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El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), dentro de la dimensión de Gestión de Valores para Resultado, tiene una política significativa y es la política de la mejora normativa.
Esta política pretende la mejora normativa, el uso de herramientas y la gestión adecuada de la regulación normativa, es decir, de la expedición de normas jurídicas de manera precisa, actos administrativos que serían los decretos y las resoluciones. De manera que esos decretos cumplan con unos estándares de calidad, de manera que esos decretos sean eficientes, eficaces, coherentes, transparentes. Ello con la finalidad primordial de garantizar los fines esenciales del Estado, garantizar la seguridad jurídica y el marco regulatorio.
Dentro de la política de mejora normativa, nosotros tenemos un ciclo de gobernanza regulatoria. El primer elemento de ese ciclo de gobernanza es la planeación, y la planeación hace referencia a la agenda regulatoria. El segundo elemento de ese ciclo es el diseño, y en ese diseño se debe realizar un análisis de impacto de la norma jurídica.
El tercer elemento es la participación ciudadana. Todos los proyectos específicos de regulación, normas de carácter general, deben darse a conocer al público para efectos de recibir comentarios, sugerencias, observaciones, y eso hace referencia, desde luego, a la participación ciudadana.
Un cuarto elemento es la calidad, y esa calidad se garantiza a través de unos conceptos. En el caso del departamento jurídico, hacia el control de legalidad, y eso queda plasmado en un concepto jurídico. El quinto elemento sería la publicidad de esa norma jurídica en el Diario Oficial.
Y el sexto, para terminar ese ciclo de gobernanza, es la evaluación de la norma jurídica. Todo esto, todos estos ciclos, todo este ciclo va a garantizar la eficacia y que esas normas jurídicas guarden sintonía con nuestro ordenamiento jurídico y que revistan de calidad, política de mejora normativa.