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[Música] En la economía moderna, los puertos son mucho más que puntos de entrada y salida. Son infraestructura vital para el crecimiento económico, la seguridad alimentaria y el desarrollo de los países. Cuando fallan, las consecuencias se sienten en todo el territorio.
En Guatemala, el puerto Quetzal concentra el 84% de la carga que ingresa al territorio nacional. Por ahí entran bienes esenciales como maíz, trigo, hierro, cemento, gasolina y fertilizantes. Pero hoy ese puerto estratégico está al borde del colapso operativo. En 2023, los barcos tardaban un promedio de 15 días para ser descargados. En 2024, el promedio subió a 20 días. En lo que va de 2025, la espera ya alcanza los 56 días.
Esto tiene un costo económico directo. Cada día de atraso representa entre 80,000 y $100,000 que los importadores nacionales deben pagar a las empresas navieras. Un gasto que inevitablemente se traslada al consumidor guatemalteco. Pero las consecuencias no son solo económicas. Las cadenas de suministros de varias industrias del país se han visto gravemente afectadas. Algunos alimentos podrían llegar a escasear. Los productos perecederos están en riesgo y sectores como la agricultura, la construcción y el transporte resienten la falta de insumos.
Incluso dentro del contexto centroamericano, las demoras en Puerto Quetzal para descargar los productos están muy por encima del promedio regional. Por ejemplo, en Costa Rica, el puerto de Caldera registra una demora de 10 días, mientras que en El Salvador el puerto de Acajutla promedia 18; y en muchos puertos del mundo, las descargas ocurren el mismo día en que los barcos atracan.
El problema no surgió de la noche a la mañana. Desde hace más de 15 años se sabía que la capacidad del puerto sería insuficiente para enfrentar una mayor demanda. Como suele ocurrir en la administración pública de Guatemala, no existen planes a largo plazo que se respeten y se ejecuten. Cada nueva administración que asume el control de la empresa portuaria Quetzal descarta los planes maestros anteriores y comienza de nuevo, repitiendo un ciclo que ha impedido cualquier avance real. Se han elaborado múltiples planes, pero ninguno ha sido ejecutado. El problema no radica en la falta de presupuesto, sino en la ausencia de voluntad política, de gestión efectiva y de eficiencia administrativa.
La empresa portuaria Quetzal tiene actualmente más de 1000 millones de quetzales en cuentas bancarias sin que ese dinero se traduzca en mejoras reales. Los sindicatos se han opuesto a que los fondos sean utilizados para el beneficio de la portuaria. Todo esto ocurre en un contexto donde los escándalos y actos de corrupción han minado profundamente la confianza de los guatemaltecos en esa institución.
La infraestructura está rezagada. La capacidad operativa del puerto llegó a su límite hace 5 años, y mientras más se tarden en tomar decisiones, más difícil será implementar los cambios sin interrumpir el comercio. Algunos países han encontrado soluciones en las alianzas público-privadas. El puerto de La Romana en República Dominicana es un ejemplo de la región por su eficiencia. En Guatemala, la terminal ferroviaria Puerto Barrios, administrada por la compañía Chiquita Guatemala, Sociedad Anónima subsidiaria de Chiquita Brands International, también demuestra cómo la gestión privada puede operar con mayor agilidad.
El impacto del atraso en Puerto Quetzal afecta la competitividad del país, desincentiva la inversión y pone en riesgo el bienestar de millones de guatemaltecos. Incluso los costos de la vivienda y de la construcción podrían incrementarse significativamente si la situación sigue deteriorándose. En los últimos años se ha pagado en costos, multas y sobreprecios sumas que habían alcanzado para financiar buena parte de la modernización que el puerto necesita. Pero las decisiones siguen sin tomarse y el tiempo, al igual que las oportunidades, se agota.
El puerto Quetzal no puede seguir siendo el cuello de botella del desarrollo nacional. Lo que ocurre ahí nos afecta a todos.
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