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Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre temas de actualidad en la política y la economía puertorriqueña. Y hoy, diferente a lo que ustedes podrían esperar, no me voy a dedicar a uno de los últimos chismes en la legislatura o alguna de las confirmaciones al gabinete. Voy a hablar de un tema que, hasta cierto punto, no del todo ha pasado inadvertido en la discusión pública; quizás porque ha surgido muy cerca del descanso de Semana Santa. Y bueno, estamos ya en este mes de abril, en las semanas en las que comienza a prepararse el presupuesto de Puerto Rico por la Junta de Supervisión Fiscal, la Fortaleza y la Legislatura.
Ustedes saben que desde que se aprobó la Ley PROMESA en 2016, pues realmente el poder de aprobar el presupuesto no lo tiene el gobierno de Puerto Rico; lo tiene la Junta de Control Fiscal. Pero la Ley PROMESA, que es una ley muy, hasta cierto punto, inefectiva en algunas de las cosas que determinó, hace toda esta pantomima política. Obviamente, hay que pensarla desde el punto de vista de un político local, como son los congresistas, eh, y entonces el presupuesto primero la Fortaleza somete un borrador a la Junta. La Junta lo revisa; si está de acuerdo, si tiene señalamiento, se los devuelve; si no, pues entonces se lo envía a la Legislatura. La Legislatura lo manosecea, hace vistas públicas que no tienen ningún valor, eh, y luego se lo envía a la Junta, y la Junta finalmente, eh, lo revisa. Resultado: es que la mayor parte de las veces la Junta termina certificando el presupuesto que ellos quieren y no el que la Legislatura trabaja ni el que le envía la Fortaleza. Aunque ahora, pues pareciese que, a pesar de los pesares, están haciendo un esfuerzo, la Fortaleza sobre todo, de trabajar más en armonía.
Bueno, en todas estas circunstancias, no los quiero aburrir con el detalle presupuestario. Ha surgido una carta que la Junta de Supervisión Fiscal le envía a la gobernadora Jenny Ry González, señalándole graves faltas en el cumplimiento del plan fiscal, o sea, el plan presupuestario a 5 años, del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el organismo gubernamental que cobra los impuestos municipales en Puerto Rico. El impuesto municipal más importante, bueno, hay dos impuestos municipales importantes: uno es el impuesto al inventario, del que se ha estado hablando, y hay legislación para congelarlo porque el sector privado se opone a él, y le echan la culpa a ese impuesto de los inventarios limitados que Puerto Rico ha tenido, con los que Puerto Rico ha tenido que enfrentar hasta desastres naturales y la escasez que eso provoca; y el otro es el ingreso por motivo de los impuestos de propiedad.
Una cosa que mucha gente no sabe sobre Puerto Rico es que en Puerto Rico hay una exención uniforme, eh, a los impuestos de propiedad hasta el valor de $15,000 en el hogar primario o en la propiedad primaria, a precios de 1957. ¿Por qué? Bueno, porque se fue el año en que se aprobó la exención, y se utilizan los precios de tasación ajustados o indexados a 1957. $15,000 de 1957, amigos economistas míos, me han dicho que equivalen a entre $165,000 o $175,000 de hoy, 2025. Y si usted se pone a pensar en el mercado inmobiliario de Puerto Rico en este momento, casi no hay propiedades de $15,000. Una propiedad de $165,000 es una ganga en Puerto Rico. Claro, no se utilizan precios de 1957 para vender las propiedades ni para pedir el financiamiento a los bancos, ¿no? Lo cual ha creado en Puerto Rico, a lo largo de muchas décadas, una circunstancia anormal. Las tasaciones para impuestos, las, eh, primero era Hacienda quien las cobraba; después se creó, en los años 80 o 90, el CRIM, eh, cuando se creó la Ley de Municipios Autónomos; y y se cobran los impuestos a precios de 1957. Por lo tanto, en Puerto Rico hay propiedades que hace mucho tiempo excedieron el valor de la tasación de la exención y que no pagan contribución sobre la propiedad o impuestos sobre propiedad. Bueno, pues porque están exentas, eh, y entonces ha habido una guerra porque, en la medida en la que se desarrollaron grandes urbanizaciones de mucho valor, eh, y que se venden propiedades por millones de dólares en cualquier urbanización en en la zona metropolitana, entonces usted tiene ahí, eh, una dicotomía, porque si esas hay hay residencias de esas que tienen exención y que no pagan impuestos o pagan una un impuesto reducido porque, eh, la exención es sobre los primeros $15,000, o sea, sobre los primeros $165,000 del valor real de la propiedad.
Todo lo cual ha generado una circunstancia en la que en Puerto Rico los impuestos sobre la propiedad son muy bajos y no reflejan, eh, el valor ni lo que los dueños de esas propiedades obtienen cuando las venden a precios de mercado. Por eso se ha estado hablando por mucho tiempo de la necesidad de retasar propiedades. ¿Cuál es el problema? Que la retasación de propiedades, una medida impopular, no hay duda de que generaría una gran cantidad de ingresos, quizás para subsanar aquellos que los municipios han perdido en la refriega del Fondo de Equiparación y de la eliminación de otros ingresos, pero tiene un costo político. Un alcalde, una Legislatura, un gobernador que firmen legislación para retasar las propiedades en Puerto Rico, imagínense ustedes todas las propiedades cuyo valor excede los $165,000 a precios reales de 2024 o 25 que van a tener que ingresar en el régimen de pago de impuestos. Y entonces, bueno, eso va a provocar una ola política negativa. La Junta lo sabe; a la Junta no le interesa la laada, la ola política negativa, porque ninguno de los miembros de la Junta son funcionarios electos.
Y en esa, eh, comunicación sobre el mal, las deficiencias del CRIM, la Junta señala, entre otras cosas, como fallas del CRIM, eh, y me van a permitir que use mi mi computadora porque no lo puedo recordar de memoria, el que se ha fallado en la validación de de tasaciones virtuales y que tienen retrasos que afectan la notificación e imposición de contribuciones. Las acciones virtuales son, obviamente, el uso de la tecnología geodésica y de satélite que hay hoy día para usted identificar las propiedades y lo que tienen en construcción y ajustar esos valores para, eh, la imposición de contribución sobre la propiedad. El otro señalamiento es la reforma del sistema contributivo sobre la propiedad, cronogramas y análisis para modelos basados en valores de mercado; es decir, para traer el régimen contributivo sobre la propiedad a precios del mercado, que quiere decir a los valores reales. Lo que está diciendo la Junta es: "Tienes que retasar". No lo está diciendo directamente, pero está diciendo: "Has fallado porque no has, y tienes que retasar para que tengan los ingresos que le pueda repartir o redistribuir a los municipios." Entonces hace una serie de solicitudes para analizar el plan fiscal del CRIM, eh, y entre otras cosas dice que deben revisar la proyección de remesas a los municipios, esto tiene que ver con el ingreso del impuesto a la propiedad, eh, y que deben además presentar proyecciones fiscales hasta 2030 que presenten las medidas para aumentar los ingresos del CRIM. Uno que no nació ayer sabe que esto quiere decir que la Junta ha dado un ultimátum para que se comience el proceso de tasación de las propiedades en Puerto Rico. Suerte en eso les deseo yo al gobierno, porque, como ustedes saben aquí que se habla tanto de la, eh, incorporación o de la anexión de Puerto Rico como un estado de la Unión, sobre todo los que creen en la en la llamada estadidad, pues el régimen de impuestos sobre la propiedad es uno de los mecanismos principales de ingresos que tienen los estados de los Estados Unidos, los estados de la Unión Americana, y que tienen las ciudades en los Estados Unidos. En Puerto Rico, por una razón de populismo, de bienestar social, de generar una clase de propietarios por allá cuando se organizaba el Puerto Rico Moderno desde la década de los 50, se decidió que el sistema contributivo en Puerto Rico no iba a a tener una base tan importante en el impuesto de propiedad. Y hemos llegado al siglo XXI, los municipios no pueden subsistir muchos de ellos económicamente, y la Junta, que está compuesta por estadounidenses, la mayor parte de los cuales viven en un estado de la Unión, le está diciendo al gobierno de Puerto Rico y a los municipios: "Retasa". Son noticias que nadie quiere discutir. Seguimos mañana.