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Para iniciar este buscar es importante saber que el derecho financiero es una rama del derecho público que se ocupa de ordenar los ingresos y los gastos públicos, normalmente previstos en el presupuesto general del estado. Regula la actividad financiera del estado y de los entes.
El derecho financiero regula los distintos ingresos que crecen y se destinan a las arcas de los entes públicos, entre los que podemos mencionar los ingresos tributarios. Conocido como los tributos, son los más importantes tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo.
El sistema tributario de Panamá es el conjunto de tributos que son exigidos por los distintos niveles de gobierno en Panamá. De acuerdo con lo establecido en la constitución, se distinguen dos subsistemas tributarios: el estatal y el local, y un régimen especial para la autoridad del canal de Panamá.
El estado y otras entidades públicas descentralizadas son los protagonistas del sector público no financiero, que tienen como objeto la ejecución de fondos públicos encaminados a satisfacer el bien común. Para realizar esos objetivos, el sistema necesita ingresos para financiar estos gastos públicos, y se obtienen a través de ingresos corrientes, tributarios, no tributarios y de ingresos de capital.
En Panamá, el marco legal y normativo que defiende el sistema tributario y fiscal está compuesto por leyes, decretos y normas emitidas a lo largo de la vida republicana, como son la constitución política de Panamá, el código fiscal que incluyen las leyes que regulan cada atributo, la ley del presupuesto general del estado, los reglamentos que desarrollan las leyes tributarias.
La actual estructura del sistema tributario en Panamá está compuesta por impuestos directos e indirectos. Estos ingresos tributarios, junto a los ingresos no tributarios, componen los ingresos corrientes, que a su vez conjuntamente con los ingresos de capital componen el presupuesto general del estado.
Panamá se rige por un principio territorial en cuanto a tributación, por lo que solo están sujetos a impuestos los ingresos generados dentro de nuestro territorio. El impuesto sobre la renta de las empresas está fijado en un 25 por ciento, y las personas naturales tributan en función de los tramos de ingresos. Además del impuesto sobre la renta, existen otros 13 impuestos y retenciones tanto directas como indirectas.
La recaudación es realizada por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, entidad con jurisdicción coactiva. Qué es la DGI y la DGI es la encargada de administrar el sistema tributario para recaudar impuestos, tasas, contribuciones y rentas a favor del tesoro nacional, combatir la evasión fiscal e interpretar las leyes tributarias.
Podemos decir también que tiene como funciones planificar, dirigir y administrar la gestión tributaria y fiscal en concordancia con las políticas y pautas trazadas por el órgano ejecutivo. Administrar los impuestos, tasas, contribuciones y rentas en lo que corresponde a recaudación, cobranza, investigación, fiscalización, determinación, aplicación de sanciones y resoluciones de recursos. También divulgar las normas de carácter tributario interno, impulsando acciones de promoción para el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
Se ha creado un tribunal administrativo dedicado a resolver disputas entre los contribuyentes y esta dirección. Se han creado varios regímenes especiales en el país para promover el comercio, la manufactura, las exportaciones, los hidrocarburos y las fuentes de energía alternativa, enfocados en deshacerse de ese estereotipo de paraíso fiscal. En los últimos años, Panamá ha firmado diversos acuerdos de intercambio de información tributaria y tratados de doble tributación, logrando salir exitosamente de la lista gris de la OCDE y posicionándose ventajosamente a medida que crece.
Para finalizar, puedo decir que el derecho financiero es fundamental para la gestión del estado. En primer lugar, regula los vínculos económicos del estado con terceros o entre sus distintas instituciones. Además, afecta directamente la composición del presupuesto nacional, así como la administración del patrimonio de la nación. Por ende, se trata de mucho más que un conjunto de normas administrativas, una herramienta jurídica necesaria para la idónea gestión pública de cualquier nación.