larga guerra de casi 3 años. En un primer momento, el objetivo de los sublevados era conquistar Madrid, la capital de España. Para ello, el general Mola desde el norte y Franco, avanzando desde el sur y tomando las ciudades de Córdoba, Badajoz y Toledo, confluyeron en la Batalla de Madrid.

Por aquel entonces, el propio Franco ya había sido nombrado Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Nuevo Estado sublevado. La Batalla de Madrid fue un conjunto de acciones militares que, a lo largo de 5 meses, imposibilitaron finalmente a los sublevados la toma de la capital, gracias a la resistencia republicana en batallas como la de Ciudad Universitaria, el Jarama o Guadalajara, en las que las Brigadas Internacionales, que vimos antes, jugaron un papel decisivo.

Tras la Batalla de Guadalajara, el objetivo estratégico de Franco cambió por completo. Renunció a la conquista de Madrid y se propuso conquistar el norte de España, que seguía siendo leal a la República. A finales de marzo se inició el ataque a Vizcaya por parte del general Mola, a lo que le seguirá el bombardeo de Guernica por la aviación alemana de la Legión Cóndor. La ofensiva desembocó en la caída de Bilbao en junio, la de Santander en agosto y la de Asturias en octubre.

Para rebajar la presión en el norte, la República organizó dos ofensivas sin éxito: Brunete, al oeste de Madrid, en julio de 1937, y en Aragón, por ejemplo, en Belchite, entre agosto y septiembre del 37. Durante el año crucial de 1938, uno y otro bando se esforzaron por conseguir llevar la iniciativa. En el bando sublevado, tomado el norte, Franco se preparó para una nueva ofensiva sobre Madrid. No obstante, la operación no se llevó a cabo finalmente ante el ataque republicano sobre Teruel, que derivó en la conquista republicana de Teruel, dirigida por el general Vicente Rojo.

Tras ello, Franco ordenó la contraofensiva y reconquistó Teruel en febrero, lo que derivó en una nueva ofensiva franquista sobre el Valle del Ebro, con el objetivo de alcanzar las costas del Mediterráneo y dividir en dos el territorio republicano. Finalmente, el territorio republicano quedó partido, dejando a Cataluña aislada.

Tras ello, la República respondió con una gran ofensiva, la que será conocida como La Batalla del Ebro, desarrollada entre julio y noviembre de 1938. La última gran batalla del conflicto, la Batalla del Ebro, acabará en victoria franquista y marcará el hundimiento definitivo de la República. Fue la batalla más encarnizada de la guerra, con casi 100.000 bajas entre uno y otro bando, que esquilmaron profundamente a buena parte del ejército republicano.

Tras la Batalla del Ebro, Franco dirigió su ofensiva contra Cataluña, que cayó prácticamente sin resistencia. Manuel Azaña, presidente del gobierno de la República y sabedor de que la guerra estaba ya decidida, cruzó la frontera con Francia, tras lo que el presidente del gobierno, Juan Negrín, ofreció a Franco un acuerdo de paz en los llamados 13 puntos de Negrín, que el Generalísimo rechazó.

Franco exigía la rendición incondicional de la República, tras lo que Negrín impulsó unas nuevas ofensivas del hastiado ejército republicano y con apenas la única ayuda de los comunistas, partidarios de continuar con el conflicto a toda costa. El 5 de marzo, el coronel republicano Casado daba un golpe de estado contra el gobierno de Negrín republicano, con el objetivo de volver a negociar con Franco la rendición y el final de la guerra, que también fracasó ante la persistencia de Franco de admitir únicamente la rendición incondicional.

Finalmente, las tropas franquistas entraron en Madrid el 28 de marzo de 1939, sin apenas resistencia. El 1 de abril de 1939, Franco informaba a todo el país de que la guerra había terminado.

A continuación, nos centraremos en analizar brevemente cómo fue la evolución política de ambos bandos a lo largo del conflicto en la España republicana. Tras la sublevación militar, el presidente de la República, Manuel Azaña, encargó a José Giral la formación de un nuevo gobierno integrado por republicanos de izquierdas. En septiembre de 1936, Azaña entregó el gobierno al socialista Largo Caballero, quien formó un gabinete amplísimo que incluía a representantes de todas las ideologías que apoyaban a la República, incluido, por primera vez, a ministros anarquistas.

Este gobierno tuvo que abandonar Madrid en noviembre de ese año, ante la llegada de las tropas sublevadas, trasladándose a Valencia. En el seno de este gobierno ocurrieron muchas diferencias que afectaron al devenir del bando republicano en el conflicto, ya que para unos, por ejemplo, una parte de la CNT, la FAI y el POUM, es decir, el Partido Obrero Unificado Marxista antiestalinista, lo esencial era la revolución proletaria que haría ganar la guerra contra el fascismo, y para otros, es decir, la mayor parte del PSOE, los comunistas y la UGT, lo prioritario era fortalecer al Estado para poder ganar la guerra. Luego, los enfrentamientos llegaron a su culminación en mayo de 1937 con combates dentro del propio bando republicano, por ejemplo, en Barcelona, entre estas facciones.

Este conflicto terminó con la caída del gobierno de Largo Caballero, formándose un nuevo gobierno dirigido por Juan Negrín, a quien ya hemos mencionado anteriormente. Su gobierno terminó sin poder revertir el devenir de la guerra, lo cual derivó en la sublevación del coronel Casado al final de la misma.

Mientras tanto, en la España sublevada, también llamada la España Nacional, desde un primer momento se logró una excepcional homogeneidad en torno a un mando único que, a partir de septiembre de 1936, como ya sabes, fue entrenado a Francisco Franco por la Junta de Defensa Nacional. Su proclamación tuvo lugar en Burgos, ciudad que funcionó como capital de la España franquista hasta el final de la guerra.

Tras ello, Franco promovió la unificación de las dos grandes ideologías que apoyaron la causa sublevada: el falangismo y el carlismo. Para ello, estableció el Decreto de Unificación en abril de 1937, por el que Franco constituyó un partido único con el nombre de Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, ¡vaya lío, no!, que fusionaba, digamos, de manera resumida, a falangistas y carlistas bajo la jefatura del propio Franco, quien en pocos meses, como has podido imaginar, había logrado reunir en su persona todo el poder, es decir, el del ejército, el del gobierno del nuevo Estado y el del nuevo partido único del régimen.

Terminaremos este vídeo repasando cuáles fueron las consecuencias de la Guerra Civil Española. En cuanto a las pérdidas humanas, se calcula que la cifra estaría rondando el medio millón de fallecidos, donde se incluyen no solo las muertes ocasionadas por la guerra, por ejemplo, en el frente, sino también todas aquellas actividades represivas, es decir, asesinatos llevados a cabo, por ejemplo, en la retaguardia de ambos bandos, que fueron especialmente significativos y dramáticos durante los primeros meses del conflicto y más numerosos en el bando sublevado a medida que este iba conquistando más y más terreno en España.

No solo tenemos que destacar las muertes, sino también, por ejemplo, la gran cifra de exiliados políticos, que se calcula alcanzaría a las 300.000 personas, cifra de entre las cuales tenemos que destacar, por ejemplo, a poetas, artistas o científicos que se exiliaron de España. Aquellos que no pudieron huir del país acabarían llenando las prisiones franquistas, y es que otra de las consecuencias de la guerra es que más de 250.000 personas ingresaron al final de la contienda en prisiones o en campos de trabajo forzado.

Las consecuencias en el terreno económico también fueron desastrosas, como podrás imaginar, por ejemplo, la pérdida de las reservas, la disminución de la población activa, la destrucción de las infraestructuras y la caída en general del nivel de renta de los españoles.

Por último, como consecuencia política, nos encontramos con el establecimiento en España de una dictadura autoritaria. Entre 1939 y 1975, España vivió bajo la dictadura personal del general Franco, militar africanista, católico y nacionalista, que consideraba las virtudes tradicionales del ejército, es decir, la jerarquía, disciplina y orden, como la esencia de los valores nacionales de España.

El franquismo contó con unas bases ideológicas, sociales e institucionales y, aunque evolucionó según el contexto, tanto interno como internacional, como veremos, en lo esencial siguió siendo lo mismo, es decir, un régimen con ausencia de libertades y con un poder personal y total del dictador. El franquismo fue el régimen político y social que nació durante la Guerra Civil debido a la necesidad de los militares sublevados de dotarse de un mando único y de una estructura político-administrativa antidemocrática, paralela a la republicana, que se apoyaba en una ideología de partido único, el Movimiento FET de las JONS.

Como veremos, con la muerte de los generales Sanjurjo y Mola, el líder indiscutible fue Franco, quien configuró una dictadura personal y militar y concentró en su persona los poderes que ya sabéis: ejecutivo, legislativo y judicial, siendo nombrado Generalísimo de todos los Ejércitos, Jefe del Movimiento, Jefe del Estado y del Gobierno, y con potestad legislativa y Caudillo como un personaje providencial en su misión de salvar la patria para todos los españoles.

Esta dictadura conservadora asumió los intereses económicos y sociales de las oligarquías que, atemorizadas por la posibilidad de que el movimiento obrero organizado acabara con su situación de privilegio financiero, apoyaron al nuevo régimen. El general Francisco Franco supo aprovechar esta coyuntura, comprendiendo que, al mantener la tranquilidad de los poderosos, podría perpetuarse en un poder que había conseguido por las armas.

Como ya sabéis, la ideología franquista no presenta un cuerpo de doctrina estructurado, sino que se asentó sobre una serie de principios procedentes, por ejemplo, de la Falange, del Carlismo, de la Iglesia Católica o de la tradición conservadora española. Las características fundamentales de este régimen serán, por tanto, las siguientes:

En primer lugar, el rechazo a la democracia liberal, ya sabéis, el sufragio, las libertades, la Constitución, considerada inadecuada para el pueblo español, que era visto como un menor de edad, cuyo supuesto carácter bárbaro y anarquista le incapacitaba para la vida en democracia. Sería superior y más apropiada, según pensaba el régimen, la democracia orgánica, modelo corporativo de participación, que veremos luego.

En segundo lugar, nos encontramos también con una fuerte represión del marxismo y del movimiento obrero. El anticomunismo del régimen llevó a perseguir con dureza a los activistas de izquierdas, considerados responsables de los males del Estado y de las conspiraciones contra él. El nacional-sindicalismo fue la alternativa que planteó el franquismo y encuadrados en los sindicatos verticales oficiales como medio para evitar la lucha de clases y el movimiento obrero.

En tercer lugar, nos encontramos con un exacerbado nacionalismo. España sería una nación unida, centralizada y uniforme, ya sabéis, "una, grande y libre", según el modelo de Castilla, y se rechazaron los nacionalismos periféricos, considerándolos separatistas. En este sentido, se prohibió el uso en acto público, escuela o iglesias de los idiomas, por ejemplo, catalán, vasco y gallego.

La siguiente característica sería el nacional-catolicismo, algo así como la ideología del régimen. El régimen edificó a la patria con el catolicismo, la religión oficial del Estado, ya que se consideró parte esencial del alma española. La jerarquía eclesiástica calificó, de hecho, la Guerra Civil como una Cruzada y apoyó al régimen, y la moral y los principios católicos impregnaron la vida del país.

Por último, otra de las características sería la nostalgia de un pasado glorioso.

que llevó a proclamar que la nación tenía un destino imperial, entendiendo como la difusión de sus principios espirituales por el mundo.

Por ello, los modelos a imitar en España eran la España de los Reyes Católicos y el viejo imperio español del siglo XV, ya sabéis, con Carlos V y Felipe II. "Por el Imperio hacia Dios", decían.

A partir de los años 60, la modernización del país y la introducción de ideas, comportamientos sociales y costumbres extranjeras harían pasar a un segundo plano estos valores, sobre todo para la generación que no había vivido la guerra.

Los grupos sociales que apoyaron al bando Nacional durante la Guerra Civil fueron los que sostuvieron estos valores anteriormente vistos y también, propiamente dicho, al régimen franquista. Ninguno de ellos tuvo suficiente fuerza para imponerse sobre los demás, ya que Franco arbitró con mucha habilidad el juego político, distribuyendo los cargos entre las diversas familias del régimen.

Por un lado, tendríamos al ejército. Los militares fueron el apoyo más decidido y fiel a la dictadura franquista. Muchos ministros, gobernadores civiles y altos cargos burocráticos del régimen eran militares. También contó con los comandantes de la Guardia Civil y de la Policía Armada, que constituían el llamado "poder disuasivo".

La Iglesia Católica, por otra parte, constituyó el poder legitimador de la dictadura, sobre todo tras el concordato con la Santa Sede en 1953. Su gestor, Martín Artajo, de Acción Católica, fue el personaje más relevante del catolicismo político. Más adelante, el Opus Dei suministró dirigentes de elevado nivel de formación técnica, llamados tecnócratas, al régimen. Pero a partir del Concilio Vaticano II, una parte de la jerarquía eclesiástica y del clero se fue distanciando del régimen.

Otro de los grandes pilares del mismo fue la Falange y los tradicionalistas o carlistas. Constituyeron la burocracia estatal con funciones de propaganda y de organización social y sindical, como ya hemos visto con el sindicalismo vertical. Y también proveyeron al régimen de una gran parte de su simbología propia, sobre todo de corte fascista. Durante los primeros años del régimen, ya sabéis, como el saludo con el brazo en alto.

Otros apoyos sociales a la dictadura fueron, por ejemplo, la derecha más conservadora, los terratenientes que recuperaron su papel social y a los que le fueron devueltas las tierras expropiadas durante el régimen de la República de la Guerra Civil, los pequeños y medianos agricultores tradicionalmente conservadores, financieros y empresarios que se aprovecharon de la paz social y que también apoyaron al franquismo. Y así como también la "mayoría silenciosa" o "franquismo sociológico", formada entre otras clases por las clases medias urbanas, integradas por funcionarios y empleados, y que eran generalmente despolitizadas. Constituyó un apoyo indirecto generalizado por la desmovilización política inducida por la propaganda, el miedo a la guerra que ya ocurrió anteriormente y también a la censura.

Con todos estos elementos antes vistos, el franquismo trató de construir un estado nuevo, antidemocrático y totalitario, que se institucionalizó mediante las llamadas Leyes Fundamentales del Reino, siete cuerpos de leyes elaborados entre 1938 y 1967. El primero de ellos, durante la propia Guerra Civil, el llamado Fuero del Trabajo de 1938.

Dicho esto, a partir de ahora hablaremos sobre las tres etapas fundamentales de las que se compuso el régimen franquista durante toda su existencia.

La primera fue la fase llamada "totalitaria", entre 1939 y 1959, que significó un importante retroceso económico y se caracterizó por la dureza de la represión contra los elementos contrarios al franquismo. Estas características se debieron fundamentalmente a que España, en aquel momento, era simpatizante de las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial, en la que pasó de no beligerante a neutral cuando Estados Unidos entró en la guerra y el Eje empezó a declinar.

En este contexto, se promulgó la Ley Constitutiva de Cortes (1942), donde la asamblea deliberante era poco representativa, ya que Franco designaba la mitad de los procuradores y no controlaba la acción del gobierno. Así como también se promulgó el Fuero de los Trabajadores, que cubría la falta de declaración de derechos, aunque eran muy limitados.

Las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial consideraron a España el último reducto del fascismo, por lo que no fue admitida de primeras en la ONU. Para mejorar su imagen, se promulgaron las llamadas Ley de Referéndum Nacional (octubre de 1945) para dar a entender que en España funcionaba el sufragio universal, pero era fácilmente manipulado desde el poder al no existir libertad política ni de prensa. Así como también se promulgó la Ley de Sucesión de la Jefatura de Estado (1947), por la que España se convertía en Reino, si bien el jefe de Estado seguía siendo Franco a perpetuidad.

A partir de los años 50, España comenzó a dejar atrás aquellos años 40 de posguerra dura, de represión y de hambre, y se benefició, sobre todo, de la Guerra Fría. Sobre todo, debido a que el franquismo hizo valer ante la opinión internacional su carácter anticomunista para romper el aislamiento. Precisamente en 1953, España firmó el concordato con la Santa Sede y, en ese mismo año, con Estados Unidos, un acuerdo para que España fuese admitida finalmente en la ONU.

Estos acuerdos con la Santa Sede y con Estados Unidos, de carácter militar, permitieron consolidar el régimen, que promulgó algunos años después la Ley de Principios del Movimiento, en la que pervivía el ideario falangista y de nacionalcatolicismo, y que definía a España como una monarquía tradicional, católica, estado confesional, social y representativa.

Ahondando algo más en el terreno socioeconómico, tras el descenso económico de la Guerra Civil que vimos antes, se produjo un periodo de autarquía y estancamiento económico durante la década de los 40. Que decíamos, la autarquía en España se caracterizó por dos hechos fundamentales: por un lado, la voluntad de aislarse económicamente del exterior, aprovechando los recursos económicos y propios del país; y por otro, la intervención del Estado en la producción y la distribución de bienes, así como a la hora de fijar precios, de valores de cambio de la moneda.

En 1941 se creó la Institución Nacional de Industria. La poca productividad hizo que se racionalizaran los alimentos por medio de las cartillas de racionamiento, que favoreció un mercado negro de productos de primera necesidad llamado "extraperlo". Y además, se incrementaron, por tanto, las desigualdades sociales. Todo ello, como decíamos, fue mejorando a partir de los años 50 hasta llegar a la década de los 60, conocida como la "fase tecnócrata" y caracterizada por un gran crecimiento económico, como veremos.

Podemos considerar el comienzo de esta fase, sobre todo, a partir del año 59 con el Plan de Estabilización, que dio pie al desarrollismo de los años 60. Franco nombró varios ministros tecnócratas del Opus Dei, produciéndose así una modernización de la economía y de la sociedad y una tímida apertura política con la Ley de Prensa (la Ley Fraga de 1966) y la Ley Orgánica del Estado de 1967, que sustituyó al Estado nacional sindicalista por una democracia orgánica basada en la familia, el municipio y el sindicato, unidades nacionales representativas de la sociedad, consideradas superiores a los partidos políticos.

En 1969, Franco designó como su sucesor a título de Rey al príncipe Juan Carlos.

A nivel socioeconómico, la década de 1950 tiene dos etapas fundamentales. La mayor parte de la década es de un crecimiento económico moderado que conllevó a la subida de salarios, pero también al aumento de la inflación. Además, al tener que pagar importaciones, las reservas del Estado se fueron reduciendo. El Plan de Estabilización del año 59 tenía como objetivo frenar la inflación y liberalizar el sector exterior para normalizar el sistema económico español. Los efectos positivos se empezaron a vislumbrar en 1961.

En la década de los 60, por tanto, se produjo el conocido desarrollismo, pues la industrialización y los planes de estabilización dieron resultados positivos, a lo que se sumó además la aportación de divisas extranjeras con inversiones en muchos ámbitos de la economía.

Por último, hablaremos de la última etapa del régimen, el llamado "tardofranquismo", caracterizado precisamente por la caída y por la crisis del régimen, que llevará a la muerte de Franco en el año 1975.

Franco, deteriorado físicamente, delegó por aquel entonces la jefatura del gobierno en uno de sus hombres de confianza, el almirante Carrero Blanco, mientras comenzaron a surgir los primeros signos de descomposición del régimen, como el distanciamiento, por ejemplo, de parte de la Iglesia, la capacidad movilizadora de la oposición y, sobre todo, las tensiones dentro del régimen entre inmovilistas y aperturistas.

El 20 de diciembre de 1973, el grupo terrorista ETA, que veremos en vídeos próximos, asesinó a Carrero Blanco y se endureció la represión con la ejecución en septiembre del 75 de cinco militantes de ETA y del FRAP, ocasionando la protesta internacional. Al mismo tiempo, los marroquíes iniciaron en el Sáhara Occidental la Marcha Verde, cuyas tensiones llevarán finalmente a que España abandone este territorio colonial africano.

A todo ello hay que sumarle la crisis económica de 1973, una crisis internacional que también tuvo su reflejo en España, puesto que produjo un freno a la expansión económica española, puesto que aumentó la inflación y el déficit.

Socialmente, se produjeron también cambios en la estructura de la población debido a las transformaciones económicas que hemos visto antes. Por ejemplo, se produjo un gran incremento demográfico, se alcanzaron los 34 millones de españoles en 1970, se disminuyó también el número de personas dedicadas al campo y se aumentó el número de obreros industriales y de personas dedicadas a los servicios con la llamada "terciarización". La España agraria, rural y tradicional estaba dejando paso a una España industrial, urbana y moderna y, por tanto, se produjo un incremento importante de las clases medias urbanas y un inicio además de la sociedad de consumo con la aparición en los hogares españoles de la televisión, del frigorífico o del Seat 600, que fue todo un éxito de ventas.

A todo ello, además, se le suma el aumento del nivel de vida provocado por el desarrollo de la Seguridad Social, que garantizaba la asistencia médica o las pensiones, así como también, por ejemplo, la Ley General de Educación de 1970, que ampliaba la escolarización obligatoria hasta los 14 años y que disminuyó el analfabetismo.

También se produjeron profundos cambios en la mentalidad de los españoles, sobre todo de los más jóvenes, en contacto con la vida urbana, con la televisión o con los turistas extranjeros, lo que hizo que adquirieran una mayor conciencia política, aspirando a que España se convirtiese en un régimen de libertades democráticas.

En lo referente a la oposición al gobierno durante de la posguerra, el gobierno de la República mantuvo su existencia en el exilio, mientras que en el interior, inmediatamente después de la Guerra Civil, los "makis" mantuvieron la lucha hasta 1948 aproximadamente.

A partir de los años 50, fueron importantes las tensiones en el mundo estudiantil, como por ejemplo en la Universidad Complutense, y en el mundo obrero con huelgas, a pesar de la escasa presencia por aquel entonces de la UGT o de la CNT, como ya sabréis, clandestinos.

Fue a partir de los años 60 y 70 cuando los cambios sociales que hemos visto anteriormente facilitaron la generalización de la oposición. Esta oposición se caracterizaba, por un lado, por los movimientos obreros, primero a partir de Comisiones Obreras y del Partido Comunista, y luego a partir del PSOE, que durante todo el franquismo estuvo debilitado y dividido. Por otro lado, tenemos que destacar los movimientos nacionalistas catalán y vasco, y como de este último surgirá un grupo terrorista, ETA, que tendrá mucha relevancia en este periodo y veremos después en el próximo. Y por último, el otro gran grupo opositor al régimen en el tardofranquismo fue el movimiento estudiantil y de los católicos de base, que consiguieron crear una contestación social clave para la transición a la democracia.

Como ya hemos visto, el 20 de noviembre del año 1975, un enfermo y muy debilitado Francisco Franco moría tras una larga agonía, dejando al país dividido entre la incertidumbre y la esperanza.

Se conoce como "Transición" al periodo comprendido entre la muerte de Franco (el 20 de noviembre de 1975) y la aprobación de la Constitución de 1978, que es la base del funcionamiento de nuestro sistema democrático actual. Pero este proceso bien pudo haberse iniciado antes, aunque las circunstancias internas del régimen franquista no lo permitieron.

Inmediatamente después del fallecimiento del dictador, a pesar de los primeros brotes de oposición entre estudiantes y trabajadores, de la presión del grupo terrorista ETA y de sus asesinatos (del que cabe destacar el del presidente del gobierno Carrero Blanco), y de los acuerdos entre oposición política en forma de la Coordinación Democrática o Platajunta, la Transición se acabó dilatando unos meses debido al nombramiento de Arias Navarro, del que se esperaba cierto aperturismo político, aunque la presión de los más fervientes defensores del franquismo no lo permitió. Este optimismo hacia la apertura provenía del discurso del propio Arias Navarro el 12 de febrero de 1974, donde se proponían diversos aspectos de avances en libertades que luego no se verían reflejados en la práctica. A esto se le conoció como el "espíritu del 12 de febrero", pero tardaría aún algunos meses en iniciarse.

Tras la Transición, que traería luego a España un nuevo sistema democrático con garantía de libertades básicas e individuales y un nuevo tiempo histórico, no solo para nuestro país, sino también en las relaciones internacionales, será Adolfo Suárez quien, bajo la dirección del Rey Juan Carlos I, llevará a cabo este primer proceso complejo.

Pero la Transición española se había condicionado en cierta manera por las características propias de la evolución del siglo XX. Podemos resumir en cinco aspectos fundamentales estas circunstancias particulares que fueron definitorias para el cambio de régimen.

En primer lugar, el desarrollo económico y social de la década de los 60, que supuso un avance considerable, como ya vimos en el vídeo anterior, en una España que se colocaba como décima potencia industrial del mundo y un analfabetismo que se estaba prácticamente erradicando. A ello se unía la urbanización de la sociedad, ya que existía un flujo migratorio relativamente constante de las áreas rurales hacia las ciudades. Además, se observaba una progresiva secularización de la sociedad, que, aunque sin ser mayoritaria, ya dejaba entrever la separación de la Iglesia y del Estado a efectos legales.

En segundo lugar, la dictadura poseía un marco estrecho y rígido, incapaz de evolucionar, por lo que la oposición al sistema tenía que derivar inevitablemente en cambios legales dentro del propio régimen, haciendo muy difícil modificar internamente el sistema. Por ello, se abrieron dos vías para intentar modificar esta realidad: por un lado, se llevaron a cabo actos pacíficos de cambio, como huelgas, protestas pacíficas, acuerdos políticos de la oposición en el extranjero, la búsqueda de apoyos de países europeos, etc.; y por otro lado, la puesta en práctica de una oposición violenta desde determinados frentes que no dudaron en practicar la violencia para intentar minar el sistema, como fueron, por ejemplo, los grupos terroristas.

A continuación, tenemos que destacar también la reacción del "búnker", es decir, de aquellos fieles seguidores del franquismo más inamovibles, que se basó en reprimir a ultranza cualquier movimiento que pusiera en juego la estabilidad de la dictadura y no dudó, por tanto, en usar la violencia cuando lo creyó conveniente. Los miembros del búnker siguieron dominando la política incluso después de la muerte de Franco, y algunos de ellos intentaron frenar el avance de la Transición hacia la democracia, como veremos más adelante.

Y por último, tenemos que destacar también la oposición propiamente dicha a la dictadura, llevada a cabo, como ya sabréis, por movimientos obreros o partidos de izquierdas en el exilio. Esta oposición planteaba una disyuntiva: o se reformaba el sistema o se procedía a su derrumbamiento. Lo que al final se vio como mejor alternativa fue llevar a cabo una salida pactada que lograra la aceptación de los más reacios a la llegada a la democracia.

La primera oposición que encontramos tuvo su origen en los grupos obreros, quienes solicitaban mejoras en las condiciones laborales, y entre intelectuales y estudiantes, afanes que o bien lanzaban su opinión criticando al sistema o se lanzaban a las calles a protestar por la ausencia de libertades. Estas oposiciones generaron tensiones que cristalizaron en los siguientes sucesos: por ejemplo, en la Matanza de Atocha, producida el 24 de enero de 1977, en la que unos terroristas de extrema derecha asesinaron a cinco abogados vinculados con Comisiones Obreras y con el Partido Comunista. Esto significó la culminación de las tensiones sociopolíticas de los años anteriores.

En estos meses, también se produjo la expulsión de sus cátedras universitarias a profesores vinculados con ideologías críticas con la dictadura, de entre los cuales podemos destacar a Aranguren, Tierno Galván o García Calvo. La prensa también funcionaba como un vehículo transmisor de las ideas democráticas, por lo que surgieron fuertes censuras o cierres, como "Cuadernos para el Diálogo" o "Revista de Occidente", o el caso del diario "Madrid", que fue cerrado y el edificio en el que se ubicaba fue derruido.

También entre los militares se produjo una ruptura, ya que, a pesar de presentarse como un colectivo homogéneo, surgió dentro de él un grupo que intentaba defender las ideas democráticas, formándose en 1974 la Unión Militar Democrática.

Como hemos visto, desde incluso antes de la muerte de Franco, la situación tanto interna como externa de España estaba llena de tensión. En el plano internacional, el país y el régimen acusaban ya su aislamiento debido al rechazo de varios países europeos a las decisiones judiciales del gobierno, pues en septiembre de 1975, tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos miembros de ETA fueron condenados a muerte y fusilados.

Por otro lado, aparecían también problemas económicos debido a los efectos derivados de la crisis internacional del petróleo de 1973, que provocó un incremento del paro y de la inflación.

La muerte de Franco no significó el fin de la dictadura, sino una continuación del régimen, exhausto y lleno de problemas internos. Mientras tanto, llegó a la presidencia del gobierno Arias Navarro, del que hablábamos antes, quien mostró, como ya vimos, un tímido intento de apertura que acabó en fracaso. Arias Navarro quiso integrar a reformistas dentro de su gobierno, como a José María de Areilza o a Manuel Fraga, e incluso contó con políticos jóvenes que no vivieron el nacimiento de la dictadura, como Adolfo Suárez o Rodolfo Martín Villa. Pero todas estas intenciones quedaron en nada a nivel práctico, y la decepción sociopolítica de los defensores del cambio político creció hasta tal punto de que se extendieron de nuevo huelgas y conflictos que pusieron en grave peligro la viabilidad de la transición política, pues la violencia terrorista y la dura represión del Estado se plasmó en los sucesos, por ejemplo, de Vitoria o de Montejurra.

La situación era preocupante y la oposición acabó por unificarse en la llamada Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, que acabaron por unificarse, entendiendo que sería mucho más efectiva su actuación. Recibirían el nombre, por tanto, de Platajunta.

Por su parte, el Monarca, también descontento con el curso de los acontecimientos políticos, decidió destituir a Arias Navarro en julio de 1976.

El proceso de reforma se inició con el nombramiento de Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes por parte de Juan Carlos I. Esta maniobra consiguió minar el inmovilismo político y el propio Fernández Miranda aconsejó al Rey el camino a seguir para llevar a buen término la reforma democrática. El nuevo presidente de las Cortes consiguió, mediante una hábil política, introducir como una opción a la presidencia del gobierno dentro del Consejo del Reino a Adolfo Suárez, por entonces secretario general del Movimiento. Esta táctica, previamente pactada con Juan Carlos I, permitió al Monarca elegir a Suárez como presidente del gobierno el 3 de julio de 1976, dando además la presidencia a Gutiérrez Mellado.

La primera medida y de considerable importancia del nuevo gobierno fue la aprobación de la Ley de Reforma Política, que regulaba la existencia de un sistema bicameral (Congreso y Senado), como ya sabes que tenemos hoy en día, y que debía aprobarse mediante un referéndum en diciembre de 1976. Posteriormente, en caso de que el referéndum saliese afirmativo, debían convocarse unas elecciones generales que tendrían lugar en junio de 1977.

Sin embargo, las tensiones en las calles volvían a poner en peligro el procedimiento democrático, ya que se produjo el asesinato de un estudiante a manos de un grupo ultraderechista, el de los Guerrilleros de Cristo Rey, mientras que el grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) secuestró a un empresario y a un general del ejército. Pero el proceso siguió adelante a pesar de estos problemas.

Y el 9 de abril de 1977, el Sábado Santo de aquel año, se produjo también un movimiento significativo: la legalización del Partido Comunista de España, permitiendo a esta agrupación política presentarse a las elecciones.

Estas tuvieron finalmente lugar el 15 de junio de 1977. Pero entre junio y abril se tomaron medidas de gran importancia que ponían en jaque la esencia misma de la dictadura, como por ejemplo la suspensión de los tribunales de orden público, la autorización del uso de la ikurriña en el País Vasco, la legalización de los sindicatos Comisiones Obreras y la UGT, y la restauración provisional de la Generalitat de Cataluña, así como también de las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa.

A las elecciones de 1977 se presentaban partidos políticos que ya existieron durante la Segunda República o en el exilio durante la dictadura, aunque también aparecieron otros nuevos. Por ejemplo, los partidos de derecha que estaban encabezados por la "Le Popular", que poco después sería refundada bajo el nombre de Partido Popular. Estaba liderada por Manuel Fraga, ministro de la dictadura, y defendía el franquismo sociológico, posicionándose en contra de la legalización del Partido Comunista de España y de la apertura de un proceso constituyente.

Los partidos de centro estaban en principio divididos, pero acabaron unificándose y, bajo la dirección de Adolfo Suárez, formaban un conglomerado de ideología liberal, democristianos y socialdemócratas. E incluso algunos nacionalistas formaron también parte de él.

Los grupos de izquierda, por su parte, estaban encabezados, por un lado, por el PSOE, liderados por un joven Felipe González; por otro lado, el PSP de Tierno Galván; y por último, el Partido Comunista de España de Santiago Carrillo, quien debió entrar de forma encubierta en España hasta la legalización de su partido. Y por último, tampoco tenemos que olvidarnos de los grupos nacionalistas, que se fueron también agrupando y creando sus propios partidos políticos. Los catalanes, por ejemplo, crearon el Partit Democràtic per Catalunya, de tendencia centrista y liderados por Jordi Pujol, y también la Unió Democràtica, de corte democristiano. En el País Vasco, resurgió el Partido Nacionalista Vasco (PNV), también democristiano, y el Euskadiko Ezkerra, de tendencia izquierdista.

Finalmente, después de todo este conglomerado de partidos, las elecciones del 77 dieron la victoria a la UCD, que obtuvo 166 diputados, seguida del PSOE con 118 y a mucha distancia el PCE con 20 y Alianza Popular con 16. De un censo de poco más de 23 millones y medio de españoles, se produjo una participación que alcanzó nada menos que el 78%.

A pesar de la diferencia de partidos, todos ellos compartieron un concepto que entendieron como innegociable: que era el de acordar la creación de una Constitución que le diera un recorrido definitivo a toda esta tarea que se había iniciado con la llegada de Adolfo Suárez y, anteriormente, con la muerte de Franco. Por ello, todos los grupos políticos con presencia en el Congreso dejaron atrás cualquiera de las intenciones que supusiera no aceptar este hecho y acordaron lo que se conoce como el "consenso constituyente", es decir, el acuerdo para la elaboración de una Carta Magna.

El gobierno de la UCD, una vez realizadas las elecciones, debía apoyarse en diferentes partidos, ya que no tenía la mayoría absoluta necesaria en el Congreso de los Diputados. Y los asuntos más importantes en los que debía centrarse ahora era en la propia Constitución, en las peticiones también de las autonomías de diferentes zonas del país, de la crisis económica y de la todavía existente gran conflictividad social. Sin embargo, el gobierno fue apoyado por los partidos políticos parlamentarios para cristalizar ese consenso constituyente del que hablábamos con los llamados Pactos de la Moncloa de ese mismo año 1977.

Estos pactos permitieron concretar asuntos relacionados con las políticas sociales, la estructura política del nuevo Estado y la dirección económica que tendría que llevar España en los años sucesivos. La firma de los Pactos de la Moncloa no solo provino de los grupos políticos, sino también de sindicatos y de otras asociaciones que participaron en ellos. Se concretaron aspectos, como decíamos, como la reforma fiscal, la extensión de la Seguridad Social, el incremento del presupuesto destinado a la educación y el diseño de un programa de inversiones públicas que tratarían de poner a España de nuevo cerca de los países desarrollados de su entorno.

La Constitución de 1978 vino precedida por un anteproyecto redactado de una ponencia y encabezado por una comisión constitucional que elaboraría el primer texto. Dentro de esta comisión aparecen miembros de los principales partidos políticos españoles y sus nombres pasarán a la posteridad como "padres de nuestra Constitución" por crear nuestra Carta Magna. Ellos fueron los siguientes nombres: Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (ambos de la UCD); José Pérez Llorca (también de la UCD); Gregorio Peces-Barba (del PSOE); Jordi Solé Tura (del PCE); Miguel Roca (de Minoría Catalana); y Manuel Fraga (de Alianza Popular).

Como ya sabes, cada uno de los partidos se vio obligado a renunciar a posiciones extremistas en beneficio del consenso y del entendimiento común, por lo que la Constitución acabará siendo diseñada y votada por los españoles mayores de edad (de 18 años) en un referéndum el día 6 de diciembre de 1978, con una abrumadora mayoría del 78% de votos afirmativos y solo un 8% de voto negativo. Juan Carlos I sancionó la Constitución el 9 de diciembre del 78, día que entró en vigor hasta el día de hoy, en que para nosotros sigue presente.

Ahondando aún más en la Constitución, existen en ella cinco características básicas que veremos a continuación. Por un lado, fue una Constitución consensuada por la gran mayoría de los partidos y tendencias políticas, a excepción del nacionalismo vasco. Por otro lado, es una Constitución ambigua, ya que pretende introducir formas de convivencia más igualitarias y justas, y siendo estas novedosas con respecto a las décadas previas, sin llegar por tanto a especificar algunos aspectos con el objetivo de no menoscabar futuras ambiciones. Es también una Constitución extensa: nuestra Constitución tiene 169 artículos y solo es superada por la Constitución de Cádiz de 1812 en extensión. Es también una Constitución ecléctica, al tener la necesidad de contentar a todas las fuerzas políticas participantes en el proceso constitucional. No precisa algunos aspectos para no afectar a las diferencias entre estas tendencias políticas. Asimismo, es también una Constitución rígida: esta característica aparece debido a la dificultad con la que podemos, por ejemplo, reformarla.

A través de la Constitución se crea un Estado social y democrático de Derecho, aunque en su elaboración hubo discrepancias en cuanto, por ejemplo, a cuestiones como la pena de muerte, el aborto o la libertad de enseñanza. Se diseñó, por tanto, una monarquía constitucional, creándose por ello un sistema bicameral, en el que el Congreso tendrá el poder legislativo y donde las Leyes Orgánicas debían ser aprobadas por una mayoría absoluta. Y por último, tenemos también un Senado que realizaba segundas lecturas de leyes o funcionaba como un órgano de carácter regional para la representación de las comunidades autónomas, con cuatro diputados por provincia, uno por cada comunidad autónoma y uno por cada millón de habitantes de la comunidad autónoma.

Asimismo, por último, la Constitución establece la existencia de un Tribunal Constitucional que diseña la estructura del poder judicial y la figura del Defensor del Pueblo.

La Constitución contemplaba también la existencia de un "Estado de las Autonomías", un punto intermedio entre un sistema centralista y uno de tipo federal. Las comunidades autónomas podían realizar estatutos propios de autonomía mediante la transferencia de competencias del Estado central a las propias comunidades, tras un acuerdo previo, lógicamente, por parte del Estado. El gobierno central siempre tendrá las competencias en relaciones internacionales, defensa, fuerzas armadas, moneda y hacienda, pudiendo delegar otras a las comunidades, como por ejemplo la enseñanza, los transportes o la sanidad. Las regiones autónomas disponen de recursos económicos propios para su gestión y se financian mediante impuestos cedidos también por el Estado. También existe un fondo de compensación económica que sirve para corregir desequilibrios entre comunidades y desigualdades interregionales.

A partir de este periodo de la historia de España, es decir, la Transición y la Constitución de 1978, entraremos en un tiempo de democracia que durará hasta nuestros días y que se ha caracterizado por la estabilidad general y por la protección de los derechos y deberes de los españoles. Pero estabilidad, he dicho eso... Bueno, poco después, el 23 de febrero del año 1981, ocurriría aquello de lo que hablábamos al principio, sí, sí, ya sabes, y que nos dará buena cuenta de que la Transición aún tuvo que seguir por pasos muy dificultosos.

Una vez aprobada la Constitución de 1978, que veíamos en el vídeo anterior, las Cortes fueron disueltas y se convocaron elecciones legislativas para marzo de 1979. La UCD triunfó, pero no alcanzó la mayoría absoluta, seguida muy de cerca por el PSOE. Los resultados confirmaron la tendencia al bipartidismo que caracterizaría al sistema político español durante las décadas siguientes.

Adolfo Suárez formó el primer gobierno constitucional tras la Transición con miembros de su propio partido y el apoyo puntual de algunas minorías del Congreso, especialmente de los nacionalistas catalanes. El presidente se planteó como principal labor el desarrollo de la Constitución y la implantación de medidas de carácter social que complementasen aquella transición política que se estaba reproduciendo. Entre estas últimas destacó la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980.

Pero el gobierno de Adolfo Suárez se encontró con una serie de problemas que aceleraron su descomposición. Por ejemplo, la oposición de la izquierda, que se fortaleció, alcanzando la alcaldía tras las primeras elecciones municipales en numerosas ciudades, como por ejemplo Madrid o Barcelona. El PSOE abandonó la ideología marxista en el 28º Congreso celebrado en 1980, ganándose así la simpatía de parte del electorado más moderado. Los socialistas anunciaron el fin del consenso y practicaron una fuerte oposición que se materializó en la fallida moción de censura contra el gobierno.

Las luchas internas de la UCD afectaron asimismo a la cohesión interna del propio gobierno. La crisis económica, además, que afectaba a España, se agudizó a pesar de los Pactos de la Moncloa. Asimismo, el terrorismo de ETA continuó creciendo a pesar de las leyes de amnistía y de la obtención de la autonomía vasca para el País Vasco. Por su parte, grupos involucionistas de extrema derecha atentaban contra entidades democráticas y culturales y también contra personas significativas por la defensa de la libertad. Asimismo, los sectores más conservadores del ejército preparaban un golpe de estado, sí, nada menos que un golpe de estado para reinstaurar una dictadura militar, el llamado "ruido de sables".

Todos estos factores precipitaron la dimisión de Suárez en enero de 1981. Leopoldo Calvo-Sotelo fue designado candidato a la presidencia del gobierno. Tras no tener mayoría suficiente en una primera votación, se fijó para el 23 de febrero (ojo con esta fecha) la segunda votación de investidura. Fue el día elegido por los militares para protagonizar el golpe de estado de Tejero. Mientras se celebraba la votación de investidura, un grupo de 16 guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpieron en el Congreso, suspendieron el poder legislativo y ejecutivo y pusieron en jaque a la democracia. Al mismo tiempo, el capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, declaraba el estado de guerra.

Aquella madrugada del 24 de febrero, el Rey se dirigió a los ciudadanos a través de un comunicado emitido en directo en la televisión nacional, en Radio Televisión Española. En él, desautorizó a los golpistas y ordenó al ejército que respetara el orden constitucional ganado en la Transición. De esta manera, se puso fin al golpe y se volvía a la normalidad democrática con la elección de Calvo-Sotelo como presidente del gobierno.

Dos días después, durante el año y medio que duró el último gobierno de la UCD, continuaron las tensiones internas del partido, produciéndose el abandono progresivo de muchos de sus diputados. Asimismo, el ejecutivo tuvo que afrontar las presiones de la Iglesia contra la Ley del Divorcio de 1981, gestionar el escándalo por el envenenamiento masivo de aceite de colza adulterado y asistir a las tensiones provocadas por el juicio contra el 23-F.

Una de las últimas medidas de Calvo-Sotelo en su gobierno fue la integración de España en la OTAN en 1982, aprobada con el voto de toda la derecha. El PSOE se opuso y convirtió la convocatoria de un referéndum sobre la salida de la OTAN en una de sus principales promesas electorales.

Después del verano de 1982, Calvo-Sotelo decidió adelantar las elecciones generales. La UCD se presentó, pero en plena crisis, frente a un PSOE que, con la promesa del cambio, apareció como claro vencedor en las encuestas. Las elecciones de octubre de 1982 supusieron el triunfo aplastante del PSOE, alcanzando la mayoría absoluta con 202 diputados. Los socialistas captaron votos del PCE, que se hundió electoralmente, y de la UCD, al tiempo que buena parte de estos iban a parar al partido de la derecha, Alianza Popular, convertida ahora en el líder de la oposición.

El acceso de un partido de izquierda al gobierno significaba la normalización definitiva del sistema democrático en España, que se había cimentado con la Transición tras el franquismo.

La Constitución diseñó un Estado descentralizado, en el que por debajo de la Administración central se configuraban las comunidades autónomas. Es por ello por lo que el desarrollo del proceso autonómico comenzó con las llamadas "comunidades históricas", es decir, aquellas que habían previsto estatutos de autonomía durante la Segunda República: Cataluña, País Vasco y Galicia.

A finales de 1979, se aprobaron los estatutos de Cataluña y País Vasco, y meses después se celebraron las primeras elecciones en ambas comunidades. Aprobado también el anteproyecto del Estatuto para Galicia, se plantearon dos posibilidades para el resto de las comunidades: la del artículo 143 de la Constitución, la vía más lenta, que posibilitaba asumir competencias mínimas ampliables una vez transcurridos 5 años; y la del artículo 151, la vía rápida, que concedía el mismo grado de autonomía al resto de comunidades que a las comunidades históricas.

La mayoría de las comunidades propusieron acogerse a la vía rápida, pero el gobierno de la UCD, presionado por los sectores involucionistas que veían en las autonomías un problema para la unidad de España, planteó seguir la vía del artículo 143. Andalucía, que había iniciado la vía rápida, celebró su referéndum de autonomía el 20 de febrero de 1980. El voto afirmativo superó la mayoría absoluta en todas las provincias, salvo en Almería, en la que se alcanzó la mayoría relativa. La presión social y el acuerdo entre el PSOE y la UCD permitieron que en 1981 se aprobase el Estatuto de Autonomía de Andalucía con las máximas competencias.

Tras el caso andaluz, el gobierno de Adolfo Suárez decidió frenar iniciativas similares. No obstante, en 1983, todas las comunidades disponían de estatuto de autonomía. A partir de entonces, las 17 comunidades autónomas de España se repartieron con el gobierno central gran parte de las competencias políticas y administrativas, pasando a tener, por ejemplo, un parlamento propio con capacidad legislativa y un gobierno surgido de las urnas, es decir, de la democracia. Se ponía fin de esta forma a la concepción territorial de España como un Estado centralista que había imperado en el país desde principios del siglo XVII y que se había forjado en los siglos XIX y XX.

La victoria del PSOE en cuatro elecciones generales consecutivas permitió abrir una larga etapa de gobierno de la izquierda moderada en España. En los tres primeros comicios se impuso por mayoría absoluta, gobernando en solitario, mientras que en la última legislatura (entre 1993 y 96) necesitó el apoyo de los nacionalistas conservadores de Convergència i Unió y, en menor medida, del PNV Vasco.

Las grandes líneas de actuación en las cuatro legislaturas del gobierno del PSOE atendieron a estos objetivos fundamentales: en primer lugar, a la modernización económica del país; en segundo lugar, la extensión del Estado del Bienestar; en tercero, la democratización de la Administración, en particular de instituciones como el ejército o la policía; y en último lugar, la integración de España en instituciones supranacionales, como por ejemplo la Unión Europea.

En cuanto a la política económica, en el contexto de una fuerte crisis a principios de la década de los 80, el gobierno se centró en modernizar y hacer más eficiente la economía de España para poder financiar su política social. Las primeras acciones buscaron el saneamiento de sectores productivos enteros que se mantenían gracias al proteccionismo estatal y a la permisividad con las prácticas irregulares favorecidas por la corrupción heredada del franquismo. Por ello, el gobierno, por ejemplo, expropió el holding empresario Rumasa, que se encontraba en quiebra y cuyo hundimiento hubiera provocado una grave crisis social y económica.

Asimismo, se impuso el saneamiento de diversos bancos en dificultades, cubriendo el Estado las pérdidas de los mismos en un sistema bancario insolvente que, sin embargo, obtuvo amplios beneficios entre el 81 y el 85. Uno de los ejes de esta política económica fue la reconversión industrial, que afectó a empresas públicas con grandes pérdidas y escasa competitividad en el mercado internacional. Los sectores más afectados fueron, por ejemplo, los astilleros, la siderurgia o la minería. La reconversión supuso decenas de miles de despidos y recortes salariales, lo que llevó a una alta conflictividad social que se plasmó en huelgas generales en 1985 y 1988. La reconversión permitió sanear los sectores económicos y librar al Estado de una extraordinaria carga financiera.

La otra gran medida que pretendía conseguir la financiación del Estado del Bienestar fue la reforma fiscal, iniciada ya en tiempos de Adolfo Suárez. Se trataba de distribuir la carga impositiva de la Hacienda, aumentando los impuestos directos, algo generalizado en los países desarrollados, pero no en España. Una parte importante de la recaudación se destinó a los gastos sociales, permitiendo la universalización de la sanidad y las prestaciones, por ejemplo, de jubilación. También se renovaron los subsidios asistenciales y las prestaciones a la población desocupada. Otra gran parte del gasto se invirtió en obras públicas, lo que permitió aumentar considerablemente los kilómetros de autovías y autopistas, así como la implantación de los primeros trazados de la alta velocidad ferroviaria, es decir, el AVE.

En cuanto al sistema educativo, a través de una serie de leyes (la LODE o la LOSE), la educación se convirtió en España en un derecho fundamental. Pasó a ser obligatoria y gratuita hasta los 16 años, mientras que la enseñanza universitaria creció espectacularmente y la educación infantil se ofreció gratuitamente en muchas escuelas públicas. Además, se hizo un destacado esfuerzo de inversión en instalaciones, escuelas, institutos y centros universitarios.

En cuanto al panorama internacional, se intentó poner fin al aislamiento que vivía España. Una vez restablecida la democracia, nuestro país se integró en numerosos organismos internacionales, como por ejemplo la OTAN o la Comunidad Económica Europea. La primera operación fue la integración en la OTAN, que ya había sido aceptada formalmente por el gobierno de Calvo-Sotelo, como vimos anteriormente. El gabinete de Felipe González acabaría sometiendo a referéndum el mantenimiento de España en esta Alianza militar en 1986. El PSOE había cambiado de postura y pidió a los nacionalistas el voto afirmativo. La intensa campaña en contra del PCE y la promoción de la abstención por parte de la derecha no evitaron que ganase el "sí" por estrecho margen: el 50,25% de los votos.

Las negociaciones para la integración de España en la Comunidad Económica Europea, iniciadas bajo el gobierno de la UCD, duraron 6 años y acabaron con el ingreso de nuestro país en 1986 en esta Alianza económica europea. Este hecho supuso la modificación de muchas leyes y normas, sobre todo económicas, por ejemplo, la creación del IVA, la coordinación en política monetaria con el resto de los europeos, modificaciones de normativas sobre el consumo, producción, aduanas, etc., así como también la consolidación del sistema democrático.

De 1982 a 1996, las conspiraciones antidemocráticas llegaron por tanto a su fin, consolidándose el sistema parlamentario e imponiéndose en las comunidades autónomas. No pudo resolverse, por ejemplo, el grave problema del terrorismo de ETA, si bien las diversas fuerzas políticas...

Pactaron para reforzar la lucha antiterrorista. El acuerdo más significativo fue el de Ajuria Enea, que aglutinaba todas las fuerzas democráticas vascas contrarias a la violencia.

Mientras tanto, la derecha política, encabezada por Alianza Popular, había llevado a cabo un cambio para alejarse de la vieja imagen del franquismo. Se refundó como partido político en el nombre del Partido Popular, que te sonará seguro, y se renovó con nuevos dirigentes para aspirar al voto más centrista. Destacamos sobre todo a José María, nuevo líder del partido, que ganó al PSOE en las elecciones generales de 1996 por un estrecho margen de votos.

El apoyo de CiU, PNV y Coalición Canaria permitió al Partido Popular formar gobierno. El gobierno conservador emprendió una política económica de orientación neoliberal, encaminada a reducir el gasto público. Asimismo, buscó cumplir con los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht para poder acogerse a la moneda única, el euro.

Los años finales del siglo coincidieron con un desarrollo económico internacional sostenido, superando en el caso de España los índices de los países democráticos. Al calor de la buena marcha de la economía, se redujo la inflación, el déficit público y también el paro. A ello contribuyeron la privatización de las empresas públicas, entre ellas las que daban beneficios como Argentaria, Repsol o Telefónica, y los fondos de cohesión europeos iniciados en la época anterior socialista.

No obstante, la disminución del gasto del Estado fue importante, en parte por la reducción de impuestos directos a las clases medias y altas. Esto trajo consecuencias negativas en servicios públicos como insuficiencias en el sistema sanitario, servicios a la tercera edad, escuela pública o investigación. Las políticas neoliberales generaron crecimiento, pero acentuaron el desigual reparto de la renta en los españoles.

El gobierno del PP tuvo que hacer frente a la acción incesante de ETA, que continuaba con acciones terroristas. Esto tuvo sus momentos más duros en el larguísimo secuestro de José Antonio Ortega Lara en 1996 y en el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. La acción policial y judicial contra ETA se mantuvo, pero se intentó también una negociación con la banda terrorista, que acabó en fracaso.

En el año 2000 se celebraron unas nuevas elecciones generales, en las que el PP volvió a ganar, esta vez con una mayoría absoluta, lo que le permitiría gobernar en solitario. Así entró España en el siglo XXI con una legislatura en la que el PP impuso políticas de recentralización de las empresas públicas. En el terreno político, se firmó el pacto antiterrorista entre PP y PSOE, los dos grandes partidos del sistema.

En marzo de 2003, el gobierno dio su apoyo a la invasión de Irak, liderada por Estados Unidos y contra la aprobación de la ONU.

En 2004, el presidente Aznar, que había decidido no presentarse a las siguientes elecciones generales, propuso como nuevo líder del PP a Mariano Rajoy. Pero el 11 de marzo, 3 días antes de aquellos comicios, un atentado terrorista islámico en la estación de Atocha en Madrid provocó 191 muertos y más de 1000 heridos. Este atentado alteró drásticamente la campaña electoral, impulsando la victoria electoral por sorpresa del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, que gobernó en España durante dos legislaturas.

Sufriendo a partir del año 2007 una crisis económica internacional sin precedentes, que llevó a España al hundimiento de su economía, en concreto del sector inmobiliario y bancario, produciendo por tanto un espectacular aumento del paro y obligando además al gobierno a impulsar una política de austeridad que germinó en el estallido, por ejemplo, del movimiento de los indignados, el 15M. A partir del año 2011, este movimiento fue el germen, por ejemplo, del partido político actual, Unidas Podemos.

Las elecciones de 2011 volvieron a dar la victoria política al PP, así como también las de 2015, en la figura de Mariano Rajoy, hasta que en 2018 una moción de censura liderada por el PSOE de Pedro Sánchez, debido a la investigación por escándalos de corrupción política en el PP, volvió a hacer cambiar de signo político al gobierno de España.

Y así llegamos a la España del día de hoy, que ha tenido que lidiar con el auge de movimientos independentistas, como por ejemplo en Cataluña, o por ejemplo la crisis del COVID-19. Pero seguro que de esto no necesito hablarte mucho, ¿no?

Y hasta aquí ha llegado este largo vídeo con la historia completa de España desde la Prehistoria hasta nuestros días. ¿Qué te ha parecido? ¿Por qué no me lo dejas aquí abajo en los comentarios, así como también tu like y tu suscripción?

Y si estás preparando el examen de Historia de España de la EBAU, recuerda lo que decía IV: "Esto sois vosotros el día del examen. Quiero que os fijéis en algo importante, aparte de que sois guapísimos y guapísimas, fijaos en esto: tenéis una sonrisa porque sabéis que hoy las cosas van a salir bien, porque sabéis que vais a probar de sobra, porque creéis en vosotros mismos. Que todo, todo es actitud. Tú puedes con ello. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!"