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Con el propósito de conseguir recursos para financiar los refuerzos que el ejército liberal necesita para poder ganar la guerra civil, el nuevo presidente progresista Mendizábal decide desamortizar los bienes eclesiásticos. La desamortización supone, de hecho, una nacionalización de los bienes de la iglesia para después venderlos en subastas públicas. De alguna forma, es la respuesta del Estado liberal al apoyo que amplios sectores del clero prestan a la causa carlista.
Mendizábal decide, como primera medida, disolver las órdenes religiosas y declarar sus posesiones, que son principalmente tierras, bienes nacionales. Para los liberales, la propiedad es el motor de la sociedad y el sustento de la riqueza de la nación. Por este motivo, consideran que la liberalización del suelo resulta fundamental para su proyecto.
La gran cantidad de tierra subastadas, cerca de 10 millones de hectáreas, crea entre los compradores, fundamentalmente burgueses y comerciantes que se benefician de la desamortización, una amplia red de apoyo a la causa liberal. Entre los nuevos propietarios también hay miembros de la aristocracia, la nobleza, cuyas tierras han sido respetadas por los liberales. Apoyan la causa liberal y participan en las subastas para ampliar sus patrimonios. Este es el motivo por el que en media España, al sur del Tajo, se acentúa aún más la concentración de tierras que constituyen los grandes latifundios.
Los otros grandes perdedores de la desamortización son los campesinos, los pequeños arrendatarios. Al no poder comprar sus tierras, pasan a convertirse en jornaleros de los nuevos propietarios, junto a los empleados de las tierras expropiadas. De este modo, los campesinos se proletarizan.
El gobierno progresista convoca elecciones y las gana. Enseguida, las Cortes se disponen a redactar una nueva constitución, más acorde con la idea progresista de lo que debe ser España. El otro gran objetivo es el de dar un fuerte impulso a la economía nacional, que la ponga a la altura del nuevo capitalismo europeo.
El nuevo ministro de Hacienda es Pascual Madoz. Madoz quiere resolver los crónicos problemas de Hacienda y relanzar los viejos proyectos de expansión ferroviaria. Necesita dinero y por eso aprueba una nueva ley de desamortización. Con la desamortización de Madoz, se nacionalizan y subastan, sobre todo, las tierras comunales de los municipios, los bienes que todavía le quedan a la iglesia después de la desamortización de Mendizábal. Tras esta desamortización civil de Madoz, los municipios pierden el medio más importante para financiarse: las tierras, lo cual provoca un auténtico desastre social en todos los pueblos. Los campesinos más humildes pierden su medio de vida y los pequeños ayuntamientos, que solían pagar al médico y al maestro con los beneficios del arrendamiento de terrenos, se empobrecen. El desamparo rural se acrecienta.
A partir de 1855, se desata en el país la fiebre de la construcción de ferrocarriles. La explicación está en el respaldo que el gobierno ofrece a los proyectos de nuevos trazados. La Ley de Ferrocarriles, que incentiva extraordinariamente la participación del capital extranjero. El capital extranjero, especialmente francés, entra masivamente en España y, en consecuencia, se hace con la propiedad de la mayor parte de las compañías ferroviarias. La inauguración del ferrocarril de Gijón a Sama de Langreo empiezan a repetirse poco a poco en toda España.
El primer tren que circula por la Península es el que cubre la línea entre Barcelona y Mataró. Es inaugurado en 1848. Aunque el ferrocarril llega con casi 20 años de retraso, su desarrollo va a resultar vital tanto para la vertebración de las tierras de España como para que el país logre dar el salto de una economía local muy atrasada a otra de integración nacional, más acorde con los tiempos. Desde el gobierno, muy interesado en la implantación del ferrocarril, se aprueban leyes para favorecer su desarrollo. En 10 años, entran en funcionamiento más de 5.000 km y 2.000 más están en obras.
Con la expansión del ferrocarril, España vive los efectos de la revolución de los transportes. El tiempo se acelera y las distancias se acortan. Los llamados "caminos de hierro" se van a encargar de vertebrar España. El ferrocarril provoca la expansión real del comercio español porque establece una rápida comunicación entre todas las regiones. Además, permitirá una mayor movilidad de la población. Pero los dos sistemas, el tradicional y el moderno, convivirán largos años, dadas las dificultades que la orografía española presenta para extender el ferrocarril por todo el país.
A pesar de los esfuerzos de los liberales por modernizar España, las epidemias de cólera y las hambrunas continúan abati cíclicamente sobre el país. En 1855, el cólera se lleva por delante a miles de españoles. La esperanza de vida al nacer no llega entonces a los 30 años de media, aumentando lentamente.
A mediados de siglo, España pasa ya de los 15 millones de habitantes. De ellos, tan solo 2 millones viven en ciudades. El resto, que es la gran mayoría, continúa en el campo. Es en esta época cuando se inicia la emigración del campo a la ciudad. Las zonas costeras del Mediterráneo y del Cantábrico, junto con Madrid, destinos preferidos de los inmigrantes, que van buscando los lugares donde las industrias tienen necesidad de mano de obra.
Con la creación de un mercado nacional gracias al ferrocarril y con la aplicación del vapor a los telares mecánicos, empieza a desarrollarse en Cataluña una importante industria textil. Otra actividad industrial que inicia en estos momentos su despegue es la de la obtención del hierro, la siderurgia. Aún se pueden ver en Marbella, Málaga, restos de lo que fueron los primeros altos hornos alimentados por madera que se instalan en España. Años más tarde, cuando el carbón sustituye a la madera, la actividad siderúrgica se traslada a Asturias y a Vizcaya.
La Ley de Minas, aprobada por los liberales progresistas en 1869, que consistía de hecho en la desamortización del subsuelo español, puso en venta gran cantidad de minas propiedad de la corona que estaban mal explotadas por falta de medios. La liberalización del sector minero atrae hacia nuestro país a inversores extranjeros interesados en su explotación. En el último tercio del siglo XIX, la minería se convierte en el sector más dinámico de la economía española. La extracción de cobre, plomo, zinc, mercurio y hierro, que requiere la industria europea, tira de la demanda de mano de obra y de la inversión en infraestructuras y nuevas tecnologías. Gran cantidad de campesinos abandonan el campo y se trasladan a las zonas mineras en busca de trabajo. El norte de España, Asturias, Cantabria y Vizcaya, es la zona más favorecida por la expansión de la minería. Vizcaya entra en ese momento en la edad del acero. La prosperidad de Bilbao se dispara.
Cataluña, especialmente Barcelona, se convierte durante el último tercio del siglo XIX en el centro de mayor expansión industrial de todo el país. La producción de la industria textil de algodón y la lana, que había comenzado a mecanizarse años atrás, crece ininterrumpidamente debido a la conquista del mercado nacional gracias al ferrocarril y a las medidas proteccionistas que le dejan el campo libre en las colonias. Cataluña experimenta una época de prosperidad como nunca había conocido. El pueblo la bautiza como la "fiebre del oro". Barcelona se convierte en la capital económica de España.
La pérdida de las colonias obliga a muchos españoles a liquidar sus negocios allí. Esa llegada de capital, sumada al dinero que traen los indianos que regresan a España, provoca a finales de siglo una gran euforia económica en el país. Los bancos Hispanoamericano (Banesto) y Vizcaya son de esta época. El dinero repatriado proporciona al desarrollo industrial y financiero en España un fuerte impulso que se mantendrá con el nuevo siglo.
La neutralidad española estimula la actividad económica del país, que crece de modo incesante. En el transcurso de la guerra, la demanda de nuestros productos en el mercado extranjero se dispara. Desde la industria, el campo, pasando por la minería, todos los sectores conocen un periodo de bonanza. Se vende todo lo que se produce. Los cuantiosos beneficios obtenidos propician el desarrollo del capitalismo español. La burguesía es la gran favorecida por esta súbita prosperidad. Muchas de las grandes fortunas familiares del país surgen en ese tiempo. La clase obrera, sin embargo, se ve perjudicada a largo plazo por los efectos económicos de la Gran Guerra. El exceso de exportación acaba provocando escasez en los productos de primera necesidad y, en consecuencia, su encarecimiento. Durante los 4 años de la guerra, el coste de la vida sube en España un 40%, mientras los sueldos permanecen al mismo nivel.
La España sobre la que reina es un país atrasado, con cerca de 19 millones de habitantes que luchan cada día por su difícil supervivencia. España es un país sin apenas industria. La poca que hay está localizada en el País Vasco y Cataluña. El trabajo en las fábricas es el más solicitado porque es el mejor pagado. El sueldo diario oscila entre las tres y las cuatro pesetas (2 céntimos de euro). Las mujeres cobran la mitad.
Poner la palabra "más" oída a comienzos de siglo, los españoles asisten esperanzados al desarrollo de los últimos inventos: la automoción, la electricidad y el teléfono. La mayoría confía en que, gracias a ellos, España alcance el progreso.
Con el régimen liberal consolidado, la burguesía se convierte en la nueva aristocracia de la sociedad. Por lo que se refiere a la nobleza, aunque ha perdido parte de su poder, ha salido muy bien parada de la revolución liberal. Ha conservado intactas sus propiedades rurales y, en muchos casos, las han incrementado. Los nobles únicamente han perdido sus viejos derechos medievales. Además, su prestigio social no solo se mantiene, sino que resulta altamente apreciado por la nueva burguesía.
En el campo, junto a la nobleza, surgió un nuevo grupo de terratenientes que han comprado sus tierras en las subastas de la desamortización. Conforman una potente burguesía agraria. En las grandes ciudades y a la cabeza de la reconstrucción económica que está llevando a cabo el régimen liberal, se sitúa la burguesía de los negocios, formada por financieros, industriales y por contratistas del Estado. Las simpatías políticas de todos estos sectores sociales están depositadas en los liberales moderados.
A mediados del siglo XIX, el nivel de analfabetismo en España es muy alto. De los 15 millones de españoles, 12 no saben leer ni escribir. Los gobernantes liberales, que asumen la extensión de la enseñanza como una cuestión de Estado, promueven varias leyes de instrucción pública destinadas a educar a los españoles en los valores ciudadanos. Entre ellas, destaca la del ministro Claudio Moyano, que busca escolarizar a toda la población. Esta ley, que declara obligatoria la enseñanza primaria, responsabiliza a los municipios del sostenimiento de las escuelas públicas. Los problemas económicos de muchos ayuntamientos, que apenas tienen para mal pagar al maestro, hace que la enseñanza no resulte gratuita en todos los casos. Además, contra la penosa situación de los maestros, la ley de Moyano estrella contra la masa de hijos de las familias pobres, a los que se les obliga a trabajar y ayuda así a sacar adelante a la familia.
Alrededor de 175.000 obreros trabajan en la industria, en la minería y en la construcción de ferrocarriles en jornadas de 10 a 12 horas diarias. Estos trabajadores, que malviven con un mísero salario, constituyen el primer proletariado industrial español. El desarrollo de la industria provoca una mayor demanda de mano de obra. La clase obrera, que aumenta sin parar, se nutre de campesinos que abandonan el campo y se establecen en barracones o chabolas en torno a las ciudades industriales y las zonas mineras. La ausencia de las más mínimas condiciones sanitarias en estos poblados, unida a la insuficiente alimentación y al mal aliño, traen enfermedades y epidemias que se ceban en la población.
La vida de los obreros en las fábricas y minas es extremadamente dura. La jornada de trabajo está en torno a las 12 horas, con un jornal de tres a cinco pesetas diarias (2 a 3 céntimos de euro). Estos jornales, a pesar de triplicar a los del campo, no llegan para mantener a una familia. Por eso, todos sus miembros, incluidos los niños, tienen que trabajar para pagar, entre otras cosas, el alto alquiler del cuartucho o del barracón donde los padres viven hacinados con los cinco hijos que tienen de promedio.
En poco tiempo, el país se puebla de órdenes religiosas, muchas de ellas venidas de otros países europeos, que abren colegios dedicados a impartir enseñanza primaria y secundaria, sobre todo a los hijos de la burguesía. Un grupo de catedráticos expulsados de la Universidad de Madrid por defender la libertad de cátedra, encabezados por Francisco Giner de los Ríos, funda la Institución Libre de Enseñanza, que tiene su sede en este edificio. Su objetivo es impartir una enseñanza no dogmática, bajo el principio de libertad y el cultivo de la ciencia, encaminada a formar a la élite necesaria para la modernización de España.
El cambio social más importante tiene lugar en España. Empieza a producirse desde los primeros años y se mantendrá hasta la década de los 70 el desplazamiento de la población desde el campo a las ciudades, huyendo de la miseria. El mundo rural permanece estático, atrapado en el pasado, pero las ciudades crecen y se transforman. Ni siquiera la reindustrialización del país permite que haya trabajo para todos. Miles de hombres y mujeres necesitan emigrar al extranjero en busca de un modo de vida. Durante el reinado de Alfonso XIII, 2 millones y medio de españoles emigran a Argentina, Uruguay, Chile y otros países de América.
Los sucesivos gobiernos han ido poco a poco poniendo en pie una legislación social destinada a paliar las malas condiciones de vida de la clase obrera. Se ha regulado el derecho a la huelga y se ha creado el Instituto Nacional de Previsión, origen de lo que serán las pensiones. Sin embargo, ni las empresas ni sus patronos cumplen esas leyes. Las condiciones de trabajo siguen siendo extremadamente duras y el nivel de vida de la clase obrera es crítico. Los conflictos y las huelgas son cada vez más frecuentes, promovida por los trabajadores textiles que reclaman libertad de asociación y una jornada laboral de 10 horas.
A finales de octubre, en pleno clima revolucionario, llega a Barcelona el anarquista italiano Giuseppe Fanelli. Es un propagandista de la Internacional Obrera que viene a establecer contacto con los obreros más activos de España para invitarles a formar parte de la Internacional. La Asociación Internacional de Trabajadores había sido fundada en 1864 en Londres y se extendió inmediatamente por varios países de Europa. Era la primera respuesta obrera unificada y coordinada contra la explotación laboral practicada por el capitalismo liberal. Nació con la voluntad de cumplir tres grandes objetivos: reforzar el sindicalismo de clase, consolidar la huelga como instrumento para lograr abolir la propiedad privada e implantar el socialismo. Dentro de esta Primera Internacional conviven dos tendencias: la anarquista y la marxista.
El 2 de mayo de 1879, en este salón de la Fonda Casa Labra de Madrid, se reúnen los 25 miembros fundadores del Partido Socialista Obrero Español: 16 tipógrafos, cuatro médicos, dos plateros, un doctor en ciencias, un marmolista y un zapatero. El tipógrafo Pablo Iglesias les ha convencido de la necesidad de pasar a la acción fundando un partido, el PSOE. Todos ellos pertenecen a una de las dos tendencias en que se ha dividido la Internacional Obrera: la marxista. La otra es la anarquista. En su programa fundacional, defienden la abolición de clases, la socialización de la propiedad y la ocupación del poder político por la clase trabajadora.
La liberalización política que lleva a cabo Sagasta durante su turno en el poder permite a los anarquistas, después de haber pasado varios años en la clandestinidad, celebrar en 1881 un congreso en Barcelona. En él, adoptan el nombre de Federación de Trabajadores. Dentro del movimiento anarquista existen entonces dos tendencias: la colectivista, partidaria de la acción sindical a través de una organización legal, y la revolucionaria, partidaria del sabotaje y de la acción directa. Los anarquistas cuentan en 1882 con casi 60.000 afiliados. Cataluña, Zaragoza, Valencia y, sobre todo, las zonas rurales de Andalucía son los lugares donde mayor implantación tiene.
Los jornaleros andaluces, ante su crítica situación y la ausencia de medidas sociales por parte de los gobiernos, se suman al anarquismo en busca de la única esperanza que les queda: la revolución libertaria. Los motines populares contra los propietarios de los cortijos empiezan a producirse en medio de un clima de agitación creciente. En 1882, son asesinados en Andalucía tres presuntos confidentes policiales. La Guardia Civil acusa del delito a una sociedad secreta anarquista: La Mano Negra. El proceso judicial contra La Mano Negra es el pretexto usado por el gobierno para desarticular las incipientes organizaciones anarquistas en España. Nunca se ha sabido quién estaba detrás de La Mano Negra.
Barcelona se dispone en 1888 a abrir las puertas de la primera Exposición Universal que se organiza en España. En la misma Exposición de Barcelona, los socialistas celebran su primer congreso y fundan su sindicato, la Unión General de Trabajadores (UGT). La UGT se encargará de llevar al mundo del trabajo las ideas socialistas y de hacer frente al creciente poder de los anarquistas. En 1890, los socialistas celebran por primera vez el Primero de Mayo. Popularmente es bautizada como la "Fiesta de Nuestra Señora de las 8 Horas", por ser esta la primera de las reivindicaciones laborales de las manifestaciones pacíficas que celebran en Madrid, Vizcaya y Barcelona, donde el socialismo tiene mayor implantación.
Cuando España entra en la última década del siglo XIX, nuestro régimen político está ya a la altura de los países avanzados de Europa. Con el Partido Liberal de Sagasta, se han hecho realidad las aspiraciones de la Revolución Democrática del 68: sufragio universal masculino, libertad de expresión en la prensa y en la universidad, libertad para asociarse y juicios con jurado. Pero quedan aún por resolver dos importantes problemas: el falseamiento de la voluntad popular a manos del caciquismo y las necesidades sociales de los más débiles del sistema.
Barcelona, 1893. Como cada año, la temporada de ópera en el Liceo se abre en noviembre. El año que está a punto de terminar ha sido especialmente trágico para los barceloneses. 14 bombas han estallado en la ciudad. El terrorismo revolucionario, minoritario de anarquistas partidarios del sabotaje y de la acción directa, practica en Europa como método de acción política, se ha instalado en Cataluña. Hasta este momento, el atentado más grave ha sido el frustrado intento de asesinato del Capitán General de Cataluña, General Martínez Campos. El autor, un anarquista detenido, juzgado y condenado a muerte, había anunciado una terrible venganza ante el pelotón de fusilamiento.
22 muertos y decenas de heridos. Esta es la venganza anunciada por el anarquista ejecutado. A partir de este momento, Barcelona es sometida a una espiral de violencia que acabará extendiéndose a toda España y que, a lo largo de los años, se cobrará la vida de varios generales. El país empieza entonces a poner nombre a un fenómeno que hasta ese instante desconocía: el terrorismo.
En 1910, los anarcosindicalistas fundan en Barcelona la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Se trata de un sindicalismo apolítico que, a través de la acción directa y de la huelga general revolucionaria, aspira a sustituir el régimen burgués por el ideal anarquista: el comunismo libertario.
En las elecciones de 1910, el Partido Socialista, que se presenta en coalición con los republicanos, consigue por primera vez un escaño en el Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias, fundador del PSOE, es el primer representante obrero que se sienta en las Cortes. No ha sido hasta el comienzo del siglo XX cuando el Estado ha empezado a ocuparse de la protección social. El gobierno acaba de aprobar la Ley de Protección a Mujeres y Niños, que entre otras cosas prohíbe que trabajen los menores de 10 años, pero los que sepan leer y escribir pueden trabajar desde los 9 años.
Agosto de 1897. El presidente de gobierno, Cánovas, es asesinado en el balneario de Mondragón, donde veranea. El autor es un anarquista italiano que actuó solo. Todavía hoy continúa siendo un enigma quién estuvo detrás del magnicidio. Algunas fuentes dicen que fue una venganza por la ejecución poco tiempo antes en Montjuïc de cinco anarquistas condenados por el atentado de la procesión del Corpus en Barcelona. También se ha especulado con la posibilidad de que interviniera alguna trama con intereses en la crisis de Cuba. El asesinato de Cánovas produjo un vuelco en la situación política española.
Antes de acabar la década, en 1919, comienza en Barcelona, promovida por la CNT, la que va a ser la huelga más emblemática de esta época: la de la empresa eléctrica La Canadiense.