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Madrugada del 9 de junio de 1976, las fuerzas de seguridad secuestran en Buenos Aires al sindicalista uruguayo Gerardo Gati. Lo encierran en el centro de detención clandestino conocido como Automotores Orletti, en el barrio de Floresta. Es una víctima de la dictadura uruguaya, pero en la década de los 70, el terrorismo de estado no tiene fronteras.
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En la segunda mitad del siglo XX, la política uruguaya se repartía entre dos fuerzas: el Partido Colorado, que representaba los sectores urbanos, y su adversario, el Partido Blanco, que defendía los intereses del campo. En la década de los 60, blancos y colorados enfrentaron a un enemigo común: el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (el MLN).
Los Tupamaros se formaron en 1963, cuatro años después del triunfo de la Revolución Socialista en Cuba. Tenían un objetivo: transformar la sociedad a través de la lucha armada. Su nombre surgió como homenaje a Tupac Amaru. Desde sus filas, el movimiento denunciaba los casos de corrupción de los grandes partidos. También asaltaba bancos o grandes empresas para financiarse. Protagonizó la voladura de una radio y llevó adelante varios secuestros. La guerrilla despertó la simpatía de la población con acciones sorpresivas.
El 24 de diciembre de 1963, sus militantes bloquearon el paso de un camión de alimentos y lo llevaron a un barrio marginal. Algunos consideraban a los Tupamaros una especie de Robin Hood.
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Estados Unidos temía que la experiencia de la Cuba de Fidel Castro se expandiera en su zona de influencia y, desde principios de la década de los 60, el gobierno se involucró en las decisiones políticas de América Latina. El Departamento de Estado estadounidense difundió entre los militares del sur del continente la doctrina de seguridad nacional. Uruguay formó parte del Plan Cóndor, una política de coordinación represiva de los países del Cono Sur, digitada por Estados Unidos en plena Guerra Fría. Preparaba a los hombres de armas para atacar posibles focos revolucionarios.
Estados Unidos solicitó a las autoridades uruguayas que asesinaran o amenazaran de muerte a Raúl Sendik, líder de los Tupamaros. En esos días, la guerrilla había secuestrado a uno de sus hombres, el agente de la CIA Dan Mitrione. Nació el 4 de agosto de 1920 en Italia. Desde 1969 ocupaba el cargo formal de jefe de la Oficina de Seguridad Pública estadounidense en Uruguay, pero su verdadera misión era enseñar a torturar. "El dolor, preciso en el momento preciso, en la cantidad precisa, para el efecto deseado", decía cuando se refería a la tortura.
Mitrione formó a la policía uruguaya en la aplicación de técnicas de tormentos. "Antes que nada, hay que ser eficiente", decía Mitrione. "Se debe actuar con la eficiencia de un cirujano y con la perfección de un artista". El 31 de julio de 1970, el Movimiento Tupamaros secuestró al agente norteamericano para utilizarlo como ficha de cambio en la liberación de 150 militantes detenidos. El presidente uruguayo, Jorge Pacheco Areco, se negó a cumplir las exigencias de la guerrilla, y el 10 de agosto Mitrione apareció en el asiento trasero de un auto robado. Estaba muerto.
En 1972, Pacheco Areco ordenó reprimir a la guerrilla. Las fuerzas armadas fueron más allá aún. Las fronteras dejaban de ser territoriales para convertirse en ideológicas. La doctrina de seguridad nacional estaba en marcha. Los militares comenzaron a actuar como ejército de ocupación al servicio de la lucha contra el enemigo: el comunismo.
El primero de marzo de 1972, Bordaberry asumió la presidencia en un escenario de gran tensión social y política. Por un lado, enfrentaba la movilización de los trabajadores reunidos en la Convención Nacional de Trabajadores (la CNT) y, por el otro, las actividades de los grupos guerrilleros. Al igual que Pacheco Areco, buscó el apoyo de los militares.
El ejercicio del poder se hacía cada vez más inconstitucional. Las fuerzas armadas y el poder político aceptaron el uso de la tortura física y psicológica en contra de los supuestos enemigos. Faltaba poco para que la democracia llegara definitivamente a su fin.
El martes 26 de junio de 1973, un grupo de empresarios influyentes se reunió en Montevideo con representantes de las fuerzas armadas. A puertas cerradas manifestaron su inquietud: había que controlar a los obreros politizados y privatizar el sector público. Un día después, Bordaberry anunció la disolución del parlamento y prohibió la actividad de los partidos políticos. Se iniciaba formalmente la dictadura en Uruguay, la única en su historia.
"Quiero expresar al pueblo uruguayo la confianza y la seguridad de que estas medidas no son tomadas en agravio a las instituciones, sino que por el contrario, lo son en defensa de las instituciones".
A diferencia de otros gobiernos militares de la región, las fuerzas armadas dejaron el cargo de presidente en manos de un civil. Juan María Bordaberry nació el 17 de junio de 1928 en Montevideo. Llegó al poder gracias al voto popular en 1971. En 1973 se convirtió en el primer dictador de su país. Bordaberry comenzó a gobernar junto con el Consejo de Seguridad Nacional, integrado por miembros de las fuerzas armadas, la Central Obrera y el Frente Amplio, una nueva fuerza de izquierda que había cosechado el 20% de los votos en las elecciones presidenciales.
Organizaron una intensa lucha civil. Desde el primer día del golpe, la CNT convocó a los trabajadores a una huelga general y el 9 de julio obreros y miembros del Frente Amplio organizaron una multitudinaria manifestación en el centro de Montevideo. El ejército lo reprimió de manera violenta y logró quebrar la resistencia.
La dictadura cívico-militar tenía un objetivo claro: impulsar una política de liberalización y desregulación de la economía; implementar reglas laborales más flexibles a favor de los empresarios y en contra de los derechos de los trabajadores. El régimen impuso el terrorismo de estado para evitar cualquier tipo de oposición a su modelo económico y político. Secuestros, prisión prolongada, tortura, violaciones, asesinatos, desapariciones y robos de bebés formaron parte del sistema represivo de la dictadura uruguaya.
En este escenario, las fuerzas armadas tomaron como rehenes a nueve dirigentes tupamaros, entre ellos a José Mujica, alias Pepe. Nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo. Al igual que otros dirigentes tupamaros, estuvo preso durante toda la dictadura. Más adelante, en democracia, sería presidente de los uruguayos.
El gobierno también declaró ilegales a los partidos políticos, disolvió la CNT y reprimió la actividad sindical. Instauró la censura y cerró los medios de prensa independientes. La justicia militar acusó a periodistas y hombres de la cultura, como el escritor Juan Carlos Onetti, de hacer apología de la sedición. En el sector educativo, intervino la universidad, suspendió los recreos en la escuela secundaria para evitar disturbios y despidió a cientos de profesores.
En 1976, al mismo tiempo que en Argentina se producía el golpe de estado, las fuerzas armadas uruguayas destituyeron al presidente Bordaberry y suspendieron las elecciones. Los militares asumieron todas las funciones del gobierno y controlaron a la población dentro y fuera de las fronteras, en alianza con las dictaduras de la región.
Un caso emblemático es el de los 160 desaparecidos uruguayos: solo 35 fueron asesinados en su país, los 125 restantes desaparecieron en Argentina.
El primero de junio de 1976 comenzó a funcionar en el barrio porteño de Floresta el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti. Fue el destino de decenas de uruguayos secuestrados en Argentina en el marco del Plan Cóndor. El 24 de julio de 1976, 23 detenidos ilegales fueron trasladados desde Orletti a Montevideo. Tres meses después, la dictadura montó una escena para simular que habían ingresado al país por sus propios medios para invadir el territorio.
En esos días, en Buenos Aires, otros 22 detenidos subieron a un avión militar uruguayo que partió hacia el aeropuerto de Carrasco, en donde quedaron a disposición del ejército. Todos ellos continúan desaparecidos.
En 1980, los militares redactaron el proyecto de una nueva constitución que establecía un candidato único para la presidencia, que debía ser aceptado por las fuerzas armadas, y condicionaba el derecho a huelga a la decisión del poder ejecutivo. El punto más fuerte era la tutela militar sobre la futura constitución y sobre la democracia uruguaya.
La dictadura convocó un plebiscito para legitimar su proyecto en las urnas. Los partidos políticos aprovecharon para reaparecer en la vía pública con una campaña por el no a la iniciativa militar. El 30 de noviembre de 1980, los uruguayos concurrieron silenciosamente a votar. Participó el 5% de la población. El 5% se manifestó en contra del proyecto de reforma, el 4% a favor. Aunque se trató de una victoria para el pueblo, las urnas decían que después de 7 años en el poder, dos de cada cinco votantes apoyaban el régimen.
A partir del plebiscito se inició el proceso de transición democrática.
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En noviembre, una movilización masiva al obelisco de Montevideo aglutinó a más de 400,000 personas. Se denominó "El obeliscazo" o "Un río de libertad". La avenida principal de Montevideo parecía una corriente humana que pedía por el final de la dictadura.
El 18 de enero de 1984 se realizó un paro general; era el primero después del que había realizado la CNT el día del golpe.
El 3 de agosto de 1984, los militares consensuaron junto con los partidos políticos el llamado a elecciones, y el 25 de noviembre, los comicios dieron como ganador a Julio María Sanguinetti. Nació en Montevideo el 6 de enero de 1936. Era un dirigente del Partido Colorado. Después de 12 años de dictadura, fue el presidente de la transición democrática uruguaya.
Sanguinetti dictó la amnistía para los presos políticos y sociales, restituyó en sus puestos a los empleados públicos despedidos, repatrió a los exiliados y restableció las libertades civiles y políticas. Pero también promovió la ley de caducidad que dejó impunes las acciones de violación de los derechos humanos ejecutadas durante el terrorismo de estado.
La dictadura cívico-militar quebró una tradición democrática única en el sur del continente. Los militares uruguayos responsables por los crímenes de lesa humanidad aún no han sido juzgados y continúan en libertad.
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