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Presentes. Hemos calificado este anuncio de trascendental, puesto que fija la posición que vamos a asumir de cara a hechos muy graves que han venido aconteciendo. El título de esta declaración es "Anuncio de desobediencia civil ante violación de nuestra dignidad nacional".
Primero, como es de su conocimiento y como es de conocimiento público, Abelardo de la Espriella tiene ciudadanía estadounidense. Para obtener esa ciudadanía, de la Espriella prestó juramento de nacionalización en este país, lo cual trae ineludiblemente compromisos y obligaciones que se hacen incompatibles, repito, se hacen incompatibles con el ejercicio de la función y la condición presidencial en Colombia. El juramento de ciudadanía de Estados Unidos, recordémoslo, establece una obligación de lealtad exclusiva al orden constitucional de ese país cuando exista un conflicto con otros órdenes constitucionales. Es decir, que ante cualquier conflicto entre la soberanía constitucional de nuestro país y la soberanía constitucional estadounidense, de la Espriella tendría que tomar partido por esta última.
Segundo, también es de conocimiento público que entre el año 2013 y 2019, Abelardo de la Espriella fue abogado y asesor legal de Alex Saab, acusado de lavado de activos en Estados Unidos. Durante ese periodo, su firma representó a Saab en distintos asuntos jurídicos. El propio de la Espriella ha reconocido esa representación y ha sostenido que se trató del ejercicio profesional de la defensa de un cliente, afirmando que todos los honorarios recibidos fueron legales y que su actuación fue estrictamente jurídica.
Tercero, no obstante, hay hechos que ponen en serias dudas estas afirmaciones. Hace algunos días, 11 congresistas del partido demócrata de los Estados Unidos, en un comunicado o comunicación dirigida al fiscal general de ese país y al secretario del tesoro estadounidense, señalaron que existe evidencia de que transacciones bancarias e inmobiliarias financiadas parcialmente por Alex Saab podrían beneficiar a De la Espriella y que es posible que los activos que el abogado posee en los Estados Unidos hayan sido adquiridos ilegalmente. Podemos seguir. Gracias. En la misiva afirmaron los congresistas demócratas: "Esto significa ingreso de fondos ilícitos a territorio estadounidense y otras denuncias creíbles sobre posibles conductas delictivas de De la Espriella". Esa es una citación de la carta. Y agregaron que esto justifica, vuelvo y cito: "un examen e investigación rigurosa por parte de nuestro gobierno". Cierro la cita.
Cuarto, De la Espriella ha dicho que contribuyó a acercamientos de Alex Saab con las autoridades de Estados Unidos para resolver su situación jurídica. El hecho de que Saab y al menos un socio de De la Espriella hayan sido procesados por la justicia de Estados Unidos, mientras que él no lo ha sido, amerita que se escudriñe cuál es la naturaleza de la colaboración de De la Espriella con las autoridades de Estados Unidos.
Quinto. Por otra parte, Abelardo de la Espriella ha sostenido un estrecho vínculo con el narcoparamilitar Jorge Luis Hernández Villazón, alias "Boliche", quien ha sido informante de las agencias federales de Estados Unidos. Sobre esta relación, el periodista Daniel Coronel ha establecido que el año pasado lo capturaron porque, según el FBI, junto con otros coconspiradores, ese es el término que se utiliza en la justicia de Estados Unidos, venía cobrando sumas astronómicas a delincuentes, prometiéndoles beneficios judiciales que no podía ofrecerles. Uno de los cómplices de alias "Boliche" es el socio de De la Espriella, Daniel Peña Redonda Gómez.
Sexto, es decir, que las autoridades estadounidenses deben aclarar si el señor Abelardo de la Espriella ha sido o es agente o colaborador de la DEA, de la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad de los Estados Unidos. Esa condición pondría en tela de juicio su idoneidad para ser jefe de Estado colombiano, garante de nuestra soberanía y, por supuesto, guardián de la Constitución Política. No se puede ser agente de la DEA o colaborador de la DEA y jefe de Estado en Colombia.
Séptimo. Estas circunstancias se suman a la abierta interferencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en nuestro proceso electoral, que él mismo, no nosotros, él mismo, afirmó fue definitiva para la elección de su candidato en Colombia el pasado 21 de julio de junio.
Octavo, la doble condición de presidente de Colombia, por una parte, y ciudadano estadounidense y posiblemente colaborador directo del gobierno y de las agencias de seguridad de Estados Unidos, por otra, puede multiplicar situaciones que, sin aún haberse posesionado, muestran la clara predisposición de De la Espriella de entregar nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial. Algunas situaciones ilustran desde ya este planteamiento y la forma en que esta arbitrariedad puede ser útil a intereses apátridas. De la Espriella, sin haber consultado este asunto con el Congreso de la República ni con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, anuncia que anexará a Colombia al llamado "Oscuro de las Américas", un mecanismo ambiguo que implica el alineamiento militar bajo las órdenes de Estados Unidos y sus objetivos geoestratégicos que no necesariamente son los mismos de nuestro país. Gracias. También a la gestión de De la Espriella y de sus colaboradores, en un acto de clara persecución política, que no se nos diga otra cosa, ha sido arrestado el creador de contenidos en redes sociales, Beto Coral, quien hoy ostenta la condición de preso político en Estados Unidos.
Noveno, De la Espriella ha enviado ya listados de decenas de compatriotas para que sean investigados por las autoridades judiciales estadounidenses y ha transmitido información oficialmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos, burlando abiertamente el imperio de la ley y de los tribunales colombianos en la potestad de investigar y juzgar a compatriotas que él considera arbitrariamente sus enemigos. Dichas arbitrariedades requieren un pronunciamiento claro y contundente de las Cortes colombianas y sus magistrados y magistradas, que deben defender el derecho a la soberanía judicial de nuestra nación. Y me dirijo ahora a los presidentes de todas las Cortes. ¿Están dispuestos a transigir con que la soberanía judicial de Colombia esté en cabeza del Departamento de Justicia de Estados Unidos?
Décimo, más grave aún, las autoridades judiciales de Estados Unidos deben explicar si es cierto que dos fiscales del distrito de Brooklyn, Nueva York, investigan actualmente al presidente Gustavo Petro Urrego. De la Espriella ha dicho que quiere extraditar a nuestro actual jefe de Estado.
Undécimo. Todo esto significa, y así lo anuncio de manera tajante y oficial, que sin que este conjunto de situaciones se aclare totalmente y sin que De la Espriella renuncie a su condición de ciudadano estadounidense, probablemente también de miembro de una agencia de seguridad estadounidense, no debería posesionarse como presidente de la República y que de hacerlo, su posesión estará viciada, sin lugar a dudas, de ser ilegal e ilegítima. Debe quedar totalmente claro y definido.
Primero, que De la Espriella renuncie a la nacionalidad de Estados Unidos y debe aclarar si es o no colaborador o miembro de agencias de seguridad estadounidense.
Segundo, debe respetar plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial.
Tercero, debe cesar toda persecución contra el presidente Gustavo Petro y desistir de cualquier intento por extraditarlo.
Y cuarto, debe cesar la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular la judicialización por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Duodécimo. Y conclusión: si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12,700,000 votos en la elección del pasado 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional. Que quede muy claro: desobediencia civil pacífica. Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza, a que hagan lo propio y a que, si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden, cualquier disposición o cualquier mandato de alguien que no responde a la condición de guardián y garante de nuestra Constitución Política. Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio o la opresión. Eso es lo que haremos, que no quepa duda, si De la Espriella toma el camino de violar nuestra dignidad nacional. Que lo escuche claramente y se lo tome muy, muy en serio.
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